La zona euro comienza a tener graves problemas ante la posibilidad real de que los países periféricos entren en bancarrota. Grecia, Irlanda y España están ya en el punto de mira.
El pasado abril ya avanzábamos que el Estado, al igual que cualquier empresa, también puede entrar en suspensión de pagos (default). En especial, tras la llegada de una gran crisis financiera como la actual. Así, durante las últimas cinco grandes crisis económicas de la historia moderna un porcentaje muy elevado de países –entre el 30% y el 50% de 66 casos examinados– no pudieron afrontar el pago de sus deudas soberanas.
La situación actual no es muy diferente. No obstante, estamos sufriendo la peor situación económica desde la Gran Depresión de los años 30. Tras la quiebra técnica de Dubai, la amenaza se extiende ahora a los países más débiles de la zona euro, los conocidos PIGS (Portugal, Italia, Grecia y España), así como a los mercados emergentes de Europa del Este.
Esta peligrosa situación ha sido creada, una vez más, por la intervención política. Desde hace meses, el Gobierno socialista se viene vanagloriando de su política de despilfarro público a base de Planes E de todo tipo con la falsa ilusión de que el poder público reactivará la economía, cuando es justo lo contrario.
Si el problema de España es la falta de ahorro y el exceso de deuda, el Gobierno ha tirado de más deuda para apagar el incendio, y es ahora cuando comienza a atisbarse la factura. La pregunta es… ¿quién la pagará? Respuesta: los contribuyentes y los hijos de los contribuyentes. Pero, ¿y si es tan abultada que no se puede pagar? Pues entonces será cuando los acreedores (Alemania y Francia) tomarán cartas en el asunto y, al igual que una empresa en suspensión de pagos, impondrá un duro plan de reestructuración o liquidación de activos para tratar de recuperar lo que pueda.
Es decir, ya sea el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Comisión Europea (CE), tomarán el control de la compañía para hacer lo que su actual gestor (Zapatero) es incapaz de realizar: el mayor recorte de gasto público de la historia reciente del país y, posiblemente, nuevas subidas fiscales para cuadrar las cuentas e ir amortizando deuda poco a poco.
Hoy por hoy, a falta de un cambio radical de rumbo, es muy improbable que el actual Gobierno sea capaz de poner en marcha un duro, pero más que necesario y sano, plan de austeridad presupuestaria que elimine partidas enteras de gasto, recorte salarios a funcionarios, borre ministerios y rebaje drásticamente prestaciones y subsidios. Y es que ante un escenario de este estilo, los sindicatos, ahora callados y sumisos, no tardarían ni un minuto en tomar las calles, con el consiguiente conflicto social que ello implicaría. El sector público se paralizaría.
Algo similar pasó en Argentina, y hoy acontece en Grecia. Entonces, el Gobierno argentino no aguantó la presión y finalmente los ciudadanos sufrieron un corralito financiero y una intensa devaluación monetaria (pérdida de poder adquisitivo) que acabó por desembocar en el actual populismo político de los Kirchner.
Por suerte, es muy posible que ante la llegada cada vez más plausible del peor escenario para España, la CE (léase el Bundesbank alemán) saldrá al rescate mediante la intervención de la cuentas públicas españolas. Lo único cierto es que, de seguir por esta senda imparable de despilfarro público, tras Grecia, sin duda, vendrá España.
