Todos los trabajadores fueron sometidos a un sistema de redistribución que encadenaba el futuro de una generación a los esfuerzos crecientes de la siguiente. Algunos todavía se creen que al cotizar estamos acumulando e invirtiendo dinero para nuestra propia pensión. Pero no estamos capitalizando ni un centavo. Las cotizaciones del presente pagan las pensiones del presente, y las huecas garantías del Estado no van a evitar que cuando nos jubilemos cobremos una pensión pública (aún más) indigna.
El sistema de pensiones de reparto tiene un esquema piramidal: una gran base de cotizantes paga las pensiones de la cúspide de jubilados. En 50 años esa base estará en la cúspide, y se necesitará una base mucho mayor para sostener la pirámide o un crecimiento económico insólito. Ninguno de los dos supuestos va a materializarse ni por asomo.
Según previsiones optimistas del Ministerio de Trabajo (suponía una tasa de paro del 8,8% en 2010…) en 2060 el gasto dedicado a pensiones superará el 14% del PIB, frente al 8% actual. En otras palabras, la población en edad de trabajar se mantendría más o menos estable, mientras que las personas mayores de 65 años pasarían de siete millones a más de quince. Eso significa que si ahora cuatro cotizantes pagan la pensión de un jubilado, en cincuenta años menos de dos cotizantes tendrán que costear la misma pensión.
Algunos economistas, como Vincenç Navarro, prefieren alimentar la esperanza de los ingenuos y de los irredentos en vez de afrontar el fracaso de su modelo y empezar a debatir una reforma profunda del sistema. Navarro afirma que no hay problema si el gasto en pensiones se eleva al 16% del PIB en 2060. Hace 50 años el gasto era del 3%, ahora es del 8%, ¿acaso no sigue el sistema en pie? Lo que Navarro debería explicar a sus lectores es cómo se traduce ese abstracto porcentaje del PIB en los ingresos de cada trabajador.
Si en 2060 se dobla el gasto en pensiones y la masa de trabajadores se mantiene, significa que pagaremos el doble en cotizaciones en términos proporcionales para mantener el mismo nivel de pensiones. Supongamos que el PIB, como augura Navarro, se dobla en cincuenta años. El salario medio en España en 2009 fue de 20.500 euros, que implica una cotización aproximada de 6.000 euros para pensiones. En 2060 el salario medio (habiéndose doblado la riqueza nacional) será de 41.000 euros. El que crea que la cotización será entonces de 12.000 se equivoca. Recordemos que el gasto en relación con el PIB se dobla, y que el PIB se ha doblado también. Es decir, pasamos de un 8% sobre un PIB de base 100 (igual a 8 unidades), a un 16% de un PIB de 200 (igual a 32 unidades), lo que significa cuadriplicar el gasto real (32/8). De modo que en 2060 estaríamos pagando una cotización de, agárrense, 24.000 euros (6.000 x 4). Como el empresario minora el salario en una proporción similar al aumento de la cotización, para mantener el coste por trabajador igual, nuestra nómina en realidad sería de 31.000 euros (un poco más que la cotización…). Eso o la carga se trasladaría al contribuyente, que podría seguir cobrando 41.000 euros pero pagaría 12.000 euros en impuestos adicionales. Los que estén confundidos con tanta multiplicación pueden dividir todas las cifras por dos: sería como si actualmente el salario medio pasara a ser de 14.500 euros (en lugar de 20.500), con una cotización de 12.000 euros, o pagáramos 6.000 euros más en impuestos. ¿De verdad a Navarro le parece sostenible esta situación?
En cualquier caso, lo peor del sistema no es su viabilidad. Pagando pensiones lo bastante bajas quizás llegue a sobrevivir. Lo peor es el coste de oportunidad, lo que estamos dejando de ganar por no poder invertir nuestras cotizaciones en bolsa o en fondos de pensiones que capitalicen las cantidades y nos ofrezcan un patrimonio y unas rentas extraordinarias al final de la vida laboral. En un artículo anterior calculamos que si una persona invirtiera en bolsa la cotización media destinada a pensiones (unos 6.000 euros), al final de un período de 30 años (tomando la rentabilidad histórica ajustada a la inflación, un 7%) dispondría de un capital de 600.000 euros, y tras 40 años tendría 1,28 millones euros. Si el jubilado quisiera una renta estable podría sacar el capital de la bolsa y meterlo en renta fija. Suponiendo una revalorización ajustada a la inflación del 2% anual, obtendría una renta mensual de 1.000 euros más un patrimonio de 600.000 euros, o una renta de 2.100 euros más un patrimonio de 1,28 millones. Actualmente la pensión media del sistema público es de 900 euros al mes, más cero centavos de patrimonio.
El jubilado que quisiera liquidar todo el patrimonio en 30 años de jubilación, podría poner el dinero en letras del tesoro que conservan más o menos el poder adquisitivo e ir gastando cada mes parte de ese capital. 600.000 euros dividido por 30 años son unos 1.650 euros al mes. Si consumiera el patrimonio de 1,28 millones (acumulado en 40 años), obtendría una renta mensual de 3.500 euros al mes.
Ésta sería una opción para los que tengan menos aversión al riesgo y quieran invertir en un ETF que replica el índice o en fondos de inversión que intentan batirlo. Otros quizás quieran poner sus ahorros en planes de pensiones más conservadores (o incluso salirse totalmente del sistema). Que cada uno elija.
Un modelo regulado de capitalización individual (único o mixto) ya se aplica en varios países, entre ellos Chile, Estonia, Letonia, Lituania, México, Perú, Eslovaquia y Hungría. Chile fue el primero en implementarlo, hace casi 30 años. El éxito ha sido rotundo. Los cotizantes chilenos, obligados a ahorrar un 10% de su sueldo, pueden invertir en cinco tipos de fondos de pensiones, dependiendo del riesgo, y optar por distintos gestores y modalidades de pago. Si fallecen, la familia recibe la pensión o el montante en herencia. El fondo Tipo C, que es de riesgo moderado y acoge al 43% de los afiliados, tenía una rentabilidad media anual del 9,19% a julio de 2009, desde su creación en 1981. Todos los fondos han recuperado en un solo año la pérdida de valor de 2008. Un chileno sólo tiene que trabajar 28 años para obtener una pensión igual a sus últimos sueldos.
Así son las cosas en Chile. En España la solución del Gobierno (y de la oposición) es agarrarse al Pacto de Toledo, prolongar la edad de jubilación, reducir la pensión y seguir estafando al trabajador.
Albert Esplugas Boter es miembro del Instituto Juan de Mariana, autor del libro La comunicación en una sociedad libre y escribe regularmente en su blog.
