El último acercamiento al modo yanqui de hacer las cosas mal ha consistido en colar de matute en una ley "ómnibus" como la de economía sostenible una disposición que permite al Ministerio de Cultura cerrar sin intervención judicial las páginas de enlaces P2P.
Teóricamente, la propuesta para acabar con estas web se iba a realizar antes de final de año tras el informe de una comisión ministerial que se conocería este mes de diciembre. Pero al igual que sucede en Estados Unidos, donde miles de medidas son aprobadas como añadidos a las leyes importantes para así ganarse el apoyo de congresistas clave, se han adelantado incluyéndolo en una ley que nada tiene que ver con internet ni con las descargas.
Además, esta disposición del anteproyecto de ley fue ocultada a la opinión pública cuando se aprobó en consejo de ministros y revelada unos días después, casualmente el mismo día en que se celebraba una manifestación de titiriteros pidiendo al Gobierno que impidiera las descargas P2P. La ley que pretende aprobar el PSOE lo convierte en policía, juez y fiscal a un tiempo, con facultades para cerrar toda página web que les moleste. Y eso no se puede tolerar, sea cual sea la excusa; no lo hace con páginas terroristas, pero pretende hacerlo con sitios web de enlaces que, con la legislación actual, ni siquiera cometen un delito, como han ido reconociendo en su mayoría los jueces que han examinado las denuncias de la SGAE y sus compis.
Naturalmente, está en juego algo mucho más importante que el destino de unos cuantos sitios web. No se puede conceder al Estado la potestad de cerrar a su libre albedrío un medio de comunicación, y los sitios web lo son. Con este arma, el Gobierno podría ordenar, por ejemplo, el cierre de Libertad Digital, y aunque previsiblemente un juez nos daría posteriormente la razón y nos permitiría volver a abrir las puertas, habría transcurrido mucho tiempo y el daño ya estaría hecho. La libertad de expresión es un derecho fundamental que está incluso reconocido en nuestra Constitución, que especifica que sólo una orden judicial puede ordenar "el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información". Eso es lo que está en juego, y no el destino de unos sitios web con enlaces a descargas de canciones y películas.
Muchos internautas han protestado ante este atropello, y la ministra de Cultura ha hecho el paripé de sentarse a hablar durante un cuarto de hora con algunos de ellos, y Zapatero el de decir que "no se va a cerrar ninguna web". Pero incluso los más fanáticos defensores del presidente del Gobierno –y entre quienes se reunieron con Sinde hay unos cuantos– no deberían sino reconocer que la palabra de Zapatero no tiene ya a estas alturas valor alguno. Este anteproyecto ha sido aprobado en Consejo de Ministros y elaborado con la colaboración de varios ministerios; es responsabilidad, más de lo habitual, del Gobierno al completo y de quien lo preside. No es la ley Sinde, sino la ley Zapatero. Además, al no cesar inmediatamente a su ministra, ha asumido la responsabilidad. Es el presidente, por tanto, quien debe ser puesto en cuestión por este intento liberticida de querer convertirnos en China.
