La naturaleza del hombre y del Estado

Algunos liberales minarquistas blanden la naturaleza del hombre como razón apodíctica contra la viabilidad de una sociedad sin Estado. Arguyen que el anarco-capitalismo a lo sumo sólo sería factible si todos los hombres fueran “buenos” o “pacíficos” por naturaleza, pero puesto que no lo son el Estado es necesario para controlarlos y contener así sus querencias agresivas. Los anarquistas de mercado son de este modo acusados de obviar la importancia de la naturaleza humana o furtivamente equiparados con los comunistas que ansían forjar un hombre nuevo que sea compatible con su particular idea del paraíso en la tierra.

Lo cierto es, no obstante, que los anarco-capitalistas no pasan por alto la naturaleza humana ni apuestan en absoluto por reformarla. Tales críticas, que atacan un mero hombre de paja, provienen de un conocimiento superficial de las tesis sostenidas por aquellos unido, en ocasiones, al afán por desacreditar una postura que se rechaza sin ulterior análisis, casi instintivamente, como si la cuestión fuera auto-evidente.

Como dijera Hayek en relación con el liberalismo clásico, se trata de “un sistema social que no depende para su funcionamiento de que encontremos hombres buenos que lo dirijan, o de que todos los hombres devengan más buenos de lo que son ahora, sino que toma al hombre en su variedad y complejidad dada”. El anarco-capitalismo, como el minarquismo en los ámbitos en los que demanda la no-intervención del Estado, no se adhiere a ninguna concepción específica de la naturaleza del hombre, sino que la asume como algo dado, sea cual sea ésta. Proclama que la libertad plena, una sociedad de relaciones voluntarias-contractuales, la ausencia de agresión institucionalizada, es deseable sea la naturaleza humana vil, benigna o cualquier combinación de ambas.

El motivo por el cual los detractores tildan de ingenua esta postura es porque de algún modo presumen que una sociedad sin Estado es una sociedad indefensa frente a las tendencias criminosas de numerosos individuos. Pero el anarco-capitalismo propugna una sociedad sin Estado, no una sociedad sin ley y orden. No propone que la ley, los tribunales, los jueces, la policía, las prisiones, el ejército… desaparezcan, sino que sean privatizados, que los servicios de justicia y gendarmería sean comprados y vendidos libremente en el mercado, de modo que cada cual pague por aquello que quiere y la protección de las personas y sus propiedades deje de responder a intereses políticos y pase a ajustarse a los deseos de los consumidores. El por qué el hecho de que haya gente con inclinaciones agresivas exige que haya una sola “agencia de protección” con jurisdicción sobre un territorio en lugar de múltiples agencias compitiendo entre ellas en ese mismo territorio es algo que los críticos deberían explicar, porque en absoluto resulta auto-evidente.

Los delincuentes son (ineficientemente) reprimidos por el Estado pero, ¿ quién reprime al Estado, el más sistemático de los agresores? Lo que erróneamente achacan al anarco-capitalismo es, pues, lo que sucede con el Estado: nadie aplaca sus tendencias agresivas. En un escenario anarco-capitalista, sin embargo, las empresas de protección/justicia no sólo perseguirían a los (auténticos) delincuentes de forma más eficiente, sino que además se chequearían mutuamente. Si una agencia ofreciera un mal servicio o se volviera despótica de la noche a la mañana los clientes acudirían a la competencia y aquélla se quedaría sin fondos. Pero no podemos cambiar de “proveedor” si el Estado sube los impuestos o dispensa un mal servicio.

El argumento de la naturaleza humana puede parcialmente extrapolarse a otro nivel: si el Estado es necesario porque hay elementos sociales agresivos, ¿es necesario un gobierno mundial por el hecho de que hay Estados nacionales abiertamente tiránicos? Hoy al menos los Estados se “chequean entre ellos” en cierta medida (la gente aún puede elegir con los pies emigrando) ¿Pero quién chequearía al gobierno mundial? Y si es mejor tener muchos Estados que uno solo, ¿por qué no es mejor que haya múltiples agencias de protección en un territorio en lugar de una?

Por otro lado, el Estado lo conforman hombres, ¿por qué iban a ser los gobernantes menos malvados que los gobernados? ¿Por qué el supuesto de que el hombre es malvado por naturaleza es una razón para centralizar el poder en lugar de dispersarlo? Los individuos no pueden escapar al Estado, pero sí pueden escapar a la empresa de seguridad que se torna agresiva acudiendo a la competencia. La idea, no obstante, de que una empresa de seguridad se vuelva agresiva se les antoja a algunos demasiado insoportable, y en respuesta abogan por una institución que ya es agresiva per se, el Estado. La naturaleza humana, dicen, llevaría a que varios grupos (individuos, mafias, agencias…) agredieran a los individuos pacíficos, así que para protegernos de estos grupos debemos apelar a un “grupo” que ya agrede a los individuos pacíficos sistemáticamente. Extraña lógica.

El Estado, como canal socialmente legitimado para ejercer la coerción, sirve, además, de parapeto a aquellos que por naturaleza buscan imponer sus valores a toda la sociedad. No es casualidad tampoco que tiendan a ser los individuos más innobles los que alcanzan posiciones de autoridad. La política atrae a los ávidos de poder y la competencia electoral, contrariamente a la del mercado, premia a los demagogos y a los que seducen con engaños a la ciudadanía. En un escenario anarco-capitalista nadie podría ampararse en el Estado para camuflar sus inclinaciones dominadoras, de modo que se desincentivaría la agresión sistematizada. Nadie agrediría a terceros y osaría decir que lo ha hecho por el bien común o para proteger de otras agresiones a las víctimas.

Como señala el anarco-capitalista David Friedman, “una utopía que sólo fuera viable en una sociedad de santos es una visión peligrosa; no hay suficientes santos”. En este sentido el anarco-capitalismo no requiere más santos que el Estado mínimo, acaso menos. Sea cual sea la naturaleza del hombre, ésta no constituye una objeción a un sistema de ley policéntrica. Un libre mercado de servicio de protección, y no un monopolio de la fuerza agresivo en sí mismo, debe ser la respuesta a las querencias violentas de un segmento de la población.