Òmnium Cultural y ANC son meras correas de transmisión y organizaciones de movilización al servicio del poder político separatista.
Desde que, en 2012, el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas pisó el acelerador en el reto independentista, el separatismo insistió en que se trataba de un movimiento de la sociedad civil. Obviaban el hecho de que las organizaciones Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC) recibieran fondos del Gobierno autonómico, o que sus líderes estuvieran vinculados a los partidos secesionistas. Buen ejemplo de ello es Carme Forcadell. Tras haber sido concejala de Esquerra Republicana de Catalunya en Sabadell (Barcelona) entre 2003 y 2007, fue la primera persona que presidió la ANC y ha sido la presidenta del Parlamento de Cataluña en la última legislatura.
No sólo eso, los presidentes de Òmnium, Jordi Cuixart, y de la ANC, Jordi Sànchez, han participado en las reuniones de Consejo Ejecutivo (equivalente regional del Consejo de Ministros) de la Generalitat, según ha desvelado el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Lo que el independentismo catalán muestra como entidades de la sociedad civil independentista no puede, por lo tanto, ser considerado como tal. En realidad, son meras correas de transmisión y organizaciones de movilización al servicio del poder político separatista.
La imprevisión independentista
Ese mismo poder político se negaba a ver que sí existía una sociedad civil que terminaría por ofrecer una firme resistencia a los planes secesionistas. Ha sido el más grave de sus errores estratégicos. Desde hace años existían organizaciones que trabajaban en ese sentido, si bien su existencia era por lo general ignorada por los medios catalanes y también por la mayor parte de los del resto de España. Plataformas como Convivencia Cívica Catalana (el más veterano de todos, nacido en 1998), Grupo de Periodistas Pi i Margall, la Asociación por la Tolerancia y los más recientes De España y Catalanes, Sociedad Civil Catalana, Empresaris de Catalunya y Concordia Cívica (que agrupa a todos los anteriores para lograr una acción unificada) se han convertido en un agente fundamental de la respuesta al reto independentista.
Su trabajo no tuvo durante muchos años apenas repercusión mediática, y los actos que organizaban apenas lograban concentrar a unos centenares o, a lo sumo, unos pocos miles de personas. Sin embargo, todo cambió con la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. La respuesta de la sociedad civil, en Cataluña y el resto de España, fue más rápida que la del Gobierno de Mariano Rajoy y otras instituciones del Estado. De la noche a la mañana comenzaron a florecer banderas rojigualdas en ventanas y balcones de toda la geografía del país. No sólo en lugares como Madrid, Sevilla y Toledo. También, y mucho más importante, en ciudades y pueblos catalanes, las fachadas de cuyos edificios hasta entonces habían sido monopolio de las esteladas (versión independentista de la enseña catalana).
Efectos sobre la opinión pública internacional
El 8 de octubre una multitudinaria manifestación, con cerca de un millón de asistentes, recorría las calles de Barcelona contra los planes independistas. Los manifestantes portaban banderas españolas y senyeras, la bandera oficial de Cataluña convertida ya en un símbolo de resistencia pacífica ante un independentismo que la había dejado de lado a favor de la estelada. Fue la primera gran derrota del separatismo. Ya no podía presumir de que Cataluña es “un solo pueblo” que reclama la independencia.
Los medios de comunicación internacionales, que el Ejecutivo de Rajoy había descuidado frente a un secesionismo que había trabajado a fondo para ganarse sus simpatías, comenzaban a cambiar su línea editorial sobre este asunto. Era la sociedad civil la que comenzaba a dar la vuelta a la batalla por la opinión pública internacional y lograba que los más influyentes periódicos del mundo comenzaran a mirar con malos ojos al separatismo catalán.
Las empresas privadas, grandes y pequeñas, son otra faceta de la sociedad civil. Y su reacción al reto independentista ha sido contundente. Ya son más de 2.000 las empresas hasta ahora catalanas (incluyendo algunas tan importantes como CaixaBank, Banco Sabadell y Gas Natural) que han trasladado su sede a otras partes de España. Esto también ha desarmado buena parte del discurso secesionista, que prometía que una ruptura con España atraería mayor prosperidad económica. Ha sido otra batalla perdida por el separatismo en la que la clave no ha sido el Gobierno español.
La sociedad civil, en sus diferentes facetas, ha tomado la iniciativa en la respuesta al reto independentista. Y lo ha hecho con gran éxito. El creciente desánimo en las filas separatistas, cuya capacidad de movilización disminuye cada día, y el cambio dado por los grandes medios de comunicación internacionales son méritos de ella. El Gobierno ha respondido más tarde, y lo ha hecho para entrar en lid en un campo ya abonado por millones de ciudadanos de Cataluña y el resto de España.
