La llegada de este joven partido en aguas de Estrasburgo y Bruselas, siempre turbulentas para quienes quieren navegar libremente por internet, es un buen toque de atención a unos políticos que en demasiadas ocasiones viven de espaldas a la realidad y los intereses de los ciudadanos. Una situación que resulta especialmente evidente en toda la estructura de la Unión Europea.
Tiene en común con otras fuerzas minoritarias, o incluso con un jefe de Estado como el presidente checo, Václav Klaus, una profunda desconfianza hacia el poco democrático funcionamiento de la UE. Pero algo les distingue del resto. Los dos puntos fundamentales de su programa son un cambio radical en el modelo actual de propiedad intelectual y una firme denuncia de los atentados que cada día cometen los gobiernos y parlamentos contra la intimidad y la libertad de los internautas. Y gracias a estos tres ejes se han convertido en el tercer partido por número de afiliados en Suecia, 43.250 miembros sobre una población total de unos 9,2 millones de personas, y en la quinta fuerza con mayor apoyo del país: se lo ha dado un 7,1% de los electores (en España, la tercera lista más votada ha sido la concentración de nacionalistas ‘Coalición por Europa’, con un 5,1% de los votos).
El ex diputado sueco de origen chileno Mauricio Rojas explicaba hace unas semanas a los sorprendidos asistentes al Seminario Lucas Beltrán, dirigido por Pedro Schwartz, que en el país escandinavo no existe la figura del funcionario tan común en lugares como España y que, además, sus habitantes son herederos de una larga tradición de campesinos libres. Estas dos características suecas chocan, sin duda alguna, con una estructura profundamente burocratizada como la de la UE y con la creciente normativa europea de control de internet. Si bien esto puede haber influido en el buen resultado del Partido Pirata, hay una razón más fuerte que lo explica.
La normativa española sobre propiedad intelectual, imposición por ley del canon digital incluida, resulta indignante. Lo mismo ocurre con algunas actuaciones de ciertos jueces referidas a esta materia, en concreto a las páginas con enlaces a redes P2P. Sin embargo, todo ello resulta una broma si se lo compara con Suecia. La ley impone multas draconianas por el intercambio de archivos, hasta el punto de que alguien puede ser condenado a pagar la friolera de 2.124 euros por descargarse cuatro canciones (531 euros por tema). Y en cuanto a los tribunales, todavía peor. El hecho de que el juez que condenara a los responsables de The Pirate Bay sea miembro de entidades de gestión de derechos de autor indignó a muchos suecos. Una indignación que creció al saberse que la primera magistrada a la que se le encargó la repetición del proceso pertenece a las mismas organizaciones.
Este último escándalo judicial ha dado un fuerte impulso durante los últimos meses al Partido Pirata. Cuando se pone la maquinaria de todos los poderes del Estado al servicio de los intereses particulares de unos pocos –en este caso discográficas y similares– no resulta extraño que parte de la ciudadanía se rebele. Esperemos que el desembarco pirata en Estrasburgo sirva para que los políticos de toda Europa reflexionen y pongan fin a las demenciales legislaciones sobre propiedad intelectual.
