Se usa el alargamiento de la esperanza de vida y la mejora en la salud para ocultar lo que no deja de ser un recorte.
«Envejecimiento activo». Suena bien. Cada día vivimos más y mejor. Los setenta son los nuevos sesenta, dicen… o cincuenta. Y la esperanza de vida supera los 80 años (y subiendo). En este contexto, además, es una cifra algo engañosa, porque agrupa a los fallecidos a edad temprana, los muertos por causas no naturales (desde accidentes de tráfico a crímenes violentos) junto a los que fallecen a una edad avanzada. No es que esté mal la estadística, pero cuando una persona se jubila, a los 65 o 67 años, tiene una expectativa bastante más elevada que 14-15 años.
Así, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), a los 65 años los hombres españoles tienen una esperanza de vida de 19 años y las mujeres, de 23 años. No es una cifra menor. Dos décadas de jubilación, con una calidad de vida mucho mejor que la de sus padres y buena salud durante buena parte de ese período. Dos décadas para disfrutar de hijos y nietos… y para cobrar una pensión.
La mejor noticia de la sociedad española (somos uno de los países con más esperanza de vida en el mundo) tiene un reverso negativo. Desde un punto de vista financiero, hay que pagar esos años de más. Y hay menos trabajadores para soportar ese coste. ¿Las soluciones? Pues muchas: endurecimiento en las condiciones de acceso a la pensión (reforma de 2011 del PSOE), revalorización de las prestaciones por debajo de la inflación (reforma de 2013 del PP) y nuevo factor de sostenibilidad para ajustar el monto de la primera pensión a la situación de ingresos y gastos del sistema (2013).
Esta semana, Fátima Báñez reabría una propuesta antigua pero que nunca ha llegado a ocupar un lugar central en el debate público. Hasta ahora. Todo apunta a que va a ser una de las cuestiones clave en los próximos meses en lo que tiene que ver con las pensiones. ¿Y qué hay tras esa expresión –»envejecimiento activo»- que usó la ministra? Pues la posibilidad de que los españoles continúen trabajando una vez que hayan alcanzado la edad legal de jubilación (que, recordemos, ascenderá a los 67 años en 2027). Sería voluntario, eso sí, y hay muchas opciones detrás de esta formulación general. Y como en casi todo lo que tiene que ver con las pensiones hay una parte positiva y que podríamos considerar casi inevitable tras la propuesta. Pero también oculta un pequeño truco, uno más, que debería explicarse mejor a los españoles.
La propuesta
Con uno u otro nombre, la posibilidad de compatibilizar trabajo y pensión lleva años encima de la mesa. De hecho, en los últimos años se han ampliado las alternativas, con determinadas condiciones:
- jubilación flexible: posibilidad de compatibilizar la pensión de jubilación con un contrato a tiempo parcial, con recortes en la prestación de entre el 25 y el 50% en función de la jornada laboral
- jubilación activa: para personas que han cumplido la edad legal de jubilación y han cotizado el número de años necesarios para cobrar el 100% de la base reguladora; pueden cobrar su sueldo y al mismo tiempo hasta el 50% de la prestación que les corresponde. Además, los trabajadores que continúan con su actividad una vez superada la edad legal de jubilación tienen importantes bonificaciones en el pago de las cotizaciones sociales.
- prolongación de la vida laboral: también se permite trabajar más allá de la edad legal sin cobrar nada de pensión. A cambio, la prestación de jubilación será algo más elevada(entre un 2 y un 4% por cada año extra cotizado) una vez que se acceda a la misma.
¿Y por qué estaban prohibidas o muy limitadas estas opciones hasta hace unos pocos años? Pues porque los sindicatos siempre se opusieron a esta posibilidad, incluso si tenía un carácter voluntario. Por una parte, porque pensaban que los trabajadores de más edad bloquearían así el paso a los más jóvenes. Por otra, porque temían que pudiese ser una puerta al empeoramiento de las condiciones laborales: porque el empresario pagaría menos sabiendo que el Estado cubre en parte a sus empleados veteranos.
Sin embargo, a pesar de este rechazo por parte de los sindicatos, parece que el avance en esa dirección es imparable. En Europa hace ya muchos años que es lo normal y se incentiva activamente la compatibilidad de pensión y sueldo o la prolongación de la vida laboral. Y es que las ventajas superan con mucho a los inconvenientes. Para empezar, porque se hace difícil imaginar que alguien vaya a aceptar un sueldo inferior al que pudiera conseguir en el mercado sólo porque tenga una pensión complementaria. Pero además este es un modelo que da muchas posibilidades a los trabajadores en los últimos años de su vida activa.
Porque las opciones son muchas: cobrar el 100% de sueldo y pensión, seguir trabajando más allá de la edad legal y retrasar el inicio del cobro de la prestación (a cambio de que ésta sea más elevada una vez jubilado), media jornada y media pensión… No hay desarrollo legislativo y por lo tanto faltan los detalles, que en estos temas son fundamentales. Pero sí se intuye por dónde irán los tiros. Lo normal es que la próxima reforma de las pensiones amplíe las alternativas sobre la edad de jubilación. Es decir, empezaremos a cobrar la pensión cuando queramos (dentro de ciertos límites, más o menos flexibles): eso sí, los que se jubilen antes de la edad legal (que probablemente seguirá siendo de 67 años) tendrán una penalización y los que se jubilen más tarde, un bonus. A partir de ahí, también habrá flexibilidad para decidir cuánto trabajamos y cotizamos, y sobre el porcentaje de la pensión que cobramos en los últimos años de vida activa.
Es un modelo interesante que tiene varias ventajas, entre ellas que aprovecha el saber acumulado de una parte muy relevante de la fuerza laboral. Un trabajador de 60-65 años deja de ser visto como una rémora (en ocasiones se ha transmitido esta imagen tan dañina) y pasa a ser un activo para toda la economía. Muchísimas personas que se sienten útiles, productivas y con ganas de aportar pueden hacerlo. Y de perceptores pasivos de prestaciones pasan a ser contribuyentes.
Con este diseño del sistema, queda claro que la información es clave. Si la primera pensión a la edad legal va a sufrir un fuerte recorte respecto al último sueldo cobrado (la tasa de sustitución salario-pensión, que en estos momentos está por encima del 80%, pasará al 55-60%) el trabajador tiene que saberlo cuanto antes. Para planificar cuándo quiere jubilarse pero también para ahorrar por su cuenta. Báñez el otro día presumía en el Congreso de la herramienta puesta en marcha por su Ministerio y que permite que los trabajadores consulten a través de internet cuál será su futura pensión: «Es un simulador que permite al ciudadano tomar las decisiones necesarias para planificar su futuro. Desde su implementación, en 2015, se han hecho más de nueve millones de simulaciones. Francia se ha interesado por este mecanismo, novedoso y útil, y quiere poner en marcha un mecanismo similar». No es la famosa carta que prometió el Gobierno en su programa electoral, pero es un avance.
Las reformas y el ‘truco’
Dicho esto, como apuntamos anteriormente, las claves para analizar la medida residirán en los detalles de la misma. Por ejemplo, en cómo sean esos recortes para las jubilaciones anticipadas y en los premios para los que retrasen el retiro.
Para empezar hay que aclarar que las dos reformas de 2011 y 2013 ya están recortando la primera pensión si tomamos como referencia la que se cobraría en la edad legal (67 años a partir de 2027) con las reglas anteriores. Probablemente es inevitable en términos financieros, pero hay que aclararlo. Porque cuando se dice que se penalizarán las jubilaciones anticipadas y se premiarán las retrasadas se piensa en términos actuales: «Si me jubilo a los 67 cobraré lo que me toca«. Y sí, cobraremos lo que nos toque, pero será menos, en relación con nuestro salario y con lo aportado en cotizaciones, de lo que nos habría tocado en 2010. Porque las reglas han cambiado.
O por decirlo de otra manera: el que quiera mantener las condiciones actuales tendrá que jubilarse más tarde. La edad teórica de jubilación seguirá siendo 67, pero en cierta medida será una ficción, porque las condiciones en ese momento serán otras (las que se derivan de la aplicación de las reformas paramétricas de 2011 y el Factor de Sostenibilidad de 2013).
En este sentido, es interesante ver la diferencia de las reacciones en este tema frente a la obsesión de los partidos de la oposición con el Índice de Revalorización de las pensiones que sustituyó al IPC y las declaraciones del Gobierno sobre su disponibilidad a negociar sobre este indicador. Desde un punto de vista político y mediático, es muy dañino tener un titular cada año que dice que las pensiones se recortan. Parece que la medicina del ajuste se traga mejor si se hace sobre la primera pensión (un recorte que luego se consolida para el resto de la vida).
En resumen, el truco que no se cuenta es que el principal tijeretazo se hará sobre esa primera prestación y lo sufrirán los pensionistas que se jubilen a partir de 2028-2030. Es una triquiñuela porque es mucho más complicado que nos demos cuenta de sus efectos. Nadie se pone a hacer los cálculos: «Con las reglas vigentes en 2010, ¿qué pensión me tocaría? ¿Y con las reglas de 2028? ¿Cuánto he perdido respecto a lo que cobraría con la normativa vigente cuando empecé a trabajar?». Muy pocos se hacen estas preguntas. La mayoría de los pensionistas, cuando a los 67 les dicen cuál es su prestación, lo aceptan sin más.
Todo esto habría que explicarlo y no se hace. No es fácil y tiene un coste político. Pero habría que hacerlo. Porque es la razón por la que el sistema es «sostenible»: porque paga menos y durante menos tiempo a cambio de cotizaciones más elevadas durante más tiempo. Se usa el alargamiento de la esperanza de vida y la mejora en la salud que nos permite trabajar más allá de los 70 años para ocultar lo que no deja de ser un recorte. Sí, trabajaremos más porque viviremos más… pero también porque, con el actual diseño del sistema de pensiones, no nos queda más remedio.
