La oposición ha dejado de ser una esperanza para una población que vive en permanente inseguridad y que pasa hambre.
La encuestadora venezolana Daticorp acaba de publicar su barómetro Coyuntura-País correspondiente a enero de 2018. A grandes rasgos pareciera que el estudio no revela nada novedoso. Retrata una sociedad que ha caído en el pesimismo y que siente un profundo desapego por las instituciones. Sin embargo, una lectura más a fondo revela fenómenos de opinión pública de calado más profundo, que deberían ser atendidos tanto por el Gobierno como por la oposición.
Uno de los datos más relevantes es que un 69% considera que tiene prioridad solucionar la crisis económica sobre la que afecta a la seguridad ciudadana (prioritaria para el 13,11%) o la política (12,02%). En este aspecto coinciden en buena medida los encuestados que se definen como chavistas y opositores, así como los que no se decantan. Esa preocupación es mayoritaria en un país en el que se superaron las 26.600 muertes violentas en 2017, según los datos del Observatorio Venezolano de Violencia. Se trata de cifras más propias de una guerra de alta intensidad que de la que suele generar la delincuencia.
Hambre y violencia extrema
Estos altos niveles de muertes violentas muestran un fenómeno peculiar. Los defensores de cualquier dictadura suelen ofrecer como argumento la seguridad ciudadana que teóricamente proporcionan. Es habitual escuchar a algún partidario del castrismo afirmar que en Cuba no existe apenas delincuencia (algo más que discutible, sobre todo si se tiene en cuenta que sus estadísticas no son fiables). Lo mismo decían quienes apoyaban el franquismo en España. Los pocos nostálgicos que quedan de aquel régimen suelen hacer afirmaciones como que en esa época “podías dejar el coche abierto sin que te lo robaran” y similares.
Se trata de un argumento falaz. En primer lugar, una dictadura puede llegar a ser un lugar muy seguro siempre que uno no sea opositor al régimen o no tenga comportamientos que este considere inmorales (por ejemplo, relaciones homosexuales en Irán o Arabia Saudí). Además, no siempre las estadísticas avalan esas ideas. Por ejemplo, en España se produjeron 0,7 homicidios intencionados por cada 100.000 habitantes en 2015, mientras que en Cuba fueron 4,7 por cada 100.000 habitantes en 2011 (último con información disponible), según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. A pesar de eso, no es habitual que en un régimen autoritario se llegue a alcanzar las tasas de Venezuela (53,8 homicidios voluntarios por cada 100.000 habitantes en 2012, último dato oficial disponible).
El régimen chavista ha conseguido lo que parece casi imposible: avanzar hacia una dictadura cada vez mayor al tiempo que la inseguridad no deja de crecer (en 1997, un año antes de la llegada al poder de Hugo Chávez, se registraban 18,4 homicidios voluntarios por cada 100.000 habitantes). No sólo eso, ni tan siquiera es capaz de proporcionar la sensación de seguridad ciudadana que (sea real o no) es capaz de transmitir un régimen autoritario. Pero a pesar de todo, esa es una preocupación secundaria frente a la crisis económica.
Se trata de algo lógico. Venezuela enfrenta una situación dramática que supera con creces cualquier concepto de crisis que se pueda tener, por ejemplo, en Europa. El desabastecimiento de alimentos de primera necesidad es la norma en supermercados y tiendas. Lo mismo ocurre con los medicamentos en las farmacias. Y cuando, por suerte o casi milagro, sí están disponibles en algún establecimiento sus precios son prohibitivos. La hiperinflación en el país alcanzó el 2.735% en 2017, según los cálculos de la consultora financiera Ecoanalítica.
En estas navidades, miles de venezolanos salieron a la calle cuando el pernil del cerdo que el Gobierno prometió distribuir no llegó a los ciudadanos. Incluso muchos chavistas se unieron a estas protestas masivas provocadas por el hambre. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) emitió el 29 de diciembre un comunicado en el que lamentaba no haber “sabido acompañar en las últimas semanas, de la forma amplia y contundente que merecía, el sufrimiento de un pueblo que ve mermar aceleradamente sus ya difíciles condiciones de vida”.
2018 ha arrancado con saqueos a supermercados en varios puntos del país, en una oleada de asaltos masivos por parte de ciudadanos hambrientos que comenzó en diciembre del año pasado. Lo mismo había ocurrido en las últimas semanas de 2016. Es la desesperada respuesta a una situación de hambre generalizada.
Cuando una persona no sabe cómo va a poder comer ese día, o al siguiente, y sabe que es imposible acceder a la medicación que necesita, incluso la inseguridad ciudadana pasa a un segundo plano.
Ni gobierno ni oposición
Hay otros elementos reveladores en el estudio. El régimen de Nicolás Madurocuenta con poco apoyo popular. Un 68% de los encuestados dice no sentir nada de confianza en el Gobierno, mientras que esta misma respuesta aumenta al 68% al referirse a los tribunales de justicia y a un 76% al consultar sobre los policías. Eso sí, los chavistas que quedan son acríticos. El 82% de ellos aprueba la gestión del Ejecutivo, incluso el 27,62% la considera “excelente”, y más de la mitad muestran mucha confianza en el sistema judicial (controlado desde el poder político).
Maduro cuenta con partidarios muy firmes, es cierto, pero no debe olvidar que son minoritarios. Es un presidente rechazado por gran parte de la población. Pero hay otro dato que destaca. La actual oposición no goza ya apenas de prestigio entre los no chavistas. Resulta significativo que el posible candidato a presidente con más aceptación popular sea el dueño de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza (Ver más: ¿Después de Mauricio Macri y Sebastián Piñera un empresario podrá gobernar Venezuela?). Un 40% de los encuestados dice que se trata de la persona que le proporciona mayor confianza como futuro jefe del Estado. Se sitúa muy por encima del 9% que confía en Leopoldo López y el 2% que lo hace en Henrique Capriles, Henry Ramos Allup o Henri Falcón. También supera a Maduro (19%).
La popularidad del empresario se dispara entre quienes se identifican como opositores (donde alcanza el 65,33%) y los indefinidos políticamente (entre los que llega a un 39,87%). Lo llamativo es que Mendoza no ha dicho que vaya a presentarse a unos comicios (aunque sus actuaciones en público pudieran indicar que sí vaya a hacerlo). Los partidos contrarios al chavismo deberían tomar buena nota de ello. Han dejado de ser una esperanza para una población cansada del Socialismo del siglo XXI, que vive en permanente inseguridad y que pasa hambre. Esta confianza en un outsider empresarial para que llegue al poder no es sorprendente si se tiene en cuenta que la mayor preocupación es la crisis económica.
