Hace un par de meses analizaba los decepcionantes logros del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cómo organismo supuestamente controlador del gobierno y las administraciones públicas en España, después de su introducción por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Solapado entre otros mecanismos administrativos1, se consolida como un difumino o, incluso, un entorpecedor de la exigencia de responsabilidades políticas y jurídicas de los gobernantes y otros gestores públicos. En efecto, ese Consejo no tiene potestades de coerción ni sancionadoras sobre las autoridades incumplidoras y su elección depende del gobierno de turno, por mucho que se proclame su independencia funcional. Como se repite en otras cuestiones cruciales en la política y economía españolas, la burocracia autóctona al servicio del gobierno muestra una asombrosa maña para incumplir los compromisos del Reino de España por su pertenencia a instituciones como la Unión Europea y el Consejo de Europa, introduciendo impedimentos en la legislación y la práctica internas que los desvirtúan. ¿Se tratará de un fracaso de una parte de la “agenda globalista” frente a la picardía “localista” española?
Para corroborar lo dicho hubo que esperar a finales de marzo. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa publicaba su informe dentro de la quinta ronda de evaluación con respecto a España sobre la “Prevención de la corrupción y promoción de la integridad en los gobiernos centrales (altos cargos ejecutivos) y las fuerzas y cuerpos de seguridad”, aprobado en su reunión plenaria de Estrasburgo de septiembre del año pasado.
No es la primera vez que los informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones de dicho grupo han dejado en evidencia la escasa disposición de los sucesivos gobiernos españoles para prevenir y combatir la corrupción. Generalmente nunca discrepan de los consejos que se les ofrecen, sino que reiteran pretextos para no ponerlos en práctica. Particularmente significativas – en consonancia con otras instancias, tanto del Consejo de o la Comisión de la Unión Europea – han sido las llamadas de atención e todos estos sobre las escasas o nulas garantías de actuación imparcial e independiente del Ministerio Fiscal frente a un gobierno que elige a la jefatura de una estructura jerarquizada, o su clamor para que el órgano de gobierno de los jueces (el CGPJ) se componga, al menos, de una mitad de vocales elegidos directamente por los jueces entre ellos mismos para garantizar la independencia judicial y evitar tanto la politización, como el corporativismo en la Administración de Justicia.
En esta ocasión los relatores encargados de evaluar el grado de cumplimiento de las autoridades españolas, Emma Rizzato (Italia) en lo que se refiere a los altos cargos ejecutivos del gobierno, y Michelle Morales (EE.UU) en lo relativo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, se despachan con una diáfana contundencia. Aun considerando las alegaciones formuladas por los representantes del gobierno español, las conclusiones finales apuntan a que “España no ha cumplido ni ha tratado de manera satisfactoria ninguna de las diecinueve recomendaciones contenidas en el informe de evaluación de la quinta ronda. De las recomendaciones, siete se han aplicado parcialmente y doce no se han aplicado”.
Sirvan como ejemplo algunas observaciones muy significativas sobre el alcance de la transparencia, a la vista de la insostenible situación de algunos miembros del gabinete de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, incluido él mismo2 y su cónyuge3.
En primer lugar, el GRECO recomendó (recomendación 5) proporcionar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la independencia, la autoridad y los recursos adecuados para desempeñar sus funciones de supervisión de manera eficaz. Sin embargo, en su informe destaca, que las autoridades españolas no han cumplido con la puesta en marcha de esa institución de nuevo cuño.
En segundo lugar, el GRECO ha reiterado sus llamamientos para ampliar el alcance de la información financiera para incluir activos, intereses, empleos complementarios y pasivos, así como acortar los plazos para la presentación y publicación de esos informes, e incluir a los cónyuges y familiares a cargo las personas con altas funciones ejecutivas (Recomendación VIII) así como a los asesores (recomendación 1). Frente a esos requerimientos, el gobierno actual adujo, respecto a los asesores, que había abierto un periodo de consulta pública y que próximas reformas legislativas garantizarían el fortalecimiento de los valores éticos y los mecanismos de integridad de las instituciones públicas. En relación a la solicitud de información financiera sobre cónyuges y familiares a su cargo indicó que lo había descartado (en una de las pocas ocasiones que se plantea una oposición frontal) por restricciones derivadas de “la normativa de protección de datos”.
Nótese la añagaza. Tanto la Constitución española (Art. 18.4) como el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos4, se justifican por la indefensión que asuela al ciudadano frente al procesamiento de informaciones dispersas que le conciernen por parte del Estado o empresas especializadas. Obviamente el riesgo de vulneración de su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y de cercenamiento del ejercicio de sus derechos reviste una grado altísimo. Ahora bien, esa protección no puede entenderse como absoluta, por un lado, y menos aún esgrimir por personas que ostentan puestos de gobierno o representación política, por otro. No en vano, en un Estado de Derecho una de las obligaciones de esos cargos consiste, precisamente, en rendir cuentas e informar a la sociedad de aquéllos intereses personales que pudieran entrañar un conflicto con las funciones públicas que desempeñan.
Parecido juego se trae el gobierno con la Ley de Secretos Oficiales de 1968, que le sirve como cajón de sastre leguleyo para negar información incluso a diputados y senadores. Los vuelos en un avión Falcon oficial se programan para trasladar al presidente del gobierno a actos privados. Como por arte de birlibirloque se hacen coincidir con visitas más que dudosamente oficiales. Cuando se le pregunta por el coste, sus esbirros omiten la respuesta obligada, invocando de forma torpe una legislación que no impide en absoluto informar sobre el uso de los bienes públicos y su coste. Más recientemente, preguntas formuladas en sede parlamentaria sobre el coste y detalles del viaje del presidente del gobierno y su esposa, acompañados por un séquito de 45 personas, a Dubai para participar en el Día de España de la Exposición Universal han tenido la misma burlona respuesta. No solamente la transparencia, sino el simple cumplimiento de la legalidad son un sarcasmo en este contexto. Sorprendentemente no se vislumbra ningún tipo de instrucción penal para esclarecer si tal comportamiento constituye un vulgar delito.
El choque de esta práctica gubernamental con la recomendación del GRECO de avanzar en la aplicación de la Ley 19/2013 es evidente. Esa recomendación a todos los estados miembros u observadores del Consejo de Europa implica ratificar el Convenio de Tromsø de acceso a documentos públicos, facilitando los procedimientos de solicitud de información contenida en documentos públicos, estableciendo un plazo razonable para responder a la solicitudes e introduciendo requisitos adecuados para el registro y tratamiento de la información pública proporcionada en formato electrónico, así como sensibilizar al público en general sobre su derecho a acceder a la información. En este punto la actuación del gobierno español ha resultado ser más taimada. Alegó que se iniciarían los trámites para ratificar el Convenio del Consejo de Europa de acceso a documentos públicos. Sin embargo, siete meses después de la elaboración del informe del GRECO, el proyecto de ley necesario todavía no se ha remitido al Congreso de los Diputados.
En conclusión, sirvan esos ejemplos para comprender que las auditorías externas sobre diversas instituciones y los poderes públicos, realizadas por organismos internacionales como el GRECO, constituyen un material muy valioso para diagnosticar la situación que aqueja a España. Frente a un gobierno con tendencias autoritarias tan acusadas como el actual, el GRECO se ha convertido ya en una oposición consistente frente a tanto atropello.
1 De hecho depende del Ministerio de Presidencia
2 https://www.elconfidencial.com/espana/2022-04-22/anticorrupcion-abre-una-investigacion-por-los-contratos-vinculados-a-sanchez-calvino-e-illa_3412811/
3 https://okdiario.com/madrid/complutense-defiende-que-begona-gomez-lidere-catedra-formacion-aunque-no-ni-licenciada-6700029
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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