El sector privado comenzó a adoptar medidas desde el principio.
La asociación australiana CMA, que agrupa a los contables certificados del país, ha encargado un informe sobre la respuesta global a las enfermedades infecciosas, GRID por sus siglas en inglés. La mecánica del informe no difiere de infinidad de otros que hay: postula unos criterios de valoración, encaja las métricas en esos criterios, y resulta una tabla que puntúa cada uno de los elementos estudiados (en este caso, países). Esa tabla coloca el número uno a Nueva Zelanda y en el último de los estudiados a España (puesto 95, con 16 puntos de 100 posibles).
Este informe ha suscitado algún que otro titular exagerado, como “Un informe señala a España como el país que peor ha gestionado la pandemia del coronavirus”. En vano buscará el lector un país subsahariano en el informe, pues los datos de aquellos países son aún menos fiables que los de España. Y no es inconcebible que algún país situado entre el Sahara y el Cabo de Buena Esperanza haya hecho una gestión del coronavirus (sí, ahí también hay) peor que la de nuestro Gobierno.
Por otro lado, con otros criterios puede que España estuviese aún peor, si me permiten la broma. Pero es cierto que con otros criterios los resultados habrían sido aproximadamente los mismos, pero muy diferentes para algún que otro país. Suecia, por ejemplo, está muy mal parada en el informe, pero si se tuviese en cuenta el desempeño económico estaría muy probablemente en la primera mitad de la tabla. Y es cierto que los criterios son muy cuestionables; como otros informes, pecan de considerar los elementos que son medibles, que habitualmente, pero no siempre, no son los más importantes.
El resultado es devastador para el Gobierno, aunque era fácil esperar que cualquier informe sistemático sobre su ejecución en este aspecto le situase por debajo de cualquier otro. Nos podemos consolar con que lo único que nos distingue del resto es que tenemos un Gobierno espectacularmente ineficaz, con una torpeza que pone en cuestión los límites basales de la inteligencia humana, y nos lleva a terrenos que evito pisar, pero que habrá que explorar, como los de la complicidad política con la muerte. Los tontos se consuelan pensando que todos los gobiernos son ineficaces, y los menos tontos pensando que si ese es el caso, quizá deberíamos quitárnoslos de encima, en alguna medida.
Pese a su proverbial ineficacia, los Gobiernos se reservan para sí el prestigio de ser necesarios. Sin el Gobierno, la sociedad es un caos, en el que el interés egoísta de cada uno choca con el del vecino, y chocamos unos con otros como bolas de billar, impidiéndonos mutuamente seguir nuestro camino. Pero eso no es así. Y, en contra de lo que muchos piensan, una sociedad más libre habría sido mucho más efectiva en la lucha contra el contagio.
Las personas tenemos motivaciones complejas. No es ya que el encuentro de egoísmos resulte en un bien generalizado, es que no somos perfectamente egoístas, y el interés propio puede incluir el de los demás. En este asunto, el interés de cada uno de evitar el contagio hace que adopte comportamientos que reducen el contagio de otros.
El sector privado comenzó a adoptar medidas desde el principio. Las empresas, contra el criterio del Ayuntamiento de Barcelona y del Gobierno central, se negaron a participar en el Mobile World Congress. Varias empresas comenzaron a adoptar medidas para mantener su actividad con los empleados trabajando desde casa.
En una sociedad libre no ocurriría lo que ha pasado en España. Nosotros hemos visto cómo los medios de comunicación, las televisiones en concreto obviaban el peligro que se cernía sobre España, y cuando resultó imposible hacerlo, lo minimizaron, haciéndolo pasar por una simple gripe. Y acallaron y ridiculizaron las voces que alertaban sobre lo que nos venía encima. Todo por indicaciones del Gobierno, que estaba interesado en que se impusiera la idea de que aquí no va a pasar nada.
El Gobierno es responsable inmediato de una parte muy importante de los contagiados por su doloso retraso al actuar, pero también por su eficacia, aquí sí, en el control de la información que debió tener la sociedad española desde el principio.
Con una prensa libre, la sociedad habría estado mejor informada, se habría concienciado antes del peligro al que nos enfrentábamos, y cada uno de nosotros habría adoptado las medidas que le protegían individualmente, que son también las que protegen a los demás. Lo más efectivo es que se filtre una buena información por toda la sociedad, para que cada uno de nosotros la utilice en su propio beneficio, que es también el del conjunto. Podemos.
Habría aumentado antes la demanda de guantes y mascarillas, y la de los test. Con unos precios libres, sin intervenir, sabemos lo que habría ocurrido. España se habría llenado de todos esos bienes que ahora necesitamos. Habrían venido de fuera, y muchas empresas habrían desviado su producción habitual para surtirnos de ellas.
Es muy importante la provisión de test. Lo es en varios sentidos. En el individual, para poder poner en marcha las medidas de tratamiento sintomático del enfermo (si es que muestra síntomas), y en la identificación de las personas que hayan podido contagiarse por haber estado en contacto con ellas. En el colectivo, porque el conocimiento de la evolución temporal y geográfica del virus permite a los gestores identificar dónde hay que llevar más recursos, y a la población dónde debe actuar con un especial cuidado, por la presencia del virus.
Pero hay más, las empresas podrían realizar test a sus empleados y permitir con ello que la actividad se mantenga. Los test tienen un coste asumible, aunque no menor, pero ese coste puede ser muy inferior a paralizar la actividad de la empresa. Más importante es la capacidad de identificar a los empleados que son asintomáticos y que en consecuencia pueden estar contagiando a otros empleados, sin que en principio se pueda advertir. Esto es fundamental para mantener la actividad económica, por un lado, y controlar la epidemia, por otro. Esa labor la pueden hacer las empresas con sus servicios médicos o contratando a compañías de seguros médicos. Pero en España está prohibido. El Gobierno cercenó que los seguros médicos realizasen pruebas sin una prescripción médica.
En conjunto, es necesario normalizar la situación, comprender que tenemos que convivir con la enfermedad en la calle, y favorecer que los ciudadanos actúen libremente, en el entendimiento de que cuando las consecuencias de las acciones repercuten directamente sobre uno, prevalecerán los comportamientos racionales.
