La solución pasa por la responsabilidad individual a la hora de que busquemos nuestro propio equilibrio entre beneficios y riesgos asumibles.
Las penas fundamentales serían básicamente pecuniarias y, excepcionalmente, para los casos de incumplimiento, el boicot y el ostracismo.
Si las calles, aceras y parques fuesen de propiedad privada, las labores de vigilancia y control serían más fáciles.
El positivismo adolece de una serie de inconsistencias internas de carácter puramente teórico.
Un sistema penal libertario buscaría reducir los conflictos reales y restituir los perjuicios ocasionados a los individuos.
La posible comisión “a distancia” de los ciberdelitos hace que se creen problemas serios de jurisdicción.
Los liberales nos vamos a ver obligados a desarrollar más nuestro enfoque en materia de Derecho Penal.
Las necesidades insatisfechas están ahí, y también está, aunque incipiente, la tecnología para satisfacerla.
Los totalitarismos tienen una facilidad pasmosa para reproducirse y colonizar si no se les hace frente.
Si esas sentencias existen es porque antes ha habido un “legislador” que tipificó como delito esa conducta.