Desde que en el 39° Congreso Federal del PSOE se cerrase la puerta a debatir sobre la posible regulación de la gestación subrogada, los socialistas españoles han abrazado las tesis del feminismo radical que considera que actividades como la gestación subrogada, la prostitución o la pornografía constituyen una forma de mercantilización del cuerpo de la mujer que resulta indefendible. El propio expresidente Zapatero así lo señaló durante el 40° Congreso del partido que tuvo lugar el fin de semana pasado. No obstante, estas tesis presentan graves problemas teóricos y empíricos. A continuación intentaré analizar algunos.
Andrea Dworkin (1993) y Catharine MacKinnon (1993) son dos de las teóricas abolicionistas más conocidas. La primera considera que la prostitución es una práctica «intrínsecamente abusiva» en la que el hombre paga y hace lo que quiere con el cuerpo de la mujer. Además, la contraprestación económica en ningún caso hace que esta experiencia le resulte placentera ni deseable. En línea con Dworkin, para MacKinnon la prostitución supone la negación de la humanidad de las mujeres. En esta actividad, «las mujeres son torturadas mediante violaciones repetidas […] son prostituidas precisamente para ser degradadas y sometidas a tratos crueles y brutales sin límites humanos; es la oportunidad de hacer esto lo que se intercambia cuando las mujeres se compran y venden por sexo» (MacKinnon, 1993: 13).
Las posturas abolicionistas, al contrario que las prohibicionistas, no defienden la prohibición legal del trabajo sexual ni la persecución de las prostitutas (utilizo el femenino porque en su mayoría son mujeres, aunque no hay que olvidar que los hombres homosexuales y los transexuales también son un porcentaje importante de los trabajadores sexuales), pero tampoco están a favor de un reconocimiento jurídico que la homologue con la provisión de otro tipo de servicio.
El modelo sueco, la legislación que fue adoptada por ese país en 1999, es ejemplo abolicionista por antonomasia. Parte de la consideración de la prostitución como una forma de violencia de género, y criminaliza y persigue penalmente la compra de sexo, es decir, a los clientes, en vez de a las prostitutas. Este modelo se ha implantado además en Islandia, Noruega y Francia.
Este tipo de legislación asocia la prostitución con la trata con fines sexuales y la explotación sexual. Para los abolicionistas, no se puede diferenciar entre prostitución voluntaria y explotación. Nadie, si no fuese por obligación -coacción o necesidad económica-, podría prestar su consentimiento para acostarse con otra persona a cambio de dinero.
Este argumento esconde la idea de que una persona en situación de necesidad económica pierde su capacidad de agencia y, por lo tanto, la posibilidad de decidir libremente. No obstante, cabría preguntarse si el derecho a disponer del propio cuerpo debe ser un derecho exclusivo de quienes se encuentran en una mejor situación socioeconómica.
Lo que debemos valorar es si ese intercambio limita de alguna manera los derechos y las libertades de quienes participan en él. Y en ese sentido, es un error creer que la introducción de dinero en una relación la contamina hasta el punto de invalidar el consentimiento expresado por un individuo adulto, ni siquiera cuando dicho consentimiento se produce motivado por la necesidad económica. Esta, que es la motivación principal tras la realización de la mayoría de trabajos, no introduce un vicio en el intercambio que deba llevarnos a reprobarlo. Lo cual no quiere decir que no deba preocuparnos que una persona carezca de alternativas suficientes entre las que elegir para poder tener un sustento económico que le permita desarrollar sus planes de vida. Pero si de verdad nos preocupa que la situación económica personal condicione las decisiones de la gente, debemos enfocar nuestros recursos en mejorar su situación o en ofrecerles alternativas, pero en ningún caso en restringir las disponibles cortando su libertad y capacidad de decisión.
En definitiva, el modelo abolicionista parte de un enfoque paternalista e infantilizador, así como profundamente antiliberal. Para sus defensores, las mujeres adultas que acceden al trabajo sexual son como los menores, incapaces de dar su consentimiento. Desconocen que el consentimiento tiene que ver, precisamente, con la ausencia de coacción. Por ende, una persona será siempre más libre cuando pueda decidir sobre algo que si otra persona ha decidido de antemano por ello. De la misma manera en que aceptamos que una persona mantenga relaciones sexuales con otra persona sin que haya compensación económica, debemos aceptar la posibilidad de que una personas pueda consentir hacerlo a cambio de dinero.
Este modelo no solo parte de unos presupuestos, a mi juicio, equivocados. Una confusión grave alrededor del consentimiento o la creencia de que se debe poder legislar sobre lo que los adultos pueden hacer con su cuerpo. Además, yerra en su aplicación práctica, generando unas consecuencias nefastas para aquellas personas a las que pretende ayudar.
Temor a detención y condena
Estas políticas suelen empujar el trabajo sexual voluntario a la clandestinidad, haciéndolo todavía más inseguro: el temor a la detención y condena de los clientes hace que estos no estén dispuestos a dejar su información de contacto. Cabe añadir que contribuyen a aumentar el estigma, provocando que muchas trabajadoras sexuales confíen todavía menos en las autoridades y servicios de salud pública. (Holmström y Skilbrei, 2017)
Por último, también hay estudios que señalan que las prácticas policiales represivas, legales o ilegales, vinculadas a una criminalización, parcial o total, del trabajo sexual, están asociadas a mayores riesgos de infección por VIH o ETS, violencia física o sexual por parte de los clientes, así como un menor uso del preservativo durante la práctica sexual (Platt et al., 2018).
Por el contrario, su regulación está asociada con una disminución de los delitos sexuales (Ciacci & Sviatschi, 2018; Cunningham y Shah, 2018; Bisshop et al., 2017) y de ETS, debido a un mayor uso del preservativo (Cameron, Seager y Shah, 2020; Cunningham y Shah, 2018). Además, también se ha mostrado que la despenalización puede mejorar las relaciones entre las prostitutas y la policía al aumentar la capacidad de reportar incidentes violentos y facilitar el acceso a servicios de salud (Armostrong, 2016).
En definitiva, el abolicionismo, en lugar de perseguir el ejercicio coactivo del trabajo sexual, proteger la salud y garantizar los derechos y libertades de estas trabajadoras, encarna una comprensión reduccionista y paternalista que, a través de un marco de victimización de estas mujeres, socava su agencia, autonomía y capacidad de decisión. Pero ni ha conseguido proteger a las prostitutas ni ha conseguido abolir la prostitución.
