México y Pemex pagarían un precio demasiado alto por conseguir un mayor peso político en la región.
Enrique Peña Nieto quiere calzarse las botas de Hugo Chávez y Nicolás Maduroen lo referido a la venta de petróleo en América Central y el Caribe. Según informó la agencia Reuters, el Ejecutivo de México está valorando ofrecer a los gobiernos beneficiarios de Petrocaribe una alternativa a este acuerdo de “cooperación energética” en el caso de que el presidente venezolano termine perdiendo el poder. La intención de convertir al país azteca en la potencia hegemónica regional es evidente.
Petrocaribe ha sido, y sigue siendo, para Venezuela una muy costosa herramienta de compra de apoyos en los organismos supranacionales americanos. Un total de 18 países acceden al crudo venezolano en condiciones muy ventajosas. El 40% de la factura se puede pagar mediante financiación a dos años, ampliable incluso a un cuarto de siglo. En el caso de que el precio del barril suba por encima de los 40 dólares (33 euros), el tipo de interés es del 1% (en la práctica, un tipo cero o incluso negativo).
Pero si estos pagos resultan ya de por sí ventajosos, las condiciones del resto de la factura lo son en un grado mayor. Los países que adquieren el petróleo de la estatal venezolana PDVSA no tienen la obligación de pagar el 60% restante con dinero. Funciona un trueque a gran escala, por el que los compradores entregan alimentos y otros productos a cambio del crudo. Según datos del gobierno de Caracas ofrecidos en 2017, entre 2005 y 2013 el resto de miembros de Petrocaribe pagaron a Venezuela con 1,41 toneladas de alimentos de primera necesidad, 62.000 vacas y productos textiles.
Ruina a cambio de poder político
Se trata de un modelo comercial totalmente ruinoso para Venezuela en general y PDVSA en particular, que explica en buena medida la absoluta dependencia que tiene el país de la compra de crudo por parte de Estados Unidos. A cambio, Caracas consigue apoyos en la Organización de los Estados Americanos (OEA) para evitar las sanciones y además un mecanismo para comprar voluntades dentro del país. Esto último se debe a que es el propio Estado quien se encarga de distribuir, vendiendo a bajo precio en los canales controlados por él, los alimentos que recibe a cambio del petróleo.
El modelo que estudia ofrecer el Gobierno de México a los socios de Petrocaribe es algo similar en lo referido a la financiación de la factura. En el seno del Ejecutivo de Peña Nieto, eso sí, no existe unanimidad sobre la idoneidad de sacar adelante el proyecto. Según Reuters, la Secretaría de Hacienda y la de Relaciones Exteriores son favorables a la idea, pero la de Energía se muestra reacia. Mientras los dos primeros departamentos buscan ganar influencia política en la región, la última desconfía por el continuo declive en la producción mexicana de petróleo.
No le faltan motivos para esta desconfianza. México alcanzó una producción máxima de 3,38 millones de barriles diarios en 2004. Desde entonces, todos los años ha ido decreciendo. En 2016 fue de apenas 2,1 millones de barriles diarios y se estima que al cierre de 2017 sea de apenas 1,93 millones (la menor desde 1980).
El deterioro es de tal magnitud que en 2014 el Gobierno mexicano tuvo que romper un tabú hasta entonces indiscutible. Sacó adelante una reforma constitucional que supuso, al año siguiente, el fin de un monopolio en la extracción del petróleo que duraba casi 80 años. Desde entonces, la estatal Pemex ha dejado de ser la única compañía autorizada a dedicarse a esta actividad en el país.
Coste excesivo para Pemex
Si Peña Nieto se decide a sacar adelante el proyecto, con independencia de la continuidad o no de Maduro en el Palacio de Miraflores, México y Pemex pagarán un precio demasiado alto por conseguir un mayor peso político en la región. El cobro por el crudo a largo plazo y con un tipo de interés real cero o negativo sería demasiado oneroso para el vendedor de los hidrocarburos. El Gobierno puede obligar a la compañía estatal a pasar por el aro, a riesgo de convertirla en algo parecido a la PDVSA actual, pero no a las privadas. Estas últimas preferirían dejar su actividad en el país azteca antes que aceptar un modelo de negocio que lastraría sus resultados.
La fuga de empresas petroleras sería fatal para las cuentas públicas mexicanas. Como botón de muestra, basta señalar que la administración pública cobrará a la italiana Eni un 83,75% de los beneficios que obtenga de la extracción de crudo en un yacimiento descubierto por ella en Campeche (el primero localizado por una empresa privada desde el fin del monopolio) en marzo de este año. El Gobierno de México debe valorar este tipo de cifras antes de lanzarse a buscar la hegemonía regional. El precio es demasiado alto para el país.
