El plan original preveía un presupuesto que superaría el de los Departamentos de Defensa, Educación y Sanidad juntos. El nuevo acuerdo fija el límite en los 0,7 billones de dólares originales, pero como ese límite lo pondrá el Congreso, en cualquier momento puede cambiarlo para ampliar la socialización del sistema financiero hasta donde deseen. Abierta la veda, no habrá libertad financiera que no sea automáticamente sospechosa y merezca el asfixiante abrazo del Congreso.
Pero hay un aspecto del plan original que resulta especialmente preocupante y es el que describe los poderes del Secretario del Teroso:
Las decisiones del Secretario tomadas bajo la autoridad de esta Ley no son revisables y no podrán ser revisadas por ningún tribunal ni por agencia administrativa alguna.
Es decir, que se coloca como un dictador, sin ley ni tribunal que se pueda interponer en su camino. Podría incluso decidir sobre sus propios poderes y ampliarlos sin más límite que la conveniencia política. El nuevo acuerdo devuelve los poderes del secretario del Tesoro al control del ordenamiento jurídico. Y así seguirá hasta que se produzca una nueva crisis y se decida que su actuación es tan urgente que no puede verse frenada por pequeñeces formales, como aquello del respeto al Derecho.
Hay una ley histórica que, a diferencia de casi cualquier otra, se cumple. Y lo hace con singular regularidad. Es la que observa que cuando hay una crisis de cualquier tipo, los políticos deciden ampliar el poder del Estado, aún a costa de las libertades de los ciudadanos, aduciendo que la medida es pasajera, temporal, aplicable sólo a las presentes circunstancias, para las que no valen los viejos instrumentos, cercenados por el respeto al Estado de Derecho.
Luego, cuando la crisis ya ha pasado, esos nuevos poderes no sólo no desaparecen, sino que se amplían para aplicarse a ámbitos de la sociedad para los que no estaban pensados originalmente. No mueren jamás. Lo transitorio, lo pasajero, se hace eterno. Y el respeto a las libertades y a los derechos del ciudadano, eso que debiera permanecer sin cambios, sí es un estado transitorio hasta la llegada de la nueva crisis.
Valga como ejemplo el Impuesto sobre la Renta, que se justificó en los Estados Unidos como medida transitoria para afrontar los gastos de la I Guerra Mundial, y son hoy el principal sustento de aquel Estado.
Las consecuencias políticas y económicas del último acto de fascismo por parte de la Administración Bush tienen largo alcance… al tiempo.
