No descubriremos ningún secreto si afirmamos que el ministro de Hacienda es uno de los miembros del Gobierno más poderosos, por lo general tan sólo superado por el propio jefe del Ejecutivo. Se suele considerar que esta situación de preponderancia sobre sus pares le viene dada por su control del dinero llamado «público».
Pero su poder no es sólo sobre otros ministros, sino también sobre todo tipo de ciudadanos, empresas y organizaciones de la sociedad civil. El titular de la cartera de Hacienda controla un organismo que, al menos en España durante las últimas décadas, en numerosas ocasiones es utilizado para castigar o amargar la existencia a quienes no son afines al poder político de turno: la Agencia Tributaria. Hace unos meses, en el transcurso de una entrevista, Pedro Ruiz nos decía una frase tan contundente como cargada de sentido:
El miedo que había a la Policía de Franco, por inercia, ha pasado a los inspectores de Hacienda.
No es para menos. La acción de la Agencia Tributaria puede convertirse en una pesadilla incluso para quien no tiene cuentas pendientes con este organismo. Una mera inspección ordenada por motivos políticos, aunque las autoridades sospechen que no van a encontrar nada, puede suponer un trastorno difícil de soportar para cualquier particular o para los responsables de una empresa u organización. Eso por no hablar del daño que se hace a su imagen pública. Esto es especialmente cierto en un país como España, en el que domina socialmente la presunción de culpabilidad de todo aquel que es sometido al escrutinio de las autoridades tributarias.
Esta herramienta de poder inquisitorial puede ser utilizada como un instrumento para amenazar a aquellos que incomodan al poder político, incluso cuando no se utilice de forma efectiva. Y el ministro español Cristóbal Montoro la usa con ese fin de manera muy frecuente. No ha dudado en insinuar su uso contra partidos de la oposición, actores, periodistas y medios de comunicación privados. Estos últimos son objetivo frecuente de este tipo de insinuaciones.
A primeros de diciembre achacó las supuestas «informaciones falsas» sobre un tratos de favor a determinadas empresas a los problemas económicos de unos medios que, según él, tienen deudas pendientes con el fisco. No es la primera vez que lanza este tipo de afirmaciones, que tienen mucho de amenaza velada, sobre las empresas informativas.
Parece que, efectivamente, hay medios que tienen deudas con Hacienda o la Seguridad Social, como también hay sospechas fundadas de que están recibiendo un trato de favor en esta cuestión por parte del Gobierno de Rajoy. Pero no se les debe amenazar para que rebajen el nivel de críticas al Ejecutivo. Lo que Hacienda ha de hacer es, simplemente, tratar a esas empresas como a cualquier otra y obligarlas a saldar sus deudas. Pero no se hará, es mejor tener algo con que presionar a sus directivos y mantener abierto un acuerdo de facto que en realidad beneficia a ambas partes a costa de romper la igualdad ante la ley.
La hipocresía es evidente por ambas partes. Los directivos de determinados grupos de comunicación protestan cuando se les recuerda sus deudas con Hacienda, pero no las pagan sabedores de que al final no se va a actuar contra ellos. Desde el Gobierno no se les trata como al resto de empresas sabedores que la existencia de las citadas deudas permiten atar en corto a esos medios de comunicación cuando se ponen demasiado críticos. Y, mientras tanto, se lanzan sospechas sobre el resto de periódicos, radios, televisiones y diarios digitales, que sí tienen al día sus cuentas con el fisco.
Páguese la deuda que se tiene, y se quita el arma de presión al señor Montoro. Cóbrese lo que se debe, y nadie podrá denunciar un trato a favor a determinados empresarios. Todos, menos esos medios y el ministro, saldríamos ganando. Otra cosa, por supuesto, es que se deba empezar urgentemente a bajar impuestos. A todas las empresas y todos los ciudadanos; y ya.
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