Líbrame de mi pasado, esclaviza tu presente

Con la excusa de protegernos, nos imponen interferencias normativas que suponen una merma de los auténticos derechos y libertades de numerosas personas.

A los burócratas y políticos de todo signo les encanta promulgar supuestos derechos. En su afán de inmiscuirse en la vida de los ciudadanos, dicen protegernos o hacernos la vida más feliz. Con esta excusa, nos imponen interferencias normativas que suponen una merma de los auténticos derechos y libertades de numerosas personas.

Un buen ejemplo es el mal llamado «derecho al olvido». Este permitiría a una persona borrar el rastro de un pasado que le genera vergüenza o daña la imagen pública que se ha labrado, o ha pretendido labrarse, con posterioridad. Todo hombre (y toda mujer) es en buena medida esclavo de su pasado, pero los poderes públicos han decidido que esto no debe ser así. Y el efecto es que se esclaviza el presente de muchas otras personas.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea –¡los eurócratas con toga pueden llegar a ser tan peligrosos como los que usan corbata o camisetas moradas! – abrió la caja de los truenos con una sentencia que obligaba a Google a borrar los resultados que hacían referencia a unos hechos del pasado incómodos para un español. Algunos ya advertimos de los peligros que se corrían si el fallo daba la razón al demandante, tal y como al final ocurrió.

Como si quisieran darnos la razón, hay jueces españoles que están yendo incluso más allá. Se está utilizando el supuesto derecho al olvido, tal y como han alertado algunos abogados, como una auténtica herramienta de censura. Y, por supuesto, no falta quién está intentando sacar provecho de ello.

Un conocido abogado –nos da miedo hasta escribir su nombre, no nos vayamos a poner en el punto de mira de su acción denunciante– se ha lanzado a llevar ante los tribunales a periodistas y medios. Y lo hace por el hecho de que hayan recordado que en su día fue condenado por colaborar con el grupo terrorista ETA en el secuestro de un destacado industrial. Lo grave es que algún juez se está tomando en serio dar la razón al demandante.

Para que el condenado por colaboración con el terrorismo no sea esclavo de su pasado, se pretende esclavizar el presente de los periodista y todos aquellos que quieran recordar esos hechos. Hay una intención evidente de recortar la libertad de expresión y no permitir que se cite un episodio relevante de la vida de una figura pública. Si el conocido abogado se sale con la suya, se abrirá un peligro precedente que colocará en manos de jueces, y tal vez de políticos, una poderosísima arma de censura. Como en Rebelión en la granja, el borrado del pasado real por parte de las autoridades, sin posibilidad de réplica por los ciudadanos, será una triste realidad.

Si no se pone coto a esta interferencia jurídica en el ejercicio de la libertad de expresión, la cosa puede alcanzar dimensiones difícilmente concebibles para el común de los mortales en la actualidad. El «derecho al olvido» se ejerce hoy en día impidiendo que alguien enlace en internet a una noticia de hace años, o intentando que se proscriba hablar o escribir sobre la misma en los medios de comunicación. Pero puede ir más allá. Quien quiere borrar su pasado podría pretender que no se pudiera consultar en una hemeroteca (todavía existen) un periódico de hace varias décadas en el que se publicó la noticia. O incluso tendría la opción de reclamar que se retiraran de librerías y bibliotecas libros donde se hable de aquellos hechos.

Algún burócrata, con corbata o camiseta, o tal vez con toga, podría verse tentado a dar la razón a quien pretenda que se tomen esas medidas. Al fin y al cabo, todos los partidos tienen en sus filas muchos personajes con un pasado que les gustaría ocultar, y tampoco escasean jueces con ganas de echar una mano a los políticos. No faltará alguien dispuesto a proclamar: «líbrame de mi pasado, esclaviza tu presente».