Lo que Cuba no puede calcular

En los círculos que defendemos el cálculo económico como problema central de cualquier sistema estatista, existe una tentación fácil: enumerar síntomas —el tipo de cambio, los apagones, el agua, los presos políticos— y llamarlos “la misma crisis” por acumulación retórica. No es eso lo que quiero hacer aquí. Y tampoco me basta la lectura praxeológica sola: si el cálculo centralizado fuera solo un error técnico, corregible con mejores datos, no habría razón moral para oponerse a él, solo pragmática.

Pero suprimir el cálculo no es un ejercicio de pizarra: es la persona que necesita saber cuánto vale su dinero para decidir si compra la leche en USD o la revende, el que cambia dólares en la esquina para llegar a fin de mes, el periodista multado o preso bajo el Decreto 370 por publicar una tasa. Ahí no hay dos problemas (uno económico, otro moral) sino uno solo: negarle a esa persona el derecho a calcular es negarle el derecho a decidir sobre lo suyo. Aquí me aparto de Mises, que defendía el cálculo en términos de las consecuencias evitables de no tenerlo, y me acerco a Rothbard: el derecho a calcular no es un instrumento más para evitar el caos económico, es parte constitutiva del derecho de propiedad sobre lo que decides. Por eso lo que sigue es económico y moral a la vez, y no porque ambos lenguajes describan lo mismo, sino porque uno es la condición del otro.

Quiero argumentar algo más incómodo: que la campaña cubana contra los índices cambiarios, el traspaso de activos de GAESA, el colapso eléctrico y la represión no son cuatro crisis que coinciden, sino cuatro consecuencias del mismo agotamiento: un sistema que suprimió el cálculo y que ahora, en el punto exacto donde ya no puede persuadir de que la realidad es otra, solo le queda ocultarla o forzarla. Y eso obliga a una pregunta que normalmente evitamos: cuando la exposición viene de fuera —de una sanción, de un boicot que el régimen no controla— ¿es eso una corrección de mercado, o solo otra coacción sustituyendo a la anterior? No es una pregunta retórica. Hay un caso real a favor de la primera lectura: sin la sanción, GAESA seguiría operando en la sombra indefinidamente, y esa sombra tiene un costo humano concreto.

Y el costo de no presionar no es abstracto. GAESA llevaba treinta años sin auditoría externa porque nada la obligaba a tenerla: ni el mercado interno, que no existe, ni un Estado extranjero, que hasta mayo prefería no tocarla. La sanción rompe esa comodidad. Le corta el acceso a divisas que antes fluían sin pregunta, y esa fricción, aunque no cree propiedad privada, sí encarece el disfraz. Eso es algo, aunque no sea suficiente.

Creo que esa lectura es incompleta, pero merece más que una frase antes de descartarla

Por qué el desplazamiento de culpa no es propaganda, es necesidad.

Mises no dijo solo que los precios transmiten información. Dijo algo más radical: que sin propiedad privada de los medios de producción no existe ningún mecanismo, ni siquiera imperfecto, para comparar el valor de usos alternativos de un recurso. Traducido a lo que vivo aquí: el régimen cubano no elige mentir sobre la causa de sus crisis por mala fe coyuntural, sino porque decir la verdad —que no hay forma de calcular racionalmente dentro de este sistema— lo obligaría a reconocer el mismo problema en los cuatro frentes a la vez. Atacar al índice cambiario, a quien cuestiona “el bloqueo” como explicación única, o a quien documenta la escasez de agua, no es una estrategia de comunicación entre varias posibles: es la única jugada disponible una vez eliminada la posibilidad de corregir el error. Rothbard, en Poder y mercado, describió la espiral del intervencionismo como algo esencialmente político —cada intervención justifica la siguiente—, pero conviene notar que también es económica: es lo que queda cuando el cálculo ya no existe y hay que sustituirlo por algo, y lo único disponible, cuando el relato no basta, es la fuerza.

GAESA y el límite de lo que una sanción puede corregir

Aquí el argumento se pone más difícil, y prefiero no esquivarlo. Desde mayo, bajo la Orden Ejecutiva 14404, Washington ha sancionado uno por uno los brazos de GAESA —BFI, RAFIN, AUSA—, y parte del análisis internacional celebra esto como la disciplina de mercado llegando por fin a un conglomerado que operó treinta años sin auditoría. Yo no comparto esa lectura sin matizarla. Lo que en realidad estamos viendo es que la Terminal de Contenedores del Mariel traspasó su patrimonio a Coral Marítima, empresa estatal del Ministerio de Transporte; que el Miramar Trade Center quedó al cien por ciento en manos de un fondo extranjero para sacar a GAESA del capital compartido; y que Meliá e Iberostar, tras romper formalmente con Gaviota, ya negocian contratos con empresas estatales sin ese nombre en el membrete. La sanción no obligó a GAESA a calcular. Lo obligó a disfrazarse. Y esa distinción es más importante que la anécdota de qué empresa cerró qué hotel, porque revela el límite exacto de lo que la presión externa puede lograr.

Una sanción externa es, al mismo tiempo, la única fricción real que GAESA ha sentido en tres décadas, y la intervención de otro Estado, no la restauración de un mercado. Puede quitarle a GAESA el acceso al sistema financiero internacional. Lo que no puede hacer es crear, dentro de Cuba, lo único que de verdad disciplinaría a ese conglomerado: derechos de propiedad verificables y la posibilidad de que alguien, desde adentro, pregunte si un activo genera valor o lo destruye, sin arriesgar la libertad por preguntarlo. Mientras esa pregunta siga sin poder hacerse desde dentro, la presión externa seguirá produciendo lo que ya produjo: no liquidación, sino metamorfosis administrativa.

La infraestructura como evidencia, no como metáfora

Los apagones y la escasez de agua suelen leerse como una crisis de mantenimiento diferida. Böhm-Bawerk explicó por qué eso es insuficiente: una estructura de capital no se sostiene sola, requiere reposición continua según preferencia temporal y rentabilidad esperada. Pero identificar cuándo y cuánto reponer es, otra vez, el problema de Mises: una empresa eléctrica o hidráulica estatal, que nunca enfrenta una prueba real de pérdidas y ganancias, carece del único mecanismo que le indicaría la respuesta. No es negligencia puntual. Es la ausencia estructural de la misma información que la campaña contra el índice cambiario intenta silenciar en otro terreno: el apagón y el ataque a El Toque son el mismo vacío informativo, medido en unidades distintas.

Lo que la coacción hace cuando ya no hay relato posible

Y llego a la pieza que no quiero suavizar. Un sistema que no puede calcular tampoco puede persuadir indefinidamente: cuando la brecha entre lo que el régimen dice y lo que la gente vive se vuelve demasiado ancha para cerrarla con propaganda, queda un solo instrumento, la coacción directa contra quien señala esa brecha. No leo esto como una elección moral aparte del argumento anterior, sino como su consecuencia lógica dentro del mismo intervencionismo que describe Rothbard: agotado el relato, lo que sigue no es el silencio, es forzarlo. Los presos políticos no son un capítulo distinto de la historia económica cubana. Son lo que ese sistema necesita para seguir existiendo un día más.

Una pregunta que dejo abierta

Vuelvo a la pregunta del principio, porque no creo que se resuelva del todo. Si el argumento anterior es correcto, la exposición que viene de fuera —por sanciones, por presión internacional— no restaura el cálculo ausente: solo lo hace más difícil de ocultar. Y sostener eso desde aquí no es un gesto barato. Pero acelerar la ruptura de un espejismo, como ocurrió en Venezuela, no equivale a sustituirlo por instituciones que calculen de verdad. Eso solo lo hace la propiedad privada, restaurada desde adentro, no desde una orden ejecutiva firmada en otro país. Mientras tanto, cada vez que el régimen culpa al índice, al termómetro, en lugar de a quien enciende el fuego, sigue confirmando —sin proponérselo— que el problema nunca fue el instrumento que mide.

Author: Katheryn Rubio