Su único objetivo es el poder, y cualquier propuesta que le ayude a conseguirlo resulta coherente con ese único objetivo.
Si algo ha demostrado Pedro Sánchez a lo largo de su carrera es que es un animal político: a saber, un ser sin otro objetivo que el poder. Ni los principios ni la coherencia personal constituyen obstáculos para satisfacer cuantas demandas se requieran con tal de recabar los apoyos parlamentarios necesarios que lo catapulten a la Moncloa. De ahí que su discurso de investidura fuera un batiburrillo de ideas contradictorias en todos los frentes imaginables. También en el económico. Para ello, baste con constatar algunas de las más flagrantes incoherencias en las que fue incurriendo a lo largo de su alocución:
- Potenciar la digitalización con más impuestos contra la digitalización: Sánchez repitió recurrentemente a lo largo del discurso que uno de sus principales propósitos económicos era el de digitalizar nuestra economía, para lo cual propuso reformar los planes de estudio de la Formación Profesional o aprobar un Marco Estratégico Pymes 2030. Pero, al mismo tiempo, una de las medidas fiscales estrella de Sánchez sigue siendo la tasa Google, es decir, una tasa contra las operaciones digitales (publicidad, intermediación y venta de datos) efectuadas a través de grandes plataformas como Google, Amazon o Facebook: un sobrecoste que será trasladado a todas aquellas pymes que intenten posicionarse digitalmente valiéndose de los servicios de estas plataformas. En suma: promover la digitalización penalizándola fiscalmente.
- Mayor competitividad desvinculando salarios y productividad: Sánchez recalcó que sus reformas económicas irían orientadas a lograr la tríada de «competitividad, productividad y cohesión». Existen dos formas de mejorar la competitividad de un país: o bajando precios (producir una misma calidad y cantidad de bienes con menores costes) o aumentando la productividad (producir más o mejores bienes con unos mismos costes). La forma de mejorar la calidad de vida del conjunto de los ciudadanos es aumentar (o mantener) la competitividad con mejoras en la productividad, no con rebajas en sus salarios. La alternativa, aumentar los salarios mientras la productividad se mantiene estancada, acaso sea la forma de mejorar la calidad de vida de algunas personas, pero solo a costa de empeorar la del resto y, en todo caso, a costa de deteriorar nuestra competitividad. Pues bien, al mismo tiempo que Pedro Sánchez dice querer proteger y potenciar nuestra competitividad, también está abogando por derogar una reforma laboral que ha contribuido a alinear la evolución de los salarios con la evolución de la productividad (por ejemplo, a través de la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial), esto es, está abogando por cargarse uno de los principales garantes de la competitividad de España.
- Más productividad premiando la improductividad: siguiendo con la anterior tríada de productividad, competitividad y cohesión, ¿cómo logramos incrementar la productividad de nuestra economía (es decir, hacer más con menos)? ‘Grosso modo’, existen dos caminos: o conseguir que cada sector económico se vuelva más productivo o promover que los sectores más productivos ganen peso dentro de la economía. Pero al mismo tiempo que Sánchez dice querer fomentar la productividad, también nos anuncia que va a subvencionar a aquellas empresas menos productivas que amenazan con marcharse de nuestro país: “El Gobierno activará los recursos del Estado para garantizar la continuidad —que es importante— de aquellas empresas que sean una fuente fundamental de empleo en sus comarcas; es decir, vamos a luchar como hemos luchado durante estos últimos meses decididamente contra las deslocalizaciones industriales”. Subvencionar los modelos improductivos y, además, subir los impuestos a las empresas más productivas. En lugar de impulsar que ganen peso los sectores más productivos y que lo pierdan los menos productivos, se incentiva justamente lo opuesto: que se queden los improductivos y se marchen los productivos.
- Cumplir con Bruselas descuadrando el déficit: de acuerdo con Sánchez, “vamos a cumplir nuestros compromisos en materia de responsabilidad fiscal con Europa. Y lo vamos a hacer, a la vez, con sensatez en el gasto y con justicia fiscal”. Mas, como ya expusimos, su programa económico terminará elevando el gasto público en un mínimo de 3,5 puntos de PIB mientras que los ingresos solo aumentarán, siendo optimistas, 0,5 puntos de PIB. Con un agujero financiero adicional de tres puntos de PIB, difícilmente se puede cumplir con Bruselas.
- Sostenibilidad de las pensiones eliminando el factor de sostenibilidad: otro de los objetivos presuntamente buscados por Sánchez es “la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones”. Pero, entre tanto, pretende derogar, sin plantear ninguna alternativa, el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que era el automatismo regulatorio que garantizaba a largo plazo la sostenibilidad del propio sistema. Acaso se piense que Sánchez deroga el IRP en aras de alcanzar la suficiencia de los ingresos de los pensionistas, pero recordemos que el IRP no impedía que los políticos adoptaran medidas para incrementar los ingresos de la Seguridad Social y que, una vez restablecida la sostenibilidad por el lado de los ingresos, aumentaran las pensiones: lo que imponía era que la suficiencia se alcanzara necesariamente de la mano de la sostenibilidad. Sánchez habla de sostenibilidad pero actúa en contra de ella.
En definitiva, la agenda económica de Sánchez está repleta de contradicciones incluso en lo relativo a los propios objetivos que dice perseguir. En realidad, es todo mucho más simple: como ya hemos señalado, su único objetivo es el poder, y cualquier propuesta que le ayude a conseguirlo, por muy incompatible que resulte con sus autoproclamadas metas, resulta coherente con ese único objetivo.
