Cristina K priorizó sus relaciones con el régimen de los ayatolás y con Evo Morales sobre la búsqueda de justicia para cientos de judíos argentinos.
A Cristina Fernández de Kirchner le gusta presentarse como la albacea del legado político de su marido, Néstor Kirchner. Sin embargo, en relación con el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires no puede presumir de eso. Él impulsó la investigación del peor atentado terrorista cometido en América hasta el 11-S (en el ataque terrorista contra el centro comunitario hebreo bonaerense fueron asesinadas 85 personas y otras 300 resultaron heridas). Ella hizo todo lo contrario. 23 años después, sigue sin juzgarse la mayor matanza de judíos desde el Holocausto y la expresidenta puede acabar en prisión por encubrimiento.
El primero en acusar oficialmente a Fernández de Kirchner de querer evitar que se pueda detener y juzgar a los casi seguro máximos responsables del atentado (todos ellos, antiguos altos cargos iraníes) fue el fiscal Alberto Nisman. De forma sospechosa, el incansable investigador de la masacre apareció muerto en extrañas circunstancias apenas cinco días después. Con ella ya fuera de la Casa Rosada, el juez federal Claudio Bonadio ha recuperado la acusación. Las amistades peligrosas que hizo Cristina K por intermediación de Hugo Chávez explicarían su actitud. Pero no sólo eso. Una investigación a fondo dañaría la imagen de numerosos gobiernos latinoamericanos, todos ellos del bloque del socialismo del siglo XXI.
Vínculos con Irán y Hezbollah
Si un tribunal condenara a antiguos altos cargos de Irán, presidentes como Nicolás Maduro, Evo Morales, Daniel Ortega y un exmandatario como Rafael Correa tendrían que enfrentar una dura crisis de imagen. El régimen de los ayatolás no sólo es un aliado preferente de todos ellos. Además, gracias a su complicidad ha conseguido gran influencia política y económica en América Latina. Y, junto con él, ha ido penetrando en la región el grupo libanés Hezbollah. Esta organización yihadista chií no es sólo la responsable de numerosos ataques terroristas contra Israel y ha combatido junto con las tropas de Bashar Al-Assad en la guerra civil siria. También participó, según la investigación argentina, en el atentado de la AMIA.
Las relaciones entre Irán y los gobiernos del ALBA son sólidas, y forman parte de una ‘triple alianza’ antioccidental formada por el régimen de los ayatolás, el socialismo del siglo XXI latinoamericano y la Rusia de Vladimir Putin. La presencia iraní en la zona es real. En el caso de Bolivia incluso financió la apertura en 2009 de un hospital en El Alto donde las médicos y enfermeras (bolivianas) estaban obligadas a trabajar cubriendo su cabeza con un velo, según las reglas estrictas de la sharía. En Venezuela mantiene fuertes intereses petroleros a través de la empresa pública Petropars, que participa en sociedades mixtas con PDVSA, y negocios en otros sectores.
El impulso a esa colaboración, y la participación de Rusia en ella, son algo que fue defendido entre otros por el principal asesor de política exterior de Alí Jamenei, Alí Akbar Velayatí. Este último es uno de los acusados de haber organizado el atentado de la AMIA, cuando ocupaba el cargo de ministro de Asuntos Exteriores. En su actual puesto, mantiene contactos con gobiernos del ALBA. Por ejemplo, fue una de las personalidades con las que se reunió el ministro de Economía cubano, Ricardo Cabrisas, cuando visitó Teherán el año pasado.
Evo Morales y Ahmad Vahidi
Otro de los acusados provocó una pequeña crisis bilateral entre Buenos Aires y La Paz. Se trata de Ahmad Vahidi, que en el momento de la masacre era el máximo responsable de la Fuerza Al Quds, grupo de élite de los paramilitares Guardianes de la Revolución y está considerado el ‘autor intelectual’ del ataque terrorista. En 2011, siendo ministro de Defensa, realizó una visita oficial a Bolivia, lo que provocó una queja del Gobierno argentino.
El episodio se cerró sin mayores problemas. El Ejecutivo de Evo Morales expulsó al iraní de su territorio y dijo que no conocía su implicación en el atentado. Era una excusa poco creíble. Cuando Vahidi fue nombrado ministro, las protestas internacionales fueron muy numerosas y cualquier Gobierno del mundo sabía quién era el personaje. Pero Cristina K se dio por satisfecha. Ni tan siquiera pidió la extradición del iraní, a pesar de que pesaba sobre él una orden de captura internacional de la Interpol. La entonces presidenta argentina priorizó sus relaciones con el régimen de los ayatolás y con Evo Morales sobre la búsqueda de justicia para cientos de judíos argentinos.
Varios gobiernos del ALBA tienen sobrados motivos para no querer que se juzgue a los responsables del atentado contra la AMIA. Son socios y firmes aliados del régimen que planificó y ejecutó la atroz acción terrorista. Una investigación a fondo sobre el ataque terrorista los pondría en serios aprietos a todos ellos. Tendrían que explicar qué vínculos mantienen con personas y organizaciones que participaron en aquella matanza cometida en un ya lejano 18 de julio de 1984. Con su encubrimiento de lo ocurrido, Cristina Fernández del Kirchner protege a la totalidad de la ‘tribu bolivariana’.
