Vamos a analizar cuatro historias que han sido de actualidad este último mes. La primera historia comenzó el 24 de febrero de 2018. Esa noche dos asaltantes (con otros dos cómplices esperando fuera) asaltaron una finca aislada en Palma de Mallorca. Amenazaron a los propietarios (un matrimonio de ancianos) para acceder a la caja fuerte, y en algún punto en el transcurso de su asalto, uno de ellos resultó muerto por un disparo de escopeta del propietario. El resto consiguió huir, no sin dejar heridos por diversos traumatismos a los propietarios de la finca.
Asalto y muerte
Primero, tengo que reconocer que pese a estar bien informado sobre estos temas, no supe de esta historia hasta que empezó el juicio el pasado mes de septiembre. La prensa lo cubrió superficialmente en febrero de 2018, resaltando siempre que el muerto era un ladrón, y lo metió en un cajón hasta septiembre de 2023. Es lo que se hace con cualquier crónica de sucesos. Se informa de lo que ha pasado sucintamente, para años más tarde, si se tercia, volver a informar del resultado del juicio.
Segundo, hay delitos que precisan de años de investigación y cuyos juicios son muy complicados. No era el caso que nos ocupa. Cuatro delincuentes comunes asaltan la casa de dos personas mayores ante la información de que guardaban dinero en efectivo de un negocio del que se acababan de retirar. Durante el asalto suceden unos hechos de los que las pruebas y testimonios de las partes fijan desde un principio lo fundamental: el dueño dispara durante el asalto a uno de los asaltantes, que, por el simple hecho de persistir en su asalto, estaba amenazando su vida. Es algo que un sistema de justicia normal podría haber juzgado en un año, dos a lo sumo.
Homicidio en la autodefensa
Tercero, la Guardia Civil no solo no centra su investigación en los asaltantes y la violencia que ejercieron sobre dos personas mayores, sino que lleva su ciencia policial al extremo para determinar qué golpes recibió el propietario de la finca antes y después de disparar a uno de los asaltantes. De hecho, determina que la mayoría de los golpes los recibe después de disparar (solo les falta añadir que en justa venganza). Cuarto, pese a ser un caso que iba a ser juzgado por un jurado popular, y el propietario de la finca podría contar con la simpatía de una parte importante de la sociedad, alguien (¿su abogado?) decide no hacer ruido y dejar que el rodillo de nuestro sistema pase tranquilamente por encima de este señor.
Y quinto, finalmente la fiscal acusa al propietario de homicidio sin eximente completa de defensa propia porque, como ya sabemos, no hay forma humana de que un civil dispare un arma de fuego sin ser condenado. Y sí, el jurado popular lo condena. Lo hace de forma tan surrealista como el resto del proceso, ya que solo hay un voto de diferencia entre los que condenan y los que absuelven, algo que por lo que dicen los expertos va a provocar un juicio nulo y que un pobre señor, que ya superar los ochenta años de edad, tenga que volver a someterse a la maquinaria judicial. Más allá de lo humano, el caso es el ejemplo perfecto de que este tipo de situaciones no tienen un culpable. Tienen muchos, y están en todas las capas que intervienen.
Fatal llamada de auxilio
La segunda historia tuvo lugar en Madrid en 2021. Una mujer llama a emergencias porque su hijo está agresivo y les amenaza con un cuchillo. Los policías intentan lidiar con él utilizando un escudo y sus defensas, pero se ven sobrepasados y finalmente le disparan entre tres agentes causándole la muerte. Sorprendentemente, el juez de instrucción decide que se celebre el juicio al no poder determinar que existía una eximente completa de defensa propia. El juicio comenzó el mes pasado y el titular de los medios (especialmente de eldiario.es) destacan que el muerto recibió diecinueve disparos de los agentes. En este caso, por fortuna, la fiscal sí ve eximente completa de legítima defensa y se espera que el jurado lo vea de la misma manera. Por contra, la madre del fallecido, cuya llamada comenzó toda esta historia, solicita a través de su abogado que los agentes sean condenados.
Sobre el funcionamiento de la justicia hay dos formas de ver este caso. La primera es asombrarse porque a unos policías, que acuden a una llamada de auxilio, se les pueda atacar con un cuchillo sin que eso les exima de ir a juicio por defender su vida. La segunda es preguntarse qué clase de magia opera en la justicia española para que este caso se pueda juzgar en menos de dos años, y la fiscalía entienda que hay eximente completa de legítima defensa cuando varios policías defienden su vida frente a un solo agresor, cuando no lo hace cuando es un septuagenario el que está siendo asaltado en un domicilio aislado por varios asaltantes.
Se reconoce el derecho a la autodefensa de los policías
Por otro lado, aquí opera el desconocimiento (reforzado por algo de ideología anti-policía importada de EEUU) sobre cómo son los enfrentamientos violentos con armas de fuego. Diecinueve disparos pueden parecer muchos para alguien que no haya visto un tiroteo en su vida, pero no lo son. Y vivimos en una época en la que si se quiere tener experiencia en tiroteos no hace falta alistarse como voluntario en Ucrania, solo hace falta una conexión a internet y muchas horas libres para ver los miles de vídeos de estos hechos que existen. Escuchar o leer a gente que haya experimentado en sus carnes situaciones así tampoco es difícil. Pero a una parte ilustrada de nuestra sociedad le parece muy desagradable este tipo de visualizaciones, y prefieren seguir profiriendo sandeces desde su púlpito moral cada vez que un caso mediático aparece.
Y, por último, en una sociedad abierta como la española hay de todo. Es algo que hay que asumir como coste por los beneficios que disfrutamos. Pero las leyes deben penalizar aquellos comportamientos antisociales que dificultan la convivencia pacífica entre los ciudadanos, o al menos no fomentarlos. Que una señora llame a la policía para pedir ayuda porque su propio hijo la amenaza con un cuchillo y luego el sistema la incentive a denunciar a estos policías por haber defendido su vida (y la de la señora) es delirante.
Resistencia ante la autoridad
La tercera historia tuvo lugar hace unas semanas. Un inmigrante africano fue reprendido por el personal de seguridad de Adif en Barcelona. Ante tu actitud agresiva le intentaron reducir, lo que finalmente no fue posible por la obstrucción de los propios usuarios de la estación y finalmente, por un sujeto que parece que se identifica como policía y ordena soltar al inmigrante. Los medios de comunicación publican el video resaltando que se produce una agresión racista del personal de seguridad y Adif pide retirar a los trabajadores del servicio.
Curiosamente, pocos días antes de este hecho, se publicó en las redes sociales un video de la estación de autobuses de Zaragoza donde varios policías nacionales reducen a un sujeto joven de raza negra de forma bastante aparatosa, mientras varios usuarios de la estación intentan dificultar la detención. La principal diferencia entre ambos videos es que en Zaragoza las personas que afean a los policías su acción no consiguen su objetivo. La prensa no tituló la noticia como una agresión racista. De hecho, ni siquiera la tituló como agresión de ningún tipo.
La autoridad de la Policía
Estamos ante un caso bastante claro de que lo que la sociedad le permite a la policía no se lo permite a trabajadores de seguridad, pese a que dentro del recinto donde trabajan están habilitados para detener (hasta la llegada de la policía) a cualquiera. O, dicho de otra forma, la sociedad no permite a unos trabajadores realizar las funciones que la ley sí les habilita a hacer, dejando su trabajo en una zona gris absurda.
A día de hoy no he conseguido acceder a la versión de los hechos de los trabajadores de seguridad. Las asociaciones del gremio viven con síndrome de Estocolmo, algo que opera en todos los profesionales que trabajan bajo la supervisión de los Cuerpos de Seguridad del Estado, y prefieren pasar página sin más.
Estas tres historias vienen a describir el estado social en el que estamos inmersos respecto a la violencia y la capacidad que tres tipos de ciudadanos tiene para enfrentarse a ella: ciudadanos en su propia morada, personal de seguridad privada en su recinto de trabajo y policías en su respuesta a una emergencia.
Samuel Vázquez
Sobre este tema, Samuel Vázquez es la persona que más está haciendo para denunciar la deriva social en la que estamos entrando. Samuel es un policía nacional que ha ganado notoriedad denunciando tanto en el Congreso de los diputados, como en la Asamblea de Madrid los problemas de la actual organización de las FCSE ante la criminalidad actual. En su libro Don’t fuck the police, escrito conjuntamente con un exguardia civil, desarrollan esta crítica de forma más extensa. Esta actividad intelectual que ejerce fuera de servicio le ha llevado a estar expedientado, y seguramente le impida seguir ejerciendo su profesión.
Solo por eso vale la pena leer a Samuel, ya que no abundan las personas que sacrifican su carrera profesional por transmitir lo que ellos creen que es lo correcto.
Una vez dicho esto, algunas ideas que transmite su libro son muy matizables y a veces simplistas en exceso. Es un tópico, que no por ello deja de ser cierto, que para un martillo todo es un clavo. Y en mis conversaciones con miembros de las FCSE ya había notado que nos ven a todos con forma de clavo. El caso de Samuel no es una excepción, aunque se agradece que el corporativismo lo limite a sus compañeros operativos, y no a toda la organización policial, que es lo que suele ser habitual.
Lobos y ovejas
Pese a todo, hay una parte de su visión que me parece especialmente errónea, y que queda reflejada en este extracto de su libro:
Por un lado, están los que no tienen capacidad para la violencia, ciudadanos normales que viven su vida sin interferir en la del prójimo; esos son las ovejas. Por otro están los que sí tienen capacidad para la violencia y ninguna empatía con el resto de seres humanos; esos son los lobos. Por último, están los que sí tienen capacidad para la violencia y a su vez sienten una tremenda empatía por sus semejantes; eso son los perros pastores, los policías.
Lo curioso y paradójico es que desde el punto de vista de las ovejas, no es el lobo sino el perro pastor el que representa el peligro, porque este, en su afán protector, no hace otra cosa que ladrarles y morderlas para que obedezcan. Lo hace por el bien del rebaño, sí, pero eso la oveja lo desconoce porque, si aparece el lobo y el perro pastor consigue ahuyentarlo, la oveja no llega a percibir la sensación de peligro. Si la suerte cambia de bando, la opinión de la oveja ya no contará porque estará en el estómago del lobo
No es una forma de ver el mundo que me sea desconocida. De hecho, es muy popular entre cierta derecha amante de los parches y pulseras de las FCSE. Y es una visión muy estúpida.
Pastor, no guardián
Antes de nada, voy a hacer un pequeño inciso que no trata sobre lo más importante, pero sí es interesante aclarar. En la ganadería extensiva se usan dos tipos de perros de trabajo. Los pastores y los guardianes. Los perros pastores se crían con los seres humanos, y se les adiestra para acechar al ganado de tal forma que puedan dirigirlo a voluntad del pastor. No permanecen con el ganado una vez que han terminado su trabajo, y su función no es defender a este de ataques. Los segundos, se crían desde cachorros con el ganado para impregnar en ellos una pertenencia al rebaño. Con esto se consigue que permanezcan siempre a su lado, y que les defiendan de cualquier agresión.
Si quisiéramos utilizar la metáfora de los perros y las ovejas (lo que no es recomendable), sería bueno escoger al tipo de perro correcto. Porque de escoger al perro pastor en vez del al perro guardián, lo que se está diciendo es que la policía es aquella que lleva a los ciudadanos por donde el poder quiere, y luego se va a casa a dormir caliente mientras los lobos atacan por la noche.
Una vez aclarado esto, vamos a lo importante: los seres humanos no tienen categorías naturales (más allá de las diferencias por género) respecto a su rol en la defensa de su vida y propiedad. Todos los seres humanos son perfectamente capaces de ejercer la violencia. De hecho, es la cultura la que tiene que atenuar esta capacidad para hacer posible la vida en sociedad. Lo que se lleva al extremo cuando hablamos de sociedad abiertas.
La Policía siempre tiene la razón
Y ahí nace el monopolio de la violencia (Samuel lo llama monopolio de la fuerza porque los eufemismos son parte de ese enorme esfuerzo que nuestro sistema tiene que hacer para que la sociedad acepte una situación que nos es naturalmente anómala).
Si no se entiende esto, difícilmente se puede diagnosticar los problemas que estamos viviendo, ya no digamos proponer soluciones. En las tres historias de las que hemos hablado no existen lobos, ovejas y perros pastores. Existen personas honradas forzadas a emplear la violencia y una sociedad que en su conjunto les penaliza por ello.
A Samuel le gustaría una sociedad que asuma (ante ausencia de evidencia contraria) que si la policía ha disparado veinte veces a un sujeto que amenazó a su propia madre es porque había que hacerlo. A mí me gustaría una sociedad donde si avisas a la policía de que has disparado a un asaltante a las tres de la noche el operador del 091 no te abroncara y te pidiera que vayas a ver si se encuentra bien. Seguramente nosotros podríamos llegar a un acuerdo para que estas dos cosas fueran así, pero hay otros 47 millones de habitantes con voz y voto, y muchos de ellos consideran que nuestras posturas son propias de radicales.
La cuestión de la legitimidad de la violencia
De esto hay dos culpables:
La ideología que niega la naturaleza humana por sistema y cuyas élites consiguen poder con la máxima de contra peor, mejor para ellos. En esta parte estamos de acuerdo, así que no voy a incidir en ella.
El segundo culpable es más complejo de ver: el monopolio de la violencia del Estado ha llevado a una sociedad donde lo que provoca rechazo es el empleo de la violencia en sí, no la legitimidad de la misma.
La prueba de esto es que los propios policías como Samuel se toman muy en serio que cada vez que un compañero mata a una persona, se evite el verbo matar, y se utilice en su lugar neutralizar. La policía no mata, la policía neutraliza. Tecnicismos profesionales aparte, a provocar lesiones a un ser vivo que pongan fin a su vida se le llama matar, lo haga alguien con placa policial o sin ella. Pero como la sociedad no asume que se pueda matar, ni siquiera en los casos en los es evidente que era la única opción, hay que inventarse una nueva palabra que solo camufla lo evidente.
Seguridad a cambio de libertad
Es un atajo que no lleva a ninguna parte. De hecho, empeora la situación, al aislar a la sociedad aún más de la realidad. Pero se usa, porque si estás dentro de una lucha con un periodismo activista que tiende a manipular titulares, la vía fácil siempre es muy tentadora.
Y en esa vía fácil está recurrir a la solución de más policía o policía más fuerte y mejor organizada como panacea a nuestros males. Y sí, seguramente cuando nuestra sociedad sea expuesta a dosis más altas de violencia (y lo va a ser, ahí Samuel tiene toda la razón) caminaremos por ese camino, aunque seguramente no de la forma que nos gustaría.
Las FCSE tendrán más poder, el ciudadano común tendrá aún menos. Compraremos seguridad con libertad, pero seguirán ahí las ideas estúpidas y el dogma de suprimir por completo la violencia que todos tenemos dentro (convertirnos en ovejas), en vez de encauzarla en la dirección correcta con reglas claras y que todos compartamos (apostar por la civilización). Y eso no hay martillo que lo solucione. Porque no todo es un clavo.
Ver también
Quis custodiest ipsos custodies? (José Antonio Baonza Díaz).
Defensa propia sí, pero constitucional y moderada (Fernando Parrilla).
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