El castro-comunismo ejerce la vigilancia para eternizar la ausencia de libertad en Cuba.
El régimen castro-comunista que rige Cuba con mano de hierro desde el 1 de enero de 1959 está cambiando para seguir siendo lo mismo. Ya lo ha hecho en numerosas ocasiones en el pasado. Logra vender al mundo supuestas reformas profundas que no son más que un mero cambio cosmético con algunas medidas destinadas a paliar en lo posible el desastre que la propia dictadura ha creado. La nueva Constitución que va a aprobar no es más que eso, un maquillaje destinado a ocultar que la tiranía continúa siendo la de siempre.
Muchos medios se han hecho eco de que la Constitución elimina la palabra “comunismo”, aunque se mantiene el carácter “socialista” del sistema. Eso, en realidad, no significa nada. En el lenguaje del totalitarismo marxista, el “comunismo” es el fin último, puesto que con tal término se define una sociedad supuestamente sin Estado, sin clases y basada en el trabajo colectivo. Y lograr esa meta es el papel del Estado “socialista”. Esta palabra no significa, bajo el signo de la hoz y el martillo, lo mismo que en la tradición política democrática. No se refiere a una socialdemocracia a la europea (como la que aglutina a los partidos miembros de la Internacional Socialista), sino a un régimen totalitario donde el poder político dirige hasta el último detalle de la vida de las personas.
Por ese motivo la mayor parte de los regímenes comunistas se definían a sí mismos como socialistas. Los ejemplos van desde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) a la República Federativa Socialista de Yugoslavia, pasando por la República Socialista Checoslovaca y la República Socialista de Vietnam, entre muchos otros.
Para que no quede lugar a dudas de que el totalitarismo continúa siendo la base de la dictadura castrista, la nueva Constitución sigue estableciendo que el Partido Comunista de Cuba (PCC) mantiene su papel de “fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado”. El comunismo (el real, no ese teórico sin Estado que incongruentemente tendría que construir un Estado cada vez más poderoso) sigue siendo lo que define al régimen que martiriza a los cubanos desde hace casi 60 años.
Nada nuevo en lo relativo a la propiedad privada
No falta quien quiere ver una señal de aperturismo en que se reconozca cierto nivel de propiedad privada en el nuevo texto constitucional. Tampoco faltan titulares en todos los medios en los que se insiste en que Cuba “se abre a ella”. Posiblemente los periodistas que han escrito esas informaciones no se han molestado en leer la Constitución vigente. Basta con leer los artículos 18 a 24. En ellos se reconoce que los pequeños agricultores pueden ser propietarios de sus tierras, el derecho a poseer una vivienda, las cooperativas de trabajadores y las llamadas empresas mixtas (donde el capital se reparte entre el Estado e inversores extranjeros).
Nada hay, por lo tanto, de nuevo en este terreno en el borrador de Constitución que ha aprobado la Asamblea Nacional (un pseudoparlamento cuya única función real es decir sí a todo lo que decidan el PCC y el Gobierno). El Estado se sigue guardando para sí el control de todo aquello que considere sectores estratégicos y también garantiza la propiedad de las que llama “organizaciones políticas, de masas y sociales”. De esta manera, se asegura que el Ejército y el Partido Comunista (junto con sus múltiples organizaciones satélites) continúen siendo los grandes “empresarios” del país.
Quizás lo más novedoso es que reconozca cierta existencia de “mercado”. Eso sí, sometido a la “planificación, bajo el principio de evitar las desigualdades que este genera, en función de los intereses de nuestra sociedad”. Mero maquillaje de nuevo, puesto que no existe mercado si este está sometido a la planificación estatal y no se puede desarrollar con libertad económica. De hecho, esto no implica que se abra la puerta a un modelo similar al chino o el vietnamita actuales, puesto que en ambos países es innegable que no se trata de “evitar las desigualdades”.
Sigue sin haber libertad en Cuba
De todos modos, aunque se abriera el sistema a un modelo económico más cercano al capitalismo poco se avanzaría. La libertad es única, no fraccionable. De nada sirve que se permita comerciar con menos restricciones y se acepte el mercado si no se respetan las libertades de los ciudadanos en el resto de ámbitos de su vida. Una dictadura que mantiene presos políticos y no respeta, por ejemplo, el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente sigue siendo una tiranía aunque permita comprar y vender cualquier producto sin cortapisas.
También se ha querido ver un avance en que se establezca que el presidente del país pueda serlo por un máximo de dos mandatos, 10 años. No lo es, y por diversos motivos. En primer lugar, el primer secretario del PCC es quien ostenta el poder real del país (Ver más: Cuba no entra en el post-castrismo porque Raúl Castro conserva todo el poder). En segundo, porque la reforma establece que no se puede acceder al cargo antes de cumplir los 60 años. Esta medida impedirá que llegue al poder un joven con veleidades reformistas.
Además, se da la circunstancia de que los dos hijos más poderosos de Raúl Castro, Alejandro Castro y Mariela Castro, en este momento superan los 50 años de edad. Ambos habrán superado las seis décadas de vida cuando Miguel Díaz-Canel tenga que ceder el testigo, por lo que podrá ser cualquiera de ellos quien lo recoja (si es que el régimen logra mantenerse en pie).
Pero tampoco cambiaría nada si no fuera un miembro de la dinastía Castro quien, siempre en el supuesto de que no se hubiera producido una transición política, asumiera la Presidencia dentro de 10 años. Sería un comunista, y tendría por encima a otro comunista. La vocación del aparato de todas las dictaduras totalitarias de corte marxista es pervivir más allá de quien sea su líder concreto en cada momento.
Thomas Jefferson defendía la idea de que “el precio de la libertad es la eterna vigilancia”. En una perversión de ese principio, el castro-comunismo ejerce la vigilancia para eternizar la ausencia de libertad en Cuba. Y en esa labor la propaganda es una herramienta fundamental. Propaganda, y no otra cosa, es la futura nueva Constitución del país caribeño.
