Por Harrison Griffiths. Este artículo ha sido publicado originalmente en el IEA.
El aumento de los índices de delincuencia siempre es motivo de preocupación, pero los patéticamente bajos índices de resolución de delitos del Reino Unido están haciendo que sea imposible ignorar el problema. Cualquiera que viva en Londres conocerá muchos casos de robo de teléfonos o bicicletas en los que la Policía ha hecho muy poco por recuperar los objetos robados, por no hablar de procesar a los responsables. De hecho, sólo el 1,7% de los casos de robo de bicicletas denunciados acaban en juicio.
El robo de bicicletas es sólo una prueba de que los delitos contra la propiedad se han despenalizado en el Reino Unido. En 2021, más de un millón de robos y hurtos quedaron sin resolver. Las propiedades de los ciudadanos son, al parecer, bienes inmuebles gratuitos para los delincuentes.
La delincuencia violenta y los delitos contra la propiedad tienen efectos negativos claramente probados que van más allá de la victimización de personas inocentes. La alta criminalidad erosiona la confianza social, disuade a la gente de la actividad económica nocturna, obliga a la gente a gastar dinero que de otro modo no gastaría en arreglar y reparar propiedades dañadas o en mudarse fuera de las zonas de alta criminalidad.
Un enfoque liberal
La lucha contra la delincuencia no tiene nada de antiliberal: cumple con nuestra responsabilidad moral de defender a los inocentes de la violencia y es un componente esencial de una economía fuerte.
Lo primero que debe subrayar un enfoque liberal de la justicia penal es que la policía sólo debe ocuparse de las amenazas a la vida, la libertad y la propiedad. Una vez que la policía empieza a perseguir delitos sin víctimas, se convierte en su propio cártel violento y perjudicial. Esto significa despenalizar la posesión y venta de drogas y poner fin a las restricciones gubernamentales a la libertad de expresión, por ejemplo.
Esto no sólo es moralmente correcto, sino que también puede tener un efecto positivo en la persecución de otros delitos. Hay un coste de oportunidad para cada agente de policía que se sienta en un escritorio a vigilar Internet en busca de tuits «gravemente ofensivos» cuando podría estar patrullando las calles o resolviendo un delito. De hecho, reducir el exceso de celo en la vigilancia de la libertad de expresión por motivos políticos puede ser una forma de restablecer la confianza de los ciudadanos en la policía, que ha creado una especie de «anarco-tiranía» en la que se investiga sin piedad a la gente por su libertad de expresión pacífica, mientras que a los ladrones se les permite campar a sus anchas impunemente.
Más patrullas en la calle
Así pues, una vez que las fuerzas del orden se centran en hacer cumplir las leyes adecuadas, la función primordial de la policía debería ser la protección contra la delincuencia y minimizar el coste para cada víctima.
Lo primero que habría que hacer para solucionar este problema es volver a poner más agentes en las calles. Una de las únicas formas en que la policía puede disuadir de la delincuencia es mediante la visibilidad. Una revisión sistemática de los datos demostró que el 80% de los estudios concluían que el aumento de las patrullas policiales en zonas de alta criminalidad reducía la actividad delictiva en comparación con otros lugares de alta criminalidad. Un estudio constató una reducción del 31% de los delitos contra la propiedad en los puntos conflictivos patrullados por coches señalizados.
Las patrullas constantes también aumentan la disponibilidad de la policía para responder a las llamadas de delincuencia. Incluso, las llamadas de «prioridad uno» tardaron un promedio de 16,5 minutos para que la policía llegara a las escenas del crimen en 2022, un aumento del 9% en comparación con 2018.
La legítima defensa
Dado que los tiempos de respuesta a menudo significan la diferencia entre el éxito o el fracaso para los delincuentes, no hay excusa para no permitir que las personas recuperen un mayor control de su propia protección. El régimen legal actual en torno a la legítima defensa hace muy poco para proteger a quienes actúan en legítima defensa, esperando que las víctimas sopesen todo un conjunto de pruebas de equilibrio legal antes de actuar para defenderse a sí mismos y a su propiedad de los delincuentes.
Esto debería modificarse para dar seguridad a las víctimas de delitos de que habrá un listón legal excesivamente alto necesario para procesarlas por acciones en defensa propia.
Seguridad privada
Las empresas de seguridad privada deberían tener los mismos derechos legales que la policía a la hora de detener a delincuentes para defender la propiedad de las personas, y el gobierno debería considerar la posibilidad de relajar las restricciones a la tenencia de determinadas armas controladas en la propiedad de las personas.
Una vez que se ha cometido un delito, no debería cuestionarse que todas y cada una de las acusaciones de delito se investiguen en la medida en que las pruebas lo permitan. Una vez más, el sector privado tiene un papel que desempeñar. Debería permitirse a los particulares contratar detectives privados para investigar los delitos, y esos investigadores privados deberían tener el mismo acceso a los jueces para obtener órdenes de registro y pruebas. Si la policía no puede ofrecer investigaciones adecuadas, entonces el gobierno debería proporcionar a las víctimas un vale para encontrar una entidad privada que pueda hacerlo.
Contención y restitución
Una vez que se acusa a un delincuente y se le declara culpable, las penas no deberían centrarse en el castigo o la disuasión -ninguno de los cuales es especialmente eficaz para reducir la delincuencia-, sino en la contención y la restitución. Un enfoque basado en la restitución daría a las víctimas un papel más activo en la administración de justicia. Deberían poder exigir transferencias monetarias o de bienes a su agresor para ayudar a mitigar el impacto del delito. El valor de la transferencia y el plazo en que debe pagarse deberían ser decididos por jueces y jurados.
Sin embargo, hay muchos casos de delincuencia en los que la sociedad en general tiene interés en que los autores no vuelvan a delinquir. De hecho, la «ley del poder de la delincuencia» nos dice que la mayoría de los delitos son cometidos por un pequeño número de reincidentes. Un estudio de 30 años sobre la delincuencia en Suecia estimó que el 1% de la población comete el 63% de todos los delitos violentos. En Estados Unidos y el Reino Unido, una clara mayoría de las condenas recaen en personas con antecedentes penales.
Prioridades
La simple contención de este pequeño segmento de la población que en su inmensa mayoría comete delitos violentos debería ser la prioridad del sistema de justicia penal. Las penas impuestas a quienes tienen una o dos condenas previas deberían ser mucho más largas que las impuestas a quienes son condenados por primera vez por delitos similares. Las prisiones deben ser perfectamente humanas, con diversas oportunidades de superación y rehabilitación para quienes deseen dar un giro a su vida mientras están en prisión.
El centro de nuestros esfuerzos en materia de justicia penal debe ser capacitar a la policía y a las personas para defender a las víctimas contra los actos delictivos y aumentar nuestra capacidad para perseguirlos con éxito después de los hechos. Una vez que los delincuentes son declarados culpables de delitos, las víctimas deben tener voz para exigir indemnizaciones que les ayuden a reconducir sus vidas, y los delincuentes reincidentes deben ser separados humanamente de la sociedad para garantizar que los inocentes no vuelvan a ser aterrorizados por los agresores en el futuro.
Ver también
Delincuencia e ideología, un cócktail peligroso. (Alberto Illán Oviedo).
La pícara alcaldesa respetuosa con la delincuencia. (María Blanco).
Los pobres son pobres, no delincuentes. (Pablo Molina).
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