Pero, por desgracia, su actividad no llega a ser nula. Es el autor –o al menos quien presentó– de una proposición no de Ley publicada (página 4) en el Boletín Oficial de las Cortes General el pasado mes de octubre y cuya redacción hace temer lo peor a quienes se preocupan por la libertad en internet. El texto en cuestión dice (la cursiva es nuestra):
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a liderar, en el marco de la Comisión Intersectorial contra la Piratería, una estrategia consensuada y eficaz que permita ordenar la circulación de contenidos en internet, para hacer frente a la piratería cultural, garantizando los derechos de los ciudadanos, favoreciendo el desarrollo de la industrial (sic) cultural en este ámbito y asegurando la debida protección de la propiedad intelectual.
Al margen del poco respeto a los ciudadanos que demuestra el hecho de que una proposición no de Ley contenga erratas –máxime cuando tiene que ver supuestamente con la cultura– el texto es preocupante. Parece anunciar una nueva oleada de iniciativas del partido en el Gobierno para favorecer a sus amigos de las entidades de gestión. No sería la primera. Cuando se presentó el proyecto de Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI), el Ejecutivo pretendía incluir a la SGAE y compañía entre las autoridades no judiciales con capacidad de ordenar el cierre de páginas web.
A esto hay que sumar la pretensión de Simancas de que el objetivo de la ley sea "ordenar la circulación de los contenidos en internet". Y que se haga, además, de tal manera que favorezca a la industria cultural y a quienes viven de la propiedad intelectual (esa ficción que, no nos cansaremos de repetir, atenta contra la libertad y la propiedad de los demás).
"Ordenar los contenidos que circulan por internet" no significa otra cosa que controlarlos y, por lo tanto, recortar la libertad en la Red. Implica pretender acabar con el orden social espontáneo que caracteriza el ciberespacio con la intención de proteger los intereses privados de un sector muy concreto. Sector cuyos miembros son, oh casualidad, en su mayor parte muy próximos al partido en el poder.
A esto cabe añadir que esa pretensión resulta totalmente pueblerina. ¿Pretende Simancas que una ley española controle todo lo que circula por internet? ¿Acaso cree que el Gobierno español tiene autoridad para actuar en Nueva York, Berlín y Buenos Aires? El único modo de que ese control –pues no se trata de otra cosa– fuese efectivo sería imitar a las dictaduras y obligar a que todo el tráfico de la Red con origen o destino en España pasara por un servidor controlado por el Estado. Ni tan siquiera al varias veces derrotado por Esperanza Aguirre puede pasársele eso por la cabeza. Posiblemente no sea más que una muestra de paletismo o arrogancia.
