El gobierno de Santos ha puesto la economía de Colombia al borde del precipicio, sin aportar beneficios por el discutido acuerdo de paz con las FARC.
Desde el gobierno de Juan Manuel Santos se difunde la idea de que el acuerdo de paz con las FARC, rechazado por la mayor parte de la población, va a suponer un impulso para la economía de Colombia. Ya en diciembre de 2015, el Departamento de Planeación Nacional (DPN) presentó un informe según el cual el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) se incrementaría entre 1,1 y 1,9 puntos anuales por el final del conflicto. Según ese organismo, esto sería posible sobre todo debido a un aumento de la Inversión Extranjera Directa (IED). Pero la realidad se está mostrando muy diferente.
Entre enero y marzo de 2017, primer trimestre completo tras la firma del acuerdo por parte de Santos y del líder de las FARC, ‘Timochenko’, el crecimiento fue el menor registrado en ese periodo en ocho años. Se limitó a un 1,1%, menos de la mitad del incremento del 2,7% registrado durante los tres primeros meses de 2016. Esta mala evolución tiene mucho que ver con la errónea política económica del actual presidente.
Hundimiento de la Inversión Extranjera Directa
Hay otro dato, conocido la semana pasada, que demuestra que las optimistas proyecciones del Gobierno y el Departamento de Planeación Nacional eran infundadas. Lejos de aumentar la IED tras la firma de los acuerdos, ésta ha caído. Según los datos del Banco de la República, durante el primer trimestre de este año fue de 2.515 millones de dólares (2.206 millones de euros), un 46,5% menos que en el mismo periodo de 2016.
El Ejecutivo justifica esta reducción a causa de los ingresos extraordinarios que hubo el año pasado por la venta de la participación estatal en la eléctrica Isagen. El fondo canadiense Brookfield pagó entonces 1.925,25 millones de dólares (1.688 millones de euros). Aunque el argumento del Gobierno es cierto, también lo es que durante el primer trimestre de 2015, cuando no hubo ninguna operación de ese calado, la IED fue de 3.160 millones de dólares (2.771,2 millones de euros). Esto supone que, con respecto a hace dos años, la caída ha sido de un muy reseñable 20,41%.
No solo eso. Canadá no está entre los países cuyas empresas lideran la inversión en Colombia. El ranking está encabezado por EEUU, desde donde el flujo se ha reducido en un notable 7,6%. Le sigue España, con un incremento del 4,6%, y Panamá, con un aumento del 3%. Si la mala situación económica ya es de por sí un lastre a la IED, acciones como la expropiación de la filial Electricaribe al grupo español Gas Natural Fenosa envían un mensaje preocupante a cualquier posible inversor extranjero.
El costo del acuerdo con las FARC
El acuerdo de paz no resulta convincente para los inversores extranjeros. En principio, un escenario sin conflicto con las FARC debería ser beneficioso para la economía colombiana. Pero para eso deben darse varias condiciones. Una de ellas es que todos los guerrilleros se desmovilicen, y existen temores más que fundados de que esto no vaya a ser así. Es muy probable que, como pasó con numerosos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, muchos de ellos pasen a integrarse en el crimen organizado sin excusa ideológica. Además, sigue activo el Ejército de Liberación Nacional. El panorama dista mucho de ser de paz en el conjunto del país.
Además, la implementación de los acuerdos aumenta el temor a las expropiaciones de terrenos. Existen siete millones de hectáreas que serán sometidas a un proceso de “formalización masiva de propiedad rural”. En muchos casos se trata de tierras con propietarios legales que pueden ver cómo les quitan la titularidad para entregarlas a grupos que las asaltaron y se asentaron en ellas sin permiso.
A todo lo anterior se debe sumar el fuerte incremento del gasto público que va a suponer la implantación de los acuerdos de paz. El Departamento de Planeación Nacional prevé inversiones de 130 billones de pesos colombianos (42.130 millones de dólares, 36.935 millones de euros) para los próximos 15 años. Esto equivale, según los cálculos del DPN, al 10,7% del PIB nacional. Hacer frente al 80% de estas cantidades (el Ejecutivo prevé, aunque no explica en qué basa su predicción, que el 20% sea sufragado por fondos de cooperación internacional) supondrá un importante lastre para la economía del país.
El gobierno de Santos ha puesto la economía de Colombia al borde del precipicio, sin aportar beneficios con el discutido acuerdo de paz con las FARC. Ni sus conciudadanos (según una reciente encuesta de Gallup Poll solo le respalda el 24% de la población) ni los inversores extranjeros se fían de él. Si no da un giro de 180 grados, no solo seguirá hundiéndose la popularidad del presidente. Además, y lo que es más grave, el daño para el país será muy difícil de reparar.
