septiembre 20, 2023

¿A cuánto está el kilo de diputado?

Cristóbal Matarán

En el último lustro, y va para década, el movimiento más autoritario, contrario a la democracia liberal y a cualquier tipo de separación de poderes, haya resultado ser, tras la caída del 15-M, el proceso soberanista catalán. No fueron pocos los liberales catalanes que saludaron con esperanza este proceso con el fin de constituir en Cataluña un Estado independiente que resultara puntero en la aplicación de los principios de la economía de mercado. La Suiza del Mediterráneo. Esto es, una región que, desde la llegada del Estado Autonómico, no ha dejado de perder pujanza económica, sobre todo a favor de la Comunidad de Madrid, iba a encontrar un mejor camino de forma independiente.

La quimera liberal de Puigdemont, Torra, Rufián et al

Ya de inicio, este movimiento nacía viciado. Personajes que no resaltaban precisamente por su respeto a las sentencias judiciales, a la posibilidad de estudiar en español en los colegios, a las funciones del legislativo o una fiscalidad más moderada estaban llamadas, supuestamente, a construir una quimera liberal. Obviamente, suponer que Puigdemont, Torra, Rufián, Junqueras, Karmele o sor Lucía Caram iban a erigirse como paladines liberales resultaba un tanto chocante.

Pero la situación alcanzó su cénit cuando, en octubre de 2017, el presidente regional, Puigdemont, declaró unilateralmente la independencia durante siete segundos para inmediatamente echarse atrás, invocando una inexistente negociación con el Estado. No tenemos que suponer qué podría haber pasado, legislativamente hablando, ya que el propio gobierno catalán había redactado una denominada Ley de Transitoriedad. Una suerte de carta otorgada en el que la Administración catalana se iba a regir hasta la redacción de una constitución republicana para Cataluña.

Nada mejor para caerse del guindo que una lectura tranquila y sosegada de dicho documento. Por supuesto, la separación de poderes, la economía de mercado o los derechos individuales quedaban totalmente supeditados a la nueva Administración, la cual no tenía ninguna obligación temporal de redactar la supuesta nueva constitución, ni seguir ningún contenido o principios concretos en la misma.

Positivismo jurídico contra el Estado

Judicialmente, la situación se saldó con la fuga de Puigdemont y otros tres consejeros, mientras que el resto del gobierno catalán hubo de responder ante el Tribunal Supremo, siendo injustamente condenados a una pena por sedición de nueve años de prisión. Y decimos injustamente, porque una situación en la que una Administración intenta, por las bravas, suspender el orden legal, incluidos varios derechos fundamentales, no debería haberse saldado sino con una pena por rebelión. La Sala Segunda del Supremo se va a estar lamentando lo que les quede de vida.

Ya hemos tenido en la pasada legislatura una reforma del Código Penal a la carta para los independentistas. Primero, los consejeros, y algún diputado, huidos de la justicia, han visto cómo sus penas se reducían a meras multas. Por no hablar del indulto a todos los miembros del gobierno, los cuales nos han llegado a cumplir ni la mitad de la pena a la que habían sido condenados.

Al absolutismo español vía el liberalismo catalán

Ahora, tras las elecciones de julio de 2023, el sanchismo, que no es más que el socialismo, necesita como el comer el voto afirmativo de los siete diputados de Puigdemont en el Congreso para mantenerse en el poder. Lo normal, políticamente hablando, sería que estos diputados, por un mínimo de coherencia, no se presentasen a las sesiones del Congreso, a semejanza de lo que hacen los diputados del Sin Fèin en Westminster.

Sin embargo, tenemos una nueva muestra más del liberalismo imperante en el movimiento soberanista catalán. Para conseguir que España deje de ser un Estado opresor y fascista, la solución estriba en pasar por encima de los poderes judicial y legislativo a través de una amnistía. No vamos a entrar en materias jurídicas sobre si es constitucional o no, porque para eso está Conde-Pumpido. Nunca los siglos vieron personaje más obediente a su amo, para decidir esta cuestión.

El caso es que España dejará de ser una democracia con separación de poderes, con todos sus fallos y dificultades, para entregar todo el poder a Sánchez y, de esta forma, convertirse en un rey absoluto por encima del resto de poderes. Una forma estupenda de que el liberalismo catalán tenga su válvula de escape es convertir España en un absolutismo. La opresión española se va a reducir entregando todo el poder a un mismo sujeto. Lo que se dice dividir el poder estatal. Montesquieu ha muerto (para regocijo de Alfonso Guerra, que ahora va de digno).