La falacia del ‘impacto económico’

Es falso que el gasto público genere un impacto económico positivo en la sociedad.

Siempre que se inaugura una infraestructura pública se habla de su impacto económico: los beneficios que traerá sobre la zona y sus habitantes. «Esta infraestructura ─dicen los políticos─ será un auténtico acelerador de la ciudad y la región». Hoy pretendo demostrar que, lejos de ocasionar un beneficio, la obra pública ocasiona un perjuicio neto para la sociedad, tesis sostenida por los economistas de la Escuela Austriaca.

El razonamiento del impacto económico es así: A: se calcula el coste económico de la infraestructura (dato real disponible). B: se estima el ingreso derivado de la mayor afluencia de negocios, inversiones, turistas, mercancías, etc., en diversos sectores económicos. Tácitamente, se da por hecho que B es mayor que A, pero si fuera preciso explicitarlo con cifras, el economista puede inflar B tanto como sea preciso (el papel todo lo aguanta) para que el resultado neto sea positivo.

Este argumento presenta dos deficiencias. La primera es económica: no tiene en cuenta el olvidado, pero inevitable, impacto antieconómico de la medida. A modo de analogía: el impacto económico es la parte emergida del iceberg mientras que el impacto antieconómico es la parte sumergida, que necesariamente es mayor. ¿Por qué esto es así?

Todo gasto público es necesariamente antieconómico porque: a) sustituye la eficiencia dinámica (Huerta de Soto) de los procesos de mercado por la ineficiencia de la planificación centralizada. Los políticos y funcionarios que toman decisiones de gasto no poseen la información ni las habilidades ni los incentivos para emplear el dinero con racionalidad económica. Este es el teorema misesiano de la imposibilidad del cálculo económico en un sistema socialista, b) aún en el remoto caso de que el planificador central acertara, gran parte del dinero se quedará por el camino debido a ineficiencias burocráticas, retrasos, corruptelas, etc., c) los políticos tienen sus propios fines, distintos de los fines de los consumidores, por tanto, los proyectos no se atendrán a criterios de rentabilidad, sino ideológicos, electoralistas o de interés personal y d) la obra pública ha sido financiada mediante la confiscación lo que implica menor consumo, ahorro e inversión en la economía. Esto implica una menor acumulación de capital en la sociedad de lo que hubiera sucedido en otro caso.

La obra pública goza de relativa popularidad porque no vemos el coste de oportunidad ─todos los proyectos privados irrealizados─ y porque la propaganda de su imaginario impacto económico funciona a pleno rendimiento. Cuando la infraestructura tiene una utilidad visible (caso del AVE), la falacia del impacto económico puede tener cierto recorrido: muchos creerán que la sociedad ha progresado en su conjunto; pero en otras ocasiones, el desastre económico es un clamor imposible de acallar; por ejemplo, el aeropuerto de Castellón costó 150 millones de euros y apenas realiza operaciones aéreas (dos vuelos al día, en verano). En estos casos, los economistas de cátedra y otros diletantes al servicio de los políticos guardan silencio.

La segunda deficiencia del impacto económico es ética. La sociedad no es un ser ontológico, sino que está formada por individuos y son estos los que, en definitiva, ganan o pierden cuando se realiza una infraestructura pública. Da igual si el gasto se destina al AVE, a una feria mundial, a unas olimpiadas o a la investigación científica; en cualquier caso, hay una redistribución forzosa de la propiedad y unos ganan a expensas de otros.

Cuando se realiza una obra pública el dinero de muchos contribuyentes se concentra en un determinado lugar, por tanto, unas regiones o ciudades se benefician a expensas de otras menos favorecidas. Es frecuente que los políticos vendan sus apoyos parlamentarios a cambio de obras públicas, entre otras promesas. 

En conclusión, es falso que el gasto público genere un impacto económico positivo en la sociedad, al contrario, el dinero confiscado hubiera rendido mejores servicios si se hubiera invertido según criterios de mercado, a saber, en aquellos proyectos y lugares más necesitados y deseados por los consumidores.