Basta con un caso aislado de abusos en una determinada área (o con varios, pero protagonizados siempre por la misma persona o empresa) para que surjan voces reclamando la intervención del Estado sobre la totalidad del sector privado en cuestión. Y da igual donde ocurra. Los hechos ilícitos, o incluso simplemente inmorales, ocurridos más allá de unas fronteras sirven para que haya quien reclame la intervención estatal como si el asunto no hubiera ocurrido en el extranjero. La excusa es que lo que pasa fuera puede llegar a tener lugar dentro, o que está ocurriendo pero los ciudadanos no lo ven. Este tipo de actitudes son muy valiosas para los políticos, que pueden agarrarse a ellas diciendo que son iniciativas provenientes de la sociedad civil, para tomar iniciativas que recorten la libertad.
Esto último es lo que puede ocurrir con la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP). Agarrándose al escándalo de las escuchas ilegales realizadas por The News of The World, han exigido que se creen en España "órganos de corregulación" destinados a establecer el "control democrático de los medios de comunicación". Por mucho que lo intenten disfrazar con bonitas palabras, lo que pretenden es imponer un modelo de mordaza bolivariana que termine con cualquier atisbo de independencia de los medios de comunicación.
Por si quedan dudas, a los miembros de estos órganos los nombrarían: organizaciones de periodistas (asociaciones, colegios y sindicatos; todos ellos politizados), organizaciones de empresas de medios (como si alguien creyese en la independencia de cualquier sindicato de empresarios español), asociaciones de usuarios (aplíquese lo que se ha dicho de los anteriores), universidades (¿existe algo con mayor control político en España?) y dos "técnicos" nombrados directamente por el Gobierno, uno representando al Ministerio del Interior y otro a la Judicatura. Eso sí, desde la FeSP tienen a bien informarnos de que estos dos últimos no tendrán carácter político. ¿Inocencia o caradura?
Esta misma pregunta es lo que hay que plantearse ante la afirmación del secretario general de la FeSP de que la politización de estos "órganos de autocontrol" se evitaría "por la idoneidad de las personas y la decencia de las organizadores. No hay otra forma de garantizarla". Olvida que hay una mucho más simple que confiar en lo que no merece confianza: la no existencia de dichas instituciones de control de la prensa.
Lejos de defender la independencia de los medios de comunicación, los sindicatos de periodistas quieren someterles a un constante control político. Como no pueden exigirlo de forma tan descarada, hablan de ética y de "control democrático de los medios". No debemos olvidar que este último argumento es el usado por gobiernos como los de Hugo Chávez, Rafael Correa o Cristina Fernández de Kirchner para cerrar emisoras de radio y televisión (o, en algunos casos, al menos intentarlo) y tratar de acallar a los periódicos críticos con ellos.
Quien debe controlar los medios no son otros que sus dueños, que son quienes poseen el derecho de propiedad sobre ellos. El derecho a la información de resto de los ciudadanos no incluye controlar a quienes la proporciona, y menos aún que otros lo hagan en su nombre, pues al final de esta manera se coarta la libertad de expresión de los periodistas y la propiedad de los empresarios.
Otra cosa es que, como ha ocurrido con The News of the World, se violen leyes y derechos de terceros que nada tienen que ver con la libertad de expresión. Ahí deben actuar los tribunales de justicia, pero sólo por los delitos cometidos, no para someter a los medios a un control político.
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