Nuestros actuales planificadores legales tienen ya pergeñada una nueva Ley (otra más) que regula el patrimonio natural ibérico y su biodiversidad. Mis peores temores se han visto confirmados: van a hacer de su conservación un objetivo colectivo, moral y nacional.
El proyecto de Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad recientemente aprobado por nuestro resuelto Gobierno, a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, va a sustituir la actual Ley 4/1989 para endurecer más aún, si cabe, la ordenación de nuestro territorio nacional (si bien muy extenso en superficie, escasamente disponible por culpa del consabido monopolio político-urbanístico). En su tramitación parlamentaria para después de este verano, ningún partido social osará enmendar la plana (so pena de excomunión laica) a este proyectado objetivo de planificación ambientalista.
Es penoso ver la hostilidad que muestra este proyecto de Ley hacia los otros pobladores (humanos) de dichos espacios naturales (agricultores, cazadores o sus propietarios bien definidos). Son ellos los que han dado sobradas muestras de gestionarlos mejor y no sus custodios estatales. Que estos últimos permitan un desarrollo sostenible por iniciativas meramente privadas y no subvencionadas o una protección privada de la biodiversidad parece algo imposible. Cualquier acción humana que afecte, incluso accidentalmente, alguna zona, planta o animal protegidos, acarreará multas millonarias. El festín sancionador y preventivo que se avecina por éste y otros proyectos legislativos en ciernes es abrumador.
Esta injerencia legislativa va a suponer otra nueva restricción impuesta al mercado en aquellas zonas delimitadas por los administradores ambientalistas de vidas y haciendas ajenas. Las comunidades autónomas han colaborado ya a ello y van a reforzar aún más este estanco de disponibilidad de sus respectivos territorios en su previsible carrera eco-reguladora.
Qué duda cabe que las Directivas de Aves (79/409/CEE) y de Hábitats (92/43/CEE) ayudaron mucho a alentar esas tendencias ordenancistas de nuestra particular especie íbero-reguladora. Fruto de ello, los europlanificadores diseñaron la denominada Red Natura 2000 (una suerte de programa ecológico paneuropeo) para poner fin «de una vez por todas» a la pérdida de la biodiversidad en los hábitats naturales terrestres y marinos de toda Europa de aquí al 2010, para deleite de las conciencias político-ecologistas del continente. Pocos sospechábamos que el legislador español iba, poco más tarde, a tomar impulso y dejar muy cortas estas orientaciones generales decretadas desde la Unión.
Pese a que la propia Directiva de Hábitats reconocía la necesidad de aplicar criterios flexibles cuando la superficie protegida saliera más del 5% del territorio nacional, (art. 4,2) y pese a que, además, la última cumbre onusina de Biodiversidad reunida en 2006 en Curitiba recomendaba proteger, al menos, un 10% de cada región ecológica, a nuestros representantes celtíberos les parecieron estas prevenciones bien poco y han establecido la custodia estatal(entre ZEPA y LIC solapados) de un 23% del territorio patrio.
La aportación media de los países europeos a esta superficie de protección intocable es de un 12%. Los más desarrollados (Alemania, Francia y UK) se han tentado las ropas y han sacrificado al sacrosanto altar de lo inmaculado no más el 7,9% (1,2). Nuestros políticos, con casi un cuarto de la superficie nacional, han querido ser, junto a eslovenos y eslovacos, los quijotes más verdes en esta cruzada conservacionista.
Nuestra todavía vigente Ley 4/1989 y sus desarrollos reglamentarios forman parte de un proceso político de cuasi-nacionalización creciente de espacios naturales que se inició con la Ley 15/1975, primera regulación nacional conservacionista, que protegía tan sólo meros y razonables enclaves (hoy con su propia ley). Luego el régimen jurídico protector del Estado (con las comunidades ya incorporadas por reparto constitucional en art. 149,1.23) se amplió a espacios cada vez más extensos (junto a mucha de su flora y fauna silvestres) para, finalmente, desembocar en este proyecto de Ley que engloba blindajes casi absolutos sobre zonas cada vez más vastas; a saber: áreas marítimas protegidas, espacios naturales incluidos en la Red Natura 2000, corredores ecológicos entre espacios naturales, áreas de montaña, espacios protegidos transfronterizos, toda la flora autóctona y toda especie animal silvestre (insectos incluidos), sus nidos, sus crías o sus huevos, estos últimos aun estando vacíos (sic).
A parte de sus excelentes intenciones, la ceguera de los conservacionistas, en su afán de extender su manto salvífico sobre la naturaleza, es pensar que todo acto de producción humana que use recursos naturales es un empobrecimiento de los tesoros de la naturaleza (lo dado estáticamente), sin atender al papel que la inteligencia humana juega en el proceso creativo de constante incremento en el suministro de recursos naturales económicamente utilizables, tan necesarios para todos nosotros y para las generaciones venideras.
Las innumerables ocurrencias interventoras de semejantes amigos ibéricos de la Naturaleza (1,2,3,4,5,6,7) tendrán irremediablemente efectos perjudiciales para nuestro progreso económico futuro.
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