La última iniciativa para garantizar nuevos derechos de ciudadanía es la reforma de la Ley de Patrimonio, según la cual el Gobierno podrá expropiar cualquier terreno o inmueble existente que suponga, a juicio de la ministra, un "factor de perturbación", como por ejemplo que esté cerca del hábitat de una rara familia de artrópodos sobre la que pese la sospecha de una próxima extinción, por culpa del cambio climático, claro.
Las zonas costeras será probablemente las queden más expuestas a la creatividad medioambiental de la Narbona, que gracias a su flamante ley va a tener barra libre para expropiar lo que considere oportuno. Por supuesto lo hará por el bien de todos nosotros, incapaces de elegir el lugar de nuestra segunda residencia, y especialmente en las provincias gamberras, donde la gente ni siquiera sabe votar al partido correcto.
El asunto es preocupante y en algunas zonas puede adquirir tintes dramáticos. Por ejemplo, en la costa almeriense cercana a Murcia, donde muchos altos cargos socialistas se han construido sus chalets de progreso sin respetar la franja costera de quinientos metros establecida por la ministra a modo de línea Maginot para contener las ansias depredadoras del ladrillo salvaje.
Puesto que el Gobierno de Rodríguez Zapatero, a juzgar por la recientemente inaugurada línea de publicidad institucional, lo es también de España, lo más probable es que la Narbona comience su tarea purificadora dando ejemplo en la bonita localidad almeriense que acoge el descanso estival de sus colegas de partido, seducidos en un momento de debilidad por el señuelo del urbanismo irracional. El día que ZP, Marín, Almunia y Sebastián vean aparecer en lontananza una división de bulldozers dirigida desde el capó de la excavadora insignia por Cristina Narbona, con traje negro de látex y látigo de nueve colas, se darán cuenta de hasta qué punto es peligroso dejar tanto poder en manos de una ministra que ha hecho de la ecuanimidad y el rigor ético sus principales líneas de acción política.
Y todo por no explicarle a la ministra justiciera que eso de suprimir el derecho a la propiedad privada va dirigido solamente contra las comunidades autónomas gamberras. ZP aún está a tiempo de solucionar el malentendido. Tan sólo se necesita distinguir en el mapa de territorios sujetos a la expropiación forzosa los que son de progreso de los que no lo son. Es fácil, sólo hay que pintar de azul mahón las comunidades de Murcia, Valencia y Madrid. A ver si así la gente se entera de una vez de lo que tiene que votar.
