La libertad de expresión es un "bien" cada vez más escaso en los países bajo el mandato de presidentes adscritos al denominado Socialismo del Siglo XXI, así como en aquellos que están gobernados por políticos cercanos a ellos. Aunque el proceso comenzó hace ya tiempo, en determinados momentos se acelera el desmantelamiento de dicha libertad o vemos episodios que anuncian que esto va a ocurrir.
Aunque menos conocido fuera de sus fronteras que el Aló, presidente de Hugo Chávez, Rafael Correa tiene su propio programa televisivo creado a imagen y semejanza del protagonizado por el venezolano. Y fue en una emisión de este espacio, llamado Enlace ciudadano, donde el mandatario ecuatoriano se dedicó a arremeter contra los medios de comunicación privados que no le son afines y realizó dos afirmaciones sumamente preocupantes para la libertad de expresión. Por una parte, propuso que aquellos periodistas que proporcionaran informaciones erróneas pudieran ser sancionados. Por otra, anunció que va a actuar para tratar de impedir por ley que los medios de comunicación "puedan decidir qué información emiten o no".
Correa pide la sanción por equivocarse para los que él llama "periodistas mala fe". El problema es cómo se decide si es un mero error involuntario o una tergiversación consciente. Como es prácticamente imposible saberlo, la discrecionalidad a la hora de imponer castigos sería absoluta. Y aunque no fuera así, esto no es admisible. Ni tan siquiera la mentira en los medios debería ser punible. El mal que causa cualquier restricción a la libertad de expresión es siempre mayor que aquel que pretende evitar.
Pero más tremendo aún es negar el derecho a decidir qué información se emite o no. Esto incluye censura, por supuesto, pero tiene consecuencias más novedosas y crea una inseguridad aún mayor. Un medio o un periodista sería castigado no sólo por informar sobre algo de lo que está prohibido hacerlo. Podría ser sancionado por no informar sobre algo en concreto, con independencia de que lo valorara como algo poco importante o quisiera silenciarlo por otro motivo. La discrecionalidad del poder en este caso sería absoluta y se convertiría en una permanente espada de Damocles sobre la cabeza de los periodistas.
Más estrambótico que Correa, Evo Morales también ha hecho unas declaraciones que hacen temer un nuevo retroceso de la libertad de expresión en Bolivia. Fiel a su estilo, lo ha hecho de manera que puede hacer dudar sobre su capacidad intelectual. El presidente boliviano ha dicho: "Yo estoy seguro en un 60-70 por ciento, si hay divorcio, es por culpa de las novelas" (televisivas). Para rematar, ha añadido que "por culpa de las novelas, hombres y mujeres nos ponemos los cuernos".
Más allá de lo poco ortodoxo en las formas, esto hace temer un incremento del control político sobre los contenidos televisivos. Máxime cuando, acto seguido, propuso que los medios eliminen "las películas de violencia, de terrorismo, que traen problemas a las familias" y que, además, emitan "de forma gratuita" mensajes educativos. Esto último significa, no nos engañemos, la obligación de emitir contenidos impuestos por el estado para el adoctrinamiento de los ciudadanos.
Son sólo dos ejemplos del retroceso permanente de la libertad de expresión, y cualquier otra libertad, en los países del eje bolivariano o con gobiernos cercanos a ese grupo. Incluso en España, donde el Gobierno sigue adelante con su plan de crear un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Este, nombrado por el Parlamento, tendría capacidad de sancionar a los medios por múltiples motivos sin tan siquiera tener que presentar el caso ante un juez. Todo, eso sí, en nombre de la defensa del pluralismo y la verdad.
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