Muchos de los expresidentes que están siendo investigados gobernaron durante las dos últimas décadas del siglo pasado.
La cifra es contundente: 19 expresidentes latinoamericanos, de los cuales tres ya han sido condenados, están siendo investigados por corrupción. Son: Álvaro Colom, Otto Pérez Molina, Alfonso Portillo, Jorge Serrano Elías, Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Collor de Mello, José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Alberto Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Antonio Saca, Mauricio Funes, Rafael Callejas, Ricardo Martinelli y Cristina Fernández de Kirchner. Se les suman dos exvicepresidentes (Roxana Baldett y Jorge Glas, ya sentenciado a prisión) y seis jefes de Estado están bajo sospecha. Estos son: Jimmy Morales, Pedro Pablo Kuczynski, Michel Temer, Juan Manuel Santos, Nicolás Maduro y Enrique Peña Nieto (Ver más: 19 expresidentes latinoamericanos están investigados por corrupción).
A la vista de estos datos, el panorama no puede parecer más desolador. Sin embargo, no lo es tanto. Es una señal de que las cosas están cambiando en el vasto territorio que se extiende desde la frontera sur de Estados Unidos hasta el Cabo de Hornos.
La corrupción no es exclusiva de América Latina. Pero sí es la zona del planeta donde más jefes de Estado y de Gobierno están bajo investigación oficial por supuestamente haber protagonizado corruptelas. Son seis, siete si se cuenta también a los vicepresidentes, los países donde los más altos responsables de la Administración están en el punto de mira de las fiscalías y los tribunales. Y esto es una señal de que las cosas están cambiando para mejor.
Uno de los grandes expertos en la materia es Juan Jiménez Mayor, ex primer ministro de Perú, así como vocero y representante especial del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la Misión de Apoyo contra la Impunidad y la Corrupción (Maccih) en Honduras. Tal como señaló en conversación con el diario ALnavío en marzo del año pasado, se da una paradoja. Si entre la población aumenta la percepción de la corrupción es debido a que ahora se conocen más escándalos que antes; y esto ocurre porque, a diferencia de lo que sucedía antaño, esos casos se judicializan (Ver más: La OEA defiende la creación de una Corte Penal Internacional contra la corrupción).
La realidad es que muchos de los expresidentes que están siendo investigados gobernaron en las dos últimas décadas del siglo pasado, y los casos son de aquella época. Se está persiguiendo, por tanto, posibles delitos cometidos hace 20 y 30 años, cuando los tribunales y las fiscalías no actuaban contra ellos. De hecho, algunos de los presuntos receptores de dinero de Odebrecht lo fueron en aquel entonces. No podemos saber si ahora hay menos corruptos que en los años 80 y 90, pero sí que en estos momentos no pueden actuar sintiendo que les protege una impunidad que entonces era la norma.
Eso demuestra que tanto los Ministerios Públicos como los tribunales han ganado en autonomía frente al poder político en estos años. Es así, al menos, en la mayor parte de los países. Existen dolorosas excepciones, como Venezuela. Hugo Chávez destruyó la independencia judicial, y Nicolás Maduro ha seguido los pasos de su mentor. No es, por tanto, de extrañar que la república bolivariana sea la oveja negra regional por la impunidad con que muchos altos cargos hacen todo tipo de turbios negocios a la sombra del Estado.
Las luchas de poder también influyen en que ahora se persiga más la corrupción. Jorge Glas ha sido un peón en el enfrentamiento que Lenín Moreno mantiene con Rafael Correa en Ecuador. Para Mauricio Macri es positivo que Fernández de Kirchner tenga que enfrentarse a la Justicia en Argentina. Y las tribulaciones judiciales de Rousseff y Lula da Silva benefician a Michel Temer. Esto no se puede negar, pero ninguno de esos antiguos gobernantes tendría los actuales problemas judiciales si su periodo en el poder hubiera sido un ejemplo de honestidad.
Además, aunque haya detrás motivos no del todo ejemplares, esto tiene efectos positivos. Por una parte, los jueces se acostumbran a actuar contra el poder político. Por otra, la población toma nota de que los corruptos pueden ser castigados, y esta será una demanda que presentará en el futuro si vuelve a ser necesario.
Lucha transnacional contra la corrupción
Los tribunales y las fiscalías no sólo han ganado en independencia. También han aprendido a trabajar de forma conjunta. Cuando las redes delictivas, incluyendo las de corrupción, se vuelven transnacionales la respuesta no puede seguir siendo puramente nacional. Los casos han de ser juzgados en cada país, pero las fuerzas de seguridad y los Ministerios Públicos deben colaborar unos con otros. Y eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el caso Odebrecht.
Hemos podido ver cómo la Fiscalía brasileña ha mantenido contacto con sus pares de más de 10 países donde actuó el ‘departamento de sobornos’ de la constructora. A muchas de ellas les ha proporcionado pruebas de diverso tipo, que resultan clave en los diferentes procesos que se llevan a cabo en toda la región. Y, siendo el modelo de colaboración judicial muy extendido en Europa, se han establecido mecanismos para que los testigos que están en un país declaren ante los tribunales de otros.
Queda, sin duda, mucho camino que recorrer en la lucha contra la corrupción en Latinoamérica, pero se ha avanzado. Para ello también ha resultado imprescindible un cambio profundo en la opinión pública. Las sociedades latinoamericanas, como ocurre en otros puntos del planeta, cada vez son menos tolerantes ante este grave problema. Ahora exigen a sus gobernantes una honestidad que antes no exigían, y eso cambia las reglas del juego para mejor.
Queda, tan sólo, un asunto que también favorece la corrupción y ningún Gobierno quiere tocar. Ni en Latinoamérica ni en el resto del mundo. Ese fenómeno está profundamente vinculado a una alta intervención estatal en la economía. Los sobornos y el pago de campañas electorales sólo tienen sentido cuando el objetivo es lograr millonarios contratos públicos, recalificaciones de terrenos y licencias para entrar en mercados muy regulados que funcionan protegidos de la competencia. Nunca veremos que las coimas procedan de empresarios que no dependen del favor de un político.
