Energía política

La línea intervencionista gubernamental se hace más que patente en la política energética española. La adopción del infame protocolo de Kyoto y la no menos lamentable moratoria nuclear nos han condenado al uso indiscriminado de las mal llamadas energías renovables. Estas energías, cuyos efectos colaterales en términos ecologistas son prácticamente inexistentes, configuran lo que se podría llamar la energía política.

Y esta energía política forma parte habitual del lenguaje de todo dirigente de cualquier condición, desde las derechas más recalcitrantes hasta las izquierdas más progresistas, desde ayuntamientos y diputaciones hasta los ministerios más influyentes. Nadie se libra de opinar, adoctrinar, incluso obligar a que usemos o participemos de esta cara y solidaria manera de hacer sociedad.

Nuestra peculiar política energética esta de enhorabuena. En la murciana localidad de  Jumilla se acaba de autorizar la construcción de la mayor central de energía solar fotovoltaica de España. La planta que cuenta con el apoyo de la Dirección General de Energía de la Comunidad Autónoma de Murcia y de la empresa Iberdrola, ocupará una superficie total de 120 hectáreas y generará una potencia total de 20 megavatios a cargo de 200 paneles de 100 kilovatios cada uno. De la noche a la mañana se ha convertido en el niño mimado del alcalde de la localidad, Don Francisco Abellán.

Aportará grandes beneficios para el municipio, como la posibilidad de tener energía alternativa, además de los ingresos que generan tanto las licencias de obras como su actividad económica, así como el canon fijo que la empresa deberá abonar por ocupación de los terrenos municipales.

Reveladoras las declaraciones del alcalde. En ellas se deja entrever que el único beneficio real para el municipio son los ingresos con los que engordarán las arcas del ayuntamiento en concepto de licencias, cánones y otros peajes.

Sería deseable que no se ocultara al ciudadano algunas otras consecuencias de la adopción de este tipo de políticas energéticas: que la producción de este tipo de energía es hasta once veces más cara que la generada por otros medios como nos indica el Libro Verde de la Unión Europea de Energía; que los 20 megavatios vayan a costar 130 millones de euros mientras que la central de ciclo combinado ubicada en el Puerto de Bilbao, de 800 megavatios, ha costado 260 millones; que al tener un precio intervenido, las diferencias a la hora de usar esta energía son repercutidas en todos los contribuyentes y no sólo en aquellos que gustan y quieren usarla; que esta energía tan dependiente del clima, no asegura una continuidad en el suministro. Todo ello es irrelevante si de por medio hay buenas, inocentes incluso malignas intenciones.

Don Francisco Abellán y todos sus imitadores, por arriba y por abajo, ya tienen su central a la que se unirán varios aerogeneradores y seguirán haciendo política para salvar a la sociedad de sí misma, que para eso les ha elegido el pueblo soberano.