Son malos tiempos para ambas tiranías, con una oposición cada vez más presente y fortalecida en Cuba y con una constante caída de popularidad interna e influencia externa del presidente “bolivariano” en Venezuela. Y en los dos casos, los enemigos de la libertad responden de la única manera que saben: aumentando la represión.
Desde el asesinato (su muerte no fue otra cosa) de Orlando Zapata Tamayo, los ojos del mundo están puestos sobre Cuba, y eso es algo positivo. Sin embargo, medios y gobiernos de todo el mundo parecen dejar de lado lo que ocurre en Venezuela. Nos referimos a aquellos que defienden la libertad en vez de optar por la amistad con las tiranías. No esperemos que Moratinos o Rodríguez Zapatero condenen las represiones castrista y chavista. Tan sólo lo harán si se hunden esos regímenes dictatoriales de manera definitiva.
Esta semana, el social-caudillismo venezolano ha dado un paso de gran importancia cualitativa en su “castrización”. Por primera vez en seis años ha detenido a una persona por delitos de opinión. Es cierto que en Venezuela hay muchos presos políticos, pero hasta ahora el régimen trataba de disimular y les acusaba de los más dispares cargos. En esta ocasión no ha habido ni ese esfuerzo de hipocresía. El Gobierno chavista (hace tiempo que desapareció la separación de poderes) ha querido lanzar un mensaje claro: “Hablar contra nosotros se puede pagar con la cárcel”.
La víctima con la que se inicia esta nueva etapa de “castrización” ha sido elegida para demostrar que nadie está a salvo de la furia gubernamental. Nada menos que un ex candidato a la presidencia y ex gobernador de un Estado. ¿Su delito? Denunciar la alianza del chavismo con los grupos terroristas ETA y FARC. En definitiva, decir lo que muchos sospechan dentro y fuera de Venezuela desde hace tiempo y que un magistrado español ha puesto sobre la mesa.
Antonio José Chinchetru es periodista y miembro del ‘think tank’ Instituto Juan de Mariana.
