Y llevarlos a las tinieblas. Reaparece el proyecto de ley del Estatuto del Periodista. Retornando a los tiempos en los que gobernaba España un general gallego llamado Francisco Franco, una norma jurídica pretende entre otras cosas decir quién es periodista y quién no lo es. No es una cuestión menor, puesto que para poder ocupar ciertos puestos en los medios de comunicación será obligatorio estar reconocido como tal por el Estado o por aquellas organizaciones a las que el Estado les otorgue la potestad de hacerlo.
Y por supuesto, como ocurría en aquellos años de dictadura, el carné de periodista podrá ser retirado a aquel que no se comporte como un "chico bueno". Parece ser que los propulsores del estatuto de marras quieren copiar la Ley de Prensa e Imprenta de 1966, derogada en algunos de sus aspectos pero vigente en otros. Cierto es que la conocida como "Ley Fraga" (por ese otro gallego de nombre Manuel que hoy va de reformista de la derecha y que por aquel entonces era el ministro de Información y Turismo que impulsó la norma) en su momento pudo ser un avance por eliminar la censura previa, pero contiene aspectos que supondrían un serio paso atrás para la libertad en una democracia.
Y son precisamente algunos de estos aspectos los que están presentes en el Estatuto cuya tramitación parlamentaria llevaba varios años congelada y que ahora parece comienza de nuevo a caminar. Uno de ellos es el ya citado reconocimiento oficial como periodista para poder ejercer ciertas funciones. Es posible que tal poder se la vaya a otorgar, como durante la dictadura, a las asociaciones de la prensa. Eso explicaría que el mismo presidente de la organización de Madrid, Fernando González Urbaneja, que en 2004 dijera que el proyecto de Estatuto era un disparate e inadmisible por devolvernos al franquismo, actualmente que también ocupa la presidencia de la Federación de Asociaciones de la Prensa no lo vea tan mal.
También en aquel entonces se establecía entre las limitaciones a la libertad de expresión faltar a la "verdad" o a la "moral". El Estatuto que quieren imponer desde IU, ERC, PSOE, sindicatos de periodistas, Colegio de Periodistas de Cataluña y alguno más utiliza otras palabras para decir lo mismo. Se sancionarán las faltas de deontológicas. Es incluso peor, pues por aquel entonces quien juzgaba y sancionaba eran los tribunales, mientras que ahora pretenden que sea un nuevo órgano no judicial llamado Consejo de la Información Estatal, junto al que existirían otros autonómicos con iguales competencias en su ámbito territorial.
Ese Estatuto del Periodista que nos puede caer a los españoles (sus víctimas directas serían los profesionales de los medios, pero sus efectos perjudicarían a todos los ciudadanos) puede se un terrible paso atrás para la libertad. Conjuga lo peor de ese corporativismo profesional que no es otra cosa que una actualización de los gremios medievales con el control de los medios y, por tanto, de la información y la opinión.
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