La reforma de Cristina Cifuentes no elimina, sino que multiplica y empodera la estalinista burocracia universitaria a la hora de controlar la creación de universidades.
Con todo lo que se habla de paro juvenil o fracaso escolar, es extraño lo poco que se suelen emparejar ambas cuestiones.
El gobierno de una comunidad autónoma no debería traficar con las licencias universitarias como pretende hacer Cifuentes.
El proceso educativo no puede encararse a través del empleo de la fuerza.
No es evidente que el resto de los contribuyentes deba regalarnos el coste de matriculamos en la universidad.
Curiosa gratuidad que le va a costar a los contribuyentes madrileños 40 o 50 millones de euros.
La propuesta más interesante es la desgravación del coste de la educación privada de los impuestos.
Gabriel Calzada Álvarez ha sido nombrado nuevo presidente de la Association of Private Enterprise Education.
Ni Harvard, Stanford u Oxford podrán publicitarse en Madrid si antes no obtienen el provinciano plácet del Gobierno regional.
No es la Constitución la que restringe la posibilidad de crear centros educativos, sino los decretos.