Echemos un vistazo a cómo estamos. La tasa de temporalidad sigue por las nubes en España, llegando al 30% de los asalariados. Esto significa que el mundo está cambiando, nos guste o no. Ya no existe un trabajo para toda la vida. El Gobierno de Zapatero ha intentado oponerse a esta tendencia con su fomento del empleo estable, y aunque en parte ha conseguido lo que quería, al menos en apariencia, también ha logrado que aumenten los falsos despidos; la rotación de trabajo de una persona cada vez es mayor y se está acelerando. Toda esta amalgama de regulaciones nos cuesta más de 1.000 millones de euros al mes en prestaciones económicas. Curiosamente, el empleo ha crecido, pero el gasto del Gobierno para mantener los empleos –que pagamos nosotros de nuestro bolsillo– también. De hecho, ha subido un 4% en términos anuales. Expresado de otra forma, estamos financiando el empleo rotativo de otros con nuestro dinero.
Todo esto genera una contradicción en las mentes socialistas que siempre han creído que el empleo es el primer motor de la economía. El nivel de productividad del país, pese a la generación de empleo, baja día a día, lo que ha provocado reproches incluso desde Europa. El salario real medio ha descendido un 4% en los últimos 10 años y somos el único país de la OCDE que hemos retrocedido en términos de poder adquisitivo. Mientras tanto, el Estado ha obtenido un superávit de 14.359 millones en lo que va de año, el 1,38% del PIB.
Sin duda, el método socialista no es el camino. La clave para salir de esta desgracia se llama liberalización de la economía, pero no la que propone el PP, que es igual o más socialista que la del PSOE. Necesitamos medidas realistas con el mundo que nos envuelve y no políticamente correctas.
Para empezar, hay demasiada regulación. Para crear una empresa en España necesitamos el doble de tiempo que la media de nuestros países competidores y tenemos una rigidez laboral tres veces superior a la media de países industrializados. La burocracia ha de ser eliminada: sobran funcionarios, sobran trámites y, muy especialmente, sobran impuestos.
Si queremos que nuestro país salga del poco prestigioso ranking de jóvenes con mayor desempleo de la UE, el salario mínimo interprofesional (SMI) ha de ser abolido. El SMI es un coste para las empresas que sólo sufren los menos capacitados laboralmente, como los jóvenes que nunca han trabajado antes. A un alto directivo le da igual el SMI, porque su sueldo está muy por encima de ese valor. La única forma que un universitario entre en el mercado laboral es mediante un salario bajo a partir del cual poder ganar experiencia y prosperar. Si el Gobierno se lo prohíbe, muchos jóvenes se verán excluidos de entrar en el mercado de trabajo. Gran parte de los jóvenes deben su desempleo al Estado.
El Gobierno ha de meterse en la cabeza que él no es capaz de generar riqueza ni valor añadido. Cuando lo intenta, pasa lo que hemos visto. La gente necesita aumentar sus ahorros, capacidad de inversión y compra. Para eso es necesario reducir de forma valiente, o eliminar, todos los impuestos directos como el de Sociedades o IRPF. Para crear un negocio no sólo es necesario una buena idea y muchas ganas; también es imprescindible el dinero. Si quien lo tiene es el Estado, la empresa no saldrá adelante y nuestra pobreza aumentará. No es una premonición futurista, es lo que está pasando ahora mismo: el Estado obtiene superávit y nosotros perdemos capacidad de compra. En definitiva, sólo hay una solución para tener un buen porvenir, y es que el Gobierno nos lo deje construir a nosotros y se aparte de nuestra economía y vidas.
