El hecho de que el TSJ revocara el fallo, obedeciendo a Nicolás Maduro, no va a mejorar las cosas.
Desde la llegada al poder de Hugo Chávez, el deterioro de las libertades políticas y civiles ha ido de la mano de la decadencia económica de Venezuela. Este proceso se aceleró desde el momento mismo en el que Nicolás Maduro asumió la Presidencia de la República Bolivariana hasta dejar al país en las posiciones más bajas en diferentes análisis de ambas materias.
Tras el autogolpe ejecutado a través de la sentencia 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la situación no puede sino empeorar. El hecho de que el TSJ revocara el fallo, obedeciendo a Nicolás Maduro, no va a mejorar las cosas. Que la más alta corte judicial dicte una sentencia y después la anule por “sugerencia” presidencial demuestra que se está ante una dictadura sin la mínima seguridad jurídica y con altos niveles de arbitrariedad. Y esto último es algo letal para el buen quehacer económico de cualquier nación.
La firme respuesta de la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos, así como de la Organización de Estados Americanos (OEA), hace prever una etapa de aislamiento regional creciente del régimen chavista. En el caso de que la OEA decidiera hacer caso a la petición de su secretario general, Luis Almagro, de activar la Carta Democrática (algo que ya se debatía antes del autogolpe) y se decidiera suspender la membresía venezolana en el organismo, las consecuencias irían más allá de las puramente democráticas.
Sin acceso a la financiación internacional
Como ya le ocurriera a Honduras tras el derrocamiento de Manuel Zelaya, la República Bolivariana perdería la posibilidad de acudir al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para conseguir financiación. Es cierto que por el momento Caracas apenas ha recurrido a este tipo de créditos, pero con unos ingresos por el petróleo a niveles mínimos no es descartable que tuviera necesidad de ellos en un futuro.
Además, al haberse convertido en un régimen ya abiertamente arbitrario y sin seguridad jurídica alguna, el gobierno chavista también lo tendrá muy difícil para financiarse en los mercados internacionales privados de deuda pública. El default del Estado venezolano es un escenario nada descartable a corto plazo. De hecho, en un duro golpe para la imagen de Nicolás Maduro, ya lo ha pedido el considerado “economista favorito” del inquilino del Palacio de Miraflores. Se trata del poco conocido profesor de la Universidad de Missouri Michael Hudson, al que el presidente venezolano calificó ante un grupo de empresarios como “uno de los más grandes economistas estadounidenses”.
La situación también tendrá un efecto perverso sobre la llegada y salida de capitales en el país. El grupo hotelero español NH ha dicho que mantiene su interés en seguir invirtiendo en Venezuela. Sin embargo, y si no se trata de una declaración de cara a la galería, seguramente sea una excepción. Nadie quiere arriesgarse a posibles expropiaciones caprichosas por parte de un autócrata que no tiene ante él ningún contrapoder con capacidad de pararle los pies. Y no solo eso. Si la situación no mejora, es posible que veamos otras multinacionales presentes en el territorio venezolano que comiencen a abandonarlo en un futuro no muy lejano.
PDVSA, en manos rusas
La única inversión foránea que se ve factible es mediante la creación de empresas mixtas petroleras con participación en PDVSA, aunque tiene un precio. La sentencia que permite crearlas sin autorización de la Asamblea Nacional (algo que era obligatorio hasta la semana pasada) no ha sido revocada. El gobierno de Vladimir Putin parece dispuesto a prestar ayuda financiera a PDVSA para que pague su deuda a corto plazo, pero nada es gratis.
La petrolera estatal rusa Rosneft se irá haciendo poco a poco con el control de la venezolana. Lo hará a través de esas empresas mixtas y de las acciones de ellas que el chavismo ha puesto como garantía para obtener financiación por parte de la compañía dirigida desde Moscú. El chavismo siempre ha exhibido con orgullo que PDVSA sea una empresa estatal. Maduro puede lograr que siga siéndolo, pero del Estado ruso. La privatización (que podría incluir el reparto de acciones entre los venezolanos) es algo que el inquilino de Miraflores ni se plantea, a pesar de que es la salida más beneficiosa para el país.
Maduro y el TSJ no solo han dado un golpe contra la libertad de Venezuela. Además han puesto obstáculos insalvables para que mejore una situación económica que ya es catastrófica. A partir de ahora la evolución tan solo puede ser a peor.
