Al parecer, muchos lugareños no ven con buenos ojos la intromisión de los políticos en cuestiones tales como el color que le dan a las fachadas de las casas o la necesidad de obtener complicadas autorizaciones para llevar a cabo pequeñas reformas. Ampliar una casa se ha vuelto virtualmente imposible desde que en 1979 la ciudad fuera declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Desde entonces, la escalada regulatoria no ha dado tregua y ha llegado al ridículo de obligar a numerosos empresarios a cambiar el nombre de sus establecimientos por el equivalente en castellano.
Nadie niega que la conservación de la ciudad sea de gran importancia para atraer turistas. Sin embargo, la planificación centralizada de la estética, del urbanismo y de sus "atractivos" no satisface a todos. Las formas de aprovechar el encanto de una ciudad son, como diría Hayek, múltiples, subjetivas y están diseminadas entre todos los habitantes y propietarios del lugar. La planificación estética y cultural impide que ese conocimiento diseminado sirva para ayudar al progreso de la primera capital del país. La experimentación mediante prueba y error de las acciones más acertadas de los propietarios ha sido sustituida por la decisión de un grupo de "sabios". La diversidad y el riesgo han desaparecido bajo la losa planificadora. Ahora todos viven según los gustos y valores de los reguladores.
Esta situación ha hecho que muchos habitantes de Antigua vean en los funcionarios de la UNESCO el origen de una pesadilla centralizadora que ha supuesto la expropiación de la toma de decisiones en múltiples actividades particulares de cada día; y posiblemente no les falte razón. Por eso no resulta sorprendente escuchar que los coches de los empleados de Naciones Unidas llevan tiempo soportando la indignación vecinal. A falta de una justicia más perfecta, quienes han perdido parte de sus propiedades en el altar del dirigismo estético han decidido aplicar la justicia conmutativa.
