A favor de la legalización de la eutanasia consentida

Siempre que exista consentimiento expreso, claro y libre, es legítimo cooperar con quien desea poner fin a su vida.

La semana pasada se admitió a trámite una proposición de ley presentada por Ciudadanos sobre la “muerte digna”, con voto a favor, entre otros, de PP, PSOE y Unidos Podemos. La iniciativa cosechó un amplio respaldo parlamentario, al contrario de lo que sucedió con la presentada por Unidos Podemos, sobre el mismo tema, escasos días antes. ¿Por qué motivo? Sencillamente porque Ciudadanos no incluyó en su propuesta el punto clave que la de Unidos Podemos sí incluía: legalizar la eutanasia consentida y el suicidio asistido. La propuesta de Ciudadanos aporta pocas novedades respecto de las leyes autonómicas actualmente vigentes, procura clarificar zonas grises, pero no va más allá. Debería llamarnos la atención que sea la izquierda populista, en otros ámbitos tan contraria a la libertad individual, quien en este caso esté defendiendo el estricto respeto a la libertad del individuo, mientras que partidos que se autodefinen como liberales, como Ciudadanos o el PP, ni siquiera acepten debatirla. Otra muestra más de que no son tan liberales como dicen.

El liberalismo, al menos en su corriente mayoritaria actual, asume que cada persona es dueña de sí misma: quien tiene la facultad de decisión última sobre una persona es esa misma persona y no otro individuo o grupo. Dicho de otra manera, toda persona tiene derecho a actuar de acuerdo con sus propias decisiones sin sufrir coacción ajena, siempre y cuando respete ese mismo derecho a los demás. Este principio, denominado derecho de autopropiedad o soberanía individual, es equivalente al principio de no agresión o de libertad negativa.

Partiendo de este principio se llega, por ejemplo, al derecho a la vida: todos tenemos derecho a que nos dejen vivir y todos tenemos obligación de respetar este derecho a los demás. Pero no debemos confundir el derecho a la vida con la obligación de vivir. Como cada individuo tiene la potestad de decidir sobre sí mismo sin interferencia coactiva de los demás, es totalmente legítimo que decida poner fin a su propia vida. Es decir, no sólo tenemos derecho a la vida, sino que también tenemos derecho a elegir, mientras dicha decisión sea posible, cuándo y cómo queremos morir.

En la actualidad, sólo seis países permiten la eutanasia consentida, esto es, la acción u omisión que provoca la muerte de una persona con su consentimiento (en general, un paciente en situación de sufrimiento irreversible): Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia y ciertos estados de EEUU y Canadá. Además, sólo en siete países (los seis anteriores más Suiza) es legal el suicidio asistido: la cooperación con una persona que decide terminar él mismo con su propia vida. Por tanto, estas dos prácticas se encuentran, desde la perspectiva de la ética de la libertad, injustificadamente prohibidas en casi todos los países del mundo.

Tanto la eutanasia consentida como el suicidio asistido deberían estar plenamente legalizados porque, de acuerdo con nuestra soberanía individual, la decisión última sobre la vida de una persona corresponde legítimamente a dicha persona. No sólo cualquiera debería tener derecho a acabar con su propia vida por sí mismo, sin cooperación de otras personas. También es totalmente legítimo pedir ayuda a otros (aunque no obligar) y que esos otros la concedan: solicitar los medios para que el paciente ponga fin a su propia vida (suicidio asistido), pedir la suspensión de un tratamiento médico (eutanasia pasiva) e, incluso, pedir ayuda directa, por ejemplo, solicitando que sea otra persona quien efectivamente suministre el veneno o fármaco (eutanasia activa).

Para que el suicidio asistido o la eutanasia sean legítimos es imprescindible, obviamente, que cuenten con el consentimiento de la persona que pone fin a su vida. De lo contrario no podría considerarse suicidio asistido ni eutanasia consentida, sino un homicidio y, por tanto un acto delictivo. Si el paciente tiene capacidad de expresar su voluntad, o lo ha hecho de forma expresa en el pasado, de manera consciente, clara y libre está legítimamente en su derecho. Si por el contrario el paciente no tiene capacidad de expresar su voluntad o existen dudas razonables sobre cuál sería si pudiera darla, por ejemplo, por encontrarse en situación de inconsciencia irreversible, la decisión por defecto es razonable que sea la de mantener con vida al paciente. 

Quienes defienden que el suicidio asistido o la eutanasia consentida deben permanecer prohibidas niegan que cada persona tenga la potestad de decidir sobre sí misma, y por tanto no consideran como válida su voluntad expresa sobre su propia vida. Para argumentar esto tienden a recurrir principalmente a tres argumentos que, sin embargo, no justifican dicha prohibición.

En primer lugar, están quienes opinan que la decisión última sobre la vida de una persona no corresponde a dicha persona en exclusiva, sino a la colectividad, la mayoría social o al Estado. Sin embargo, no existe ninguna justificación para que otras personas o colectivos tengan más derecho de decisión sobre la vida de un individuo que uno mismo, siempre que su acción respete ese mismo derecho a los demás. Lo contrario sería afirmar que los demás son dueños de uno mismo, o que en el pasado cada persona firmó un contrato renunciando a la facultad de decisión última sobre su propia vida, cosa que tal y como explica Michael Huemer en “The Problem of Political Authority”, no está justificada.

En segundo lugar, algunas asociaciones de médicos opinan que la eutanasia consentida debe prohibirse porque viola el juramento hipocrático. En primer lugar, que un médico haya realizado dicho juramento al graduarse, cosa que no es obligatoria, no justifica ni que puedan utilizar la coacción contra un paciente que libremente decida poner fin a su vida ni, por supuesto, que el Estado lo prohíba. A lo sumo exige que dicho médico no intervenga ni colabore con esta persona. No se puede obligar a un médico, ni a nadie, a cooperar con una persona que quiera acabar con su propia vida, sobre todo si va contra sus principios morales, pero esto no justifica que quien sí quiera ayudar a quien lo pide de manera explícita, consciente y libre, sí lo haga.

En tercer lugar, están quienes consideran que el dueño de nuestras vidas no somos nosotros mismos, ni la colectividad, sino una divinidad (en Occidente, típicamente el Dios cristiano). Por tanto, la decisión última sobre nuestras vidas no recaería sobre nosotros mismos, sino sobre dicha divinidad. Aun asumiendo que esto sea cierto, el problema es que la voluntad de dicha divinidad no es clara, ni está inconfundiblemente expresada ni es demostrable: distintas personas tienen interpretaciones muy distintas de la voluntad divina y estas personas conviven con otras que no son religiosas. ¿Qué norma es la que permite la convivencia pacífica de tal variedad de creencias religiosas y posiciones filosóficas? Precisamente, la de permitir que cada uno sea quien decida sobre su propia vida y exigiendo que todos respeten las decisiones de los demás. Es la respuesta habitual que da el liberalismo en los conflictos debidos a la variedad de creencias religiosas en una sociedad, y que además en Occidente está socialmente aceptado como correcto: la libertad religiosa.

En resumen, desde el punto de vista del liberalismo, cada persona es quien tiene la facultad de decisión última sobre su propia vida siempre y cuando respete ese mismo derecho de las demás personas. Esa soberanía individual no sólo podemos ejercerla para desarrollar nuestros pacíficos planes vitales en libertad, sino también si queremos poner fin a nuestra vida: tenemos derecho a la vida, pero no obligación de vivir. Siempre que exista consentimiento expreso, claro y libre, es legítimo cooperar con quien desea poner fin a su vida, y por tanto la eutanasia consentida y el suicidio asistido deberían estar legalizados. Argumentos como que la decisión última sobre nuestras vidas no corresponde al individuo, sino al Estado, a colectivos concretos o a Dios no justifican la prohibición actual. Que los partidos españoles que dicen inspirarse en la filosofía política del liberalismo, como Ciudadanos o el PP, se nieguen a debatir estas cuestionas demuestran que no son tan liberales como dicen.