Pero dejando este detalle al margen, el debate sobre el déficit fiscal y la solidaridad territorial revela la incoherencia (o la hipocresía) de casi todos los contendientes: por un lado, de los nacionalistas izquierdistas como ERC o el PSC y los liberales nacionalistas como Sala-i-Martín y otros libergentes que utilizan el déficit fiscal como ariete, y por otro lado, de los liberales populares que invocan la solidaridad territorial entre las comunidades autónomas.
Cataluña, para empezar, no padece ningún déficil fiscal. Tampoco Madrid. Ninguna de las dos comunidades "trabaja" y "paga impuestos" como tal, lo hacen los catalanes y los madrileños. Algunos ciudadanos y familias tienen déficits fiscales y otros superávits fiscales. Los contribuyentes netos, aquellos que reciben del Estado (en forma de servicios o subsidios) menos de lo que aportan en impuestos, tienen un déficit fiscal con respecto al Estado que les sitúa en la misma posición que Cataluña vis a vis el gobierno central. Si es una injusticia que Cataluña pague más en impuestos de lo que recibe en gasto, ¿por qué no es una injusticia que un catalán particular pague más en impuestos de lo que recibe en servicios? Llaman expolio al hecho de que un Gobierno central gestione los impuestos de Cataluña y arguyen que debería ser la Generalitat la encargada de administrarlos. Pero siguiendo este principio, ¿no estaría expoliando la Generalitat a las familias catalanas? ¿No debería cada individuo gestionar sus propios ingresos, que por algo son suyos?
El argumento del déficit fiscal, llevado a sus últimas consecuencias, pone en cuestión el concepto de la progresividad fiscal y los impuestos en sí mismos. Si tanto molesta a los nacionalistas de izquierda que el dinero de Cataluña vaya a parar a Andalucía, ¿con qué autoridad moral exigen que unas personas paguen un tipo impositivo marginal más alto? La insistencia de los nacionalistas liberales en el déficit fiscal de la "nación", en lugar de aludir al déficit fiscal de las familias e individuos, hace sospechar que no les importa tanto la reducción del gasto público y el poder del Estado como quién o dónde lo gestiona.
En el lado de los españolistas liberales a menudo también se observan contradicciones. En oposición a los anhelos nacionalistas de una mayor autonomía y las protestas por el déficit fiscal, blanden la carta de la "solidaridad territorial". Es de justicia, dicen, que las comunidades más ricas sean "solidarias" con las más pobres. Pero de nuevo, la regiones no son solidarias, lo son las personas, y la solidaridad no se practica con dinero ajeno sino con el propio. Un liberal debería desechar esta retórica redistribucionista y defender que cada individuo ayude voluntariamente a quien quiera. Corresponde a cada catalán decidir si quiere dar caridad a Andalucía.
Quienes apelan a la solidaridad territorial asumen, además, que los subsidios a los gobiernos de Andalucía o Extremadura benefician a estas comunidades. En realidad son un lastre para su crecimiento económico, al dotar de fondos adicionales a unas administraciones anquilosadas que deberían adelgazar y poner menos trabas al sector privado. No olvidemos las enseñanzas de Peter Bauer y otros economistas del desarrollo: la ayuda externa a los gobiernos de países pobres no contribuye a su progreso, sólo sirve para agrandar el Estado y asfixiar el mercado. La "ayuda externa" a las comunidades autonómas tiene el mismo efecto.
En esta línea sí hay una buena razón para profundizar en la descentralización fiscal autonómica: favorecería la competencia entre administraciones y el "voto con los pies" de empresas y trabajadores. Si la Junta de Andalucía agobia a las empresas y ciudadanos con impuestos y regulaciones, y no recibe ningún rescate de las comunidades ricas, se hundirá económicamente y sufrirá un éxodo que la empujará a reaccionar. Si la Comunidad de Madrid reduce impuestos y regulaciones atraerá empresas, inversiones y trabajadores de otras regiones, y las que quieran emular su pujanza tendrán que emplear la misma receta. La competencia es buena en el ámbito institucional: permite ver qué modelos funcionan mejor, y aumenta el abanico de opciones de la gente.
Que la descentralización fiscal en la práctica sea ventajosa no significa que la Generalitat tenga más derecho que el Gobierno central a expoliar a los catalanes. Desde el liberalismo lo que cuenta es la soberanía y el autogobierno individual, no la soberanía nacional. Luego no basta con oponerse al déficit fiscal y al expolio de las regiones, hay que oponerse al déficit fiscal y a la confiscación individual.
