El abaratamiento del despido y el fomento de la contratación, lejos de estar enfrentados, son dos caras de la misma moneda: abaratar el despido fomenta la contratación. Es una simple cuestión de oferta y demanda: si el precio de un determinado bien sube, se demanda menos de ese bien; si el precio de un determinado se abarata, se demanda más.
El trabajo es como cualquier otro bien a efectos económicos: tiene un precio, y tiene una demanda. Su precio incluye los costes de las regulaciones estatales como la prohibición del despido libre o las cotizaciones a la Seguridad Social. Si las regulaciones aumentan el precio del trabajo sube en el margen y se demandan menos trabajadores. Si las regulaciones disminuyen el precio del trabajo cae en el margen y se demanda más fuerza de trabajo. Incentivar la contratación sin reducir su precio, o incluso aumentándolo, tiene tanto sentido como intentar vender más naranjas sin bajar el precio.
Estar a favor del despido libre no significa estar a favor de que pueda despedirse a cualquier trabajador sin indemnización por el motivo que sea, sino estar a favor de que esta opción pueda ser pactada voluntariamente por las partes. Algunos creen que la prohibición del despido libre, con independencia del efecto que tiene sobre la contratación de otros potenciales trabajadores, es una medida paternalista que beneficia al menos al trabajador contratado. Éste tiene una plaza más segura y los empresarios cargan con el coste de proveerla. Pero la restricción de la libertad siempre pasa factura.
El "blindaje" del puesto de trabajo en realidad lo sufraga el trabajador en forma de minoración del salario. Si el empresario está obligado a asumir el riesgo de tener que indemnizarle por despido (o quedárselo sin que le sea útil), le pagará un salario más bajo del que le hubiera ofrecido si no tuviera que financiar ese "coste extraordinario".
Es importante entender que las regulaciones laborales son costes que el empresario incluye bajo la rúbrica "costes laborales" lo mismo que el salario. Si la indemnización por despido dejara de imponerse, el trabajador o bien la pactaría en el mercado o vería su salario aumentado, dependiendo de su preferencia.
Veamos un ejemplo numérico simplificado: una empresa está dispuesta a pagar 18 unidades monetarias por un determinado trabajador, esto es, 10 unidades monetarias por el salario más 8 por los demás costes laborales (producto de las regulaciones). El empresario pagaría un precio total de 10 + 8 (18), aunque el trabajador sólo percibiera directamente 10. Si varias empresas pueden permitirse 10 + 8 pero no 11 + 8 (pues los empresarios estiman que la contribución del trabajador no es superior a 18), entonces 10 + 8 (18) será su máxima oferta o el precio de mercado al que tenderán todas las ofertas de estas empresas. Si una empresa ofrece 9 + 8 a un candidato, éste escogerá a un competidor que le ofrezca 10 + 8 (y el competidor tiene incentivos para ofrecer 10 + 8 porque a ese precio aún le sale a cuenta contratar al trabajador).
Si las regulaciones laborales son abolidas el empresario no ofrecerá sólo 10 al trabajador, acabará ofreciendo un salario de 18 equivalente a 10 + 8, pues 18 era el precio de mercado, no 10. Si una empresa ofrece sólo 10, otra empresa tiene incentivos para ofrecer 11 (y sacar un beneficio extraordinario de 18-11). Si una compañía ofrece sólo 11, otra tiene incentivos para ofrecer 12, y así sucesivamente hasta 18, cuando ninguna empresa tiene incentivos para ofrecer más porque le resultaría demasiado costoso. Nótese que a la compañía le da igual pagar esos 18 en salarios o en otra clase de prestaciones o beneficios (fondo de pensiones, sanidad privada, vacaciones pagadas, indemnizaciones por despidos etc.). De hecho tenderá a ofrecer los 18 en la forma en que los trabajadores lo demanden para atraerlos e impedir que los contrate la competencia.
Corbacho dijo también que si la patronal insiste en que hay que abaratar los costes del despido ello "puede afectar al diálogo social". Pero lo que sin duda va a afectar al "diálogo social" y amenaza con afectar también la estabilidad social son los casi 4 millones de parados, y creciendo, que la crisis y la rigidez del mercado laboral español se están cobrando en España.
