El pasado 21 de abril los ministros de transporte de la Unión Europea acordaron lanzar otra carga de profundidad contra el mercado único europeo. El método elegido es verdaderamente cruel, no tanto por la lentitud con la que asfixia la libertad de mercado sino por su cobarde camuflaje a modo de armonizado sistema de financiación de las infraestructuras viarias.
La reciente imposición de tasas al tránsito de camiones en los países centrales de la UE había puesto en cuestión la verdadera esencia de la Unión: su mercado único. La estrategia de los agresionistas de estos países –popular y erróneamente conocidos como proteccionistas– era tan sencilla como perversa. “Si los países periféricos de la Unión tienen que pasar por nuestro territorio, hagámosle pagar peaje con lo que elevaremos el coste de sus empresas de transporte y favoreceremos a las mercancías producidas en los países centrales a costa de aquellas que proceden de países periféricos.” Una barrera comercial con careta de peaje para la financiación de las infraestructuras en función de la cual los camiones de más de 3,5 toneladas tendrán que pagar por no contravenir la ley de la gravedad y desplazarse a ras del suelo. Los padres de la criatura no supieron esconder la verdadera naturaleza de la medida, en un punto indefinido entre el agresionismo aduanero, la voracidad impositiva y el endiosamiento de la acción coactiva estatal, al autorizar que el dinero recaudado se pueda destinar a tapar algunas de las vergüenzas más comprometedoras del estado del malestar como es el caso del déficit sanitario.
De esta extraña forma los ministros en cuestión han decidido “atajar” el problema de la proliferación de tasas al tránsito de camiones por distintos países europeos. Parece que sus cerebros sufren un bloqueo mental ante la forma más sencilla de solución: prohibir las tasas que los propios gobiernos de algunos de los representantes estaban imponiendo. No, ellos piensan a otro nivel y adoptan soluciones más modernas y sofisticadas: autorizar, alentar y armonizar nuevas tarifas aduaneras –perdón, peajes– que variarán en función del tiempo de uso de la infraestructura viaria, del horario y las fechas o de la emisión de gases contaminantes.
Los políticos de la mayoría de los países periféricos entendieron la jugada y se opusieron a la aprobación de la directiva. Así, los ministros de Bélgica, Estonia, Finlandia, Grecia, Malta y Portugal se opusieron o se abstuvieron aduciendo que la nueva tasa penaliza el tejido productivo y el sector de transporte terrestre de sus países. Vamos, que comprendieron que se trata de una vuelta encubierta al sistema mercantilista de aduanas internas. También los transportistas han interpretado la directiva en clave de barreras para dañar las exportaciones de los países más alejados del centro.
Y ¿qué ha hecho el gobierno español? Pues, por increíble que parezca, ha votado a favor de la nueva directiva. Y eso que España se encuentra entre los países directamente más afectados por esta nueva imposición de tasas. Por poner un ejemplo, los transportistas españoles tendrán que pagar un mínimo de 51 millones de euros al año al estado francés. Sin lugar a dudas ha sido una gran ocasión para que el secretario general de Transportes del gobierno español, Fernando Palao, exhiba talante por Europa declarando que valora positivamente un acuerdo que daña claramente los legítimos intereses de los ciudadanos españoles.
Los transportistas españoles se sienten abandonados y traicionados por su gobierno y, en su profunda ingenuidad, no se les ocurre idea más graciosa que pedir a los eurodiputados españoles que se opongan a la directiva cuando esta pase por el Parlamento Europeo. ¿Pero es que todavía piensan que hay algún eurodiputado español dispuesto a defender el libre mercado?
Una generación de patéticos políticos está destrozando la idea liberal de Europa como mercado único y, al ritmo que vamos, Francia terminará siendo el único en el mercado. Y así, todos salimos perdiendo. ¡Incluida Francia!
