Salvo que los permisos que finalmente se tramitaban no cumplieran los requisitos legales para ser otorgados, en cuyo caso sí estaríamos ante un caso evidente de prevaricación, la única actividad de este "comando antiburócrata" parece ser la de agilizar los trámites para el otorgamiento de estas autorizaciones oficiales a cambio de una cantidad de dinero. Pero si los trámites se hacían con sujeción a la legalidad, no veo dónde está el perjuicio para el ayuntamiento o para el resto de ciudadanos.
Cualquiera que solicite una licencia de apertura para un negocio sabe que tendrá que esperar varios meses antes de tener todo el papeleo en regla para poder iniciar su actividad. El tiempo es dinero, sobre todo porque los bancos no esperan a cobrar los intereses del dinero prestado hasta después que Gallardón estampa su firma en el documento oficial por el que se concede la autorización solicitada. Al contrario, los banqueros tienen la fea costumbre de exigir el pago de los réditos desde el mismo momento en que la pasta abandona la sucursal. Pero no se trata solamente de los compromisos con los bancos, sino que, además, cada mes que un negocio está cerrado por la falta de la firma en un documento, es dinero contante y sonante que el propietario deja de ingresar.
Por tanto, el soborno a los funcionarios encargados de esos trámites no es, en última instancia, más que una cuestión sobre la relación coste-beneficio. Si el pago que exigen los funcionatas es inferior al coste que la demora le va a suponer al empresario, es evidente que muchos de ellos optarán por acudir a ese mercado negro burocrático.
Hombre, el caso de los tíos estos del "guateque" gallardonita es un poco sorprendente, porque eso de establecer los precios según el tipo de negocio o los meses de tramitación que se ahorra el solicitante parece demasiado grosero. Sólo les faltó abrir una ventanilla adicional con el cartelito de "sobornos" y un listado con las tarifas vigentes.
Ahora dice Gallardón que va a privatizar el servicio de concesión de licencias, permisos y autorizaciones. Coño, pues eso mismo es precisamente lo que estaban haciendo ya sus funcionarios. De hecho, el alcalde debería otorgarles esa concesión a los creadores del sistema "guateque", por su probada eficacia a la hora de dar un servicio ágil al ciudadano. La otra solución es dejar de interferir en el proceso de creación de actividades económicas, más allá de los controles sobre el cumplimiento de normativas básicas una vez el negocio esté instalado. Pero eso supondría que los políticos perderían poder y las instituciones públicas un montón de dinero en concepto de tasas, y no parece que ningún político esté dispuesto a renunciar ni a lo uno ni a lo otro. Y Gallardón, probablemente, menos que los demás.
