A cualquier persona le produce lástima que alguien esté en paro o que carezca de recursos suficientes para permitirse lo que la Constitución denomina con un toque claramente socialista como “vivienda digna”. Pero cuando es la política la que interviene para solventar problemas como el de la vivienda, como de costumbre, yerra. Un buen ejemplo de esto ha sido el incremento del precio de este tipo de bienes desde que Zapatero llegó al poder. Como las regulaciones del suelo dan autoridad a las autonomías y ayuntamientos para que califiquen el destino de los mismos e incluso les permiten imponer un impuesto a la construcción, adicional al que satisfacen los constructores por los ingresos que obtienen, los precios se incrementan. Si a esto le sumamos que hay límites al número de pisos que pueden construirse, es probable que hallemos la razón por la que comprar una vivienda es un lujo. La culpa no la tiene el mercado sino la política.
La última propuesta en materia de vivienda busca, como se imaginan, ayudar a los desfavorecidos. Pretende exonerar del pago de fianzas en los arrendamientos de pisos a parados y pensionistas, entre otros. Curiosamente, no ha procedido del grupo parlamentario socialista ni del Gobierno, sino de CIU. Lo que plantea el partido nacionalista es que a aquellos que se han dedicado a ahorrar y han invertido en pisos que ponen en alquiler, les quiten la garantía que tienen para cobrar la cuota de arrendamiento.
Este plan sólo puede ser calificado de fascista porque considera que la propiedad privada sólo puede servir a la sociedad y que es el poder político quien debe decidir el mejor uso que debe darse a la misma. Así pues, los propietarios de viviendas vendrán obligados a aceptar que no les paguen o que si hay retrasos no puedan ejecutar la fianza establecida.
Por un lado, los contratos de alquiler no deberían siquiera tener unos mínimos establecidos por ley ya que son acuerdos entre personas responsables y libres y, donde hay voluntariedad, el Estado sobra. Por otro, no podemos olvidar que si se impone esta medida, los propietarios, con lógica, se negarán a alquilar las viviendas a parados, pensionistas y otros colectivos a los que va dirigida la medida.
La propiedad privada no es un capricho sino una necesidad. Es el resultado del trabajo y esfuerzo de la gente, es el medio de subsistencia más efectivo en un mundo regido por la escasez y, conviene repetirlo, es un derecho natural. Al igual que decimos que somos dueños de nuestro cuerpo, también lo somos de aquello que creamos. Si el resultado de nuestro trabajo, el salario, nos pertenece, aquello a lo que destinemos nuestro dinero también.
Cuando se nos obliga a actuar con nuestra propiedad de una forma determinada, como el caso que comentamos, se nos está arrebatando nuestra libertad de elegir, de utilizar el fruto de nuestro trabajo como deseamos. Es tanto como quitarle un poco de comida a alguien que está comiendo en un restaurante y ante la sorpresa del comensal, justificarse diciendo “es que lo necesito más que tú”.
La necesidad no puede ser nunca un argumento a favor del expolio total o parcial. La magnífica idea de CIU es una expropiación en toda regla. Implica eliminar las condiciones contractuales típicas del contrato de arrendamiento y obligar a los propietarios de los pisos en alquiler a asumir más riesgos.
En la medida en que tal propuesta se implemente, los resultados serán nefastos. Los propietarios evitarán alquilar sus viviendas a gente que no trabaje o que carezca de ahorros suficientes para permitírselo e incrementarán los precios de los alquileres para hacer frente al riesgo de impago.
Como es habitual, las medidas políticas no sólo no solucionan las cosas sino que las empeoran aún más. Los precios suben y el número de arrendamientos disponibles se reduce. La escasez, para ser el resultado de las políticas “sociales”. Así que cuando esta propuesta salga adelante, sólo podremos recordar aquella frase de George Bernard Shaw, “un gobierno que roba a Pedro para pagar a Paúl, siempre puede contar con el apoyo de Paúl”. Y así será, los parados, pensionistas y demás grupos beneficiados, darán botes de alegría. Pero los propietarios, esos malditos capitalistas como parece que piensan muchos, serán los olvidados y esquilmados por la política.
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