Políticos, economistas y periodistas, entre otros, emplean ciertos términos —rey, imperio, soberanía, democracia, poder— para referirse a cuestiones económicas; sin embargo, como veremos: «El empleo de conceptos de tipo político resulta inadecuado para el estudio de los problemas económicos» (Mises, 2011: 950).
Reyes e imperios
A menudo, los multimillonarios y magnates son apodados «reyes» y sus corporaciones, «imperios». Sin embargo, el imperio de Gengis Kan en nada se parece al de Henry Ford o Amancio Ortega. Los conquistadores forjaron sus imperios asesinando, robando y sometiendo a los supervivientes. Los imperios industriales y comerciales se forjan satisfaciendo las necesidades de millones de consumidores. La diferencia es notable. Los empresarios de éxito, a diferencia de los reyes y emperadores, no ejercen poder alguno sobre los consumidores, no pueden obligarles a adquirir sus productos y servicios. En otras palabras: No hay tal cosa como «poder económico» o «poder de mercado». La política y la economía de mercado son instituciones de naturaleza distinta: La primera se sustenta en el poder y la fuerza; la segunda, «presupone la cooperación pacífica» (Mises, 2011: 969). Un imperio político se forja con la espada y un imperio económico, sirviendo cumplidamente los deseos de los consumidores. No obstante, hubo excepciones: la Compañía Británica de las Indias Orientales (1600 – 1874) ejercía poder con sus ejércitos privados.
Soberanía
Se trata de un concepto político, definido en 1576 por Juan Bodino (1997: 47): «Soberanía es el poder absoluto y perpetuo de una república». Decimos que un Estado es soberano cuando su poder —ejecutivo, legislativo y judicial— es la más alta instancia frente a los ciudadanos. No hay poder superior al soberano. La soberanía no emana de un mítico «pueblo» ni de una constitución. «La fuerza y la violencia han dado principio y origen a las repúblicas» (Bodino, 1997: 35). En la actualidad, los Estados ejercen su soberanía combinando «la coacción, el dinero y la propaganda» (Rallo, 2017). Los hablantes, sin embargo, hablan de soberanía y la adjetivan para referirse a cuestiones económicas.
Soberanía energética
Expresión utilizada por ecologistas, nacionalistas y otros enemigos de la «dependencia exterior», cuyo significado correcto sería «autosuficiencia» o «autarquía». Los actuales ecologistas estarían orgullosos de Franco: Entre 1940 y 1945, el General restringió el uso de carburantes líquidos y nació, en Barcelona, la empresa Vehículos Eléctricos Autarquía, S.A.; dedicada a la fabricación de camiones, furgonetas y autobuses eléctricos. La autarquía (como era de esperar), entre 1939 y 1959, provocó la miseria de los españoles. El progreso económico necesita la división (internacional) del trabajo y el libre comercio, sin embargo, se persiste en el error de la autosuficiencia: Véase el mito de convertir El Hierro en una isla 100% sostenible. El proyecto de Gorona del Viento ha costado 100 millones de euros (10.000€ por habitante). La nueva energía hidroeólica resulta cuatro veces más cara que la producida en la central térmica, cuya turbina diésel, por cierto, sigue encendida para evitar un cero energético. Nadie, en su sano juicio, costearía de su bolsillo semejante suma para presumir de ecologismo. Por su parte, el Cabildo de La Palma (Canarias) se ha embarcado en un proyecto similar —Manifiesto del Electrón—, cuyo «nuevo modelo energético» convertirá (supuestamente) a La Palma en un paraíso 100% sostenible. Nada de petróleo y gas. La isla del volcán debe ser autosuficiente con sus propias fuentes renovables: hidroeléctrica, termosolar, eólica, hidrógeno y geotérmica. Los políticos palmeros, que desean superar a sus vecinos, pretenden que incluso el transporte interior sea 100% ecológico. Todo ello se conseguirá con prohibiciones, restricciones, subsidios, nuevos impuestos (aduana, arbitrios), etc.; que empobrecerá aún más a los palmeros. Autarquía significa involución económica, descivilización y la vuelta al estado tribal; en efecto, las tribus pueden presumir de ser «sostenibles». La mal llamada «soberanía energética» no sólo es inmoral, sino detrimental.
Soberanía alimentaria
Como en el caso anterior, estamos ante la mezcla de dos siniestras ideologías: nacionalismo y ecologismo. Por el primero, se pretende fomentar la producción local de alimentos para combatir el fantasma de la «dependencia exterior». Es preciso impedir la entrada de alimentos foráneos para «proteger» a los agricultores nacionales, regionales o locales (según el discurso). Por el segundo, hay que evitar el transporte de alimentos para reducir las emisiones de CO2. Los apóstoles del «kilómetro cero» pretenden salvar el planeta fomentando la producción y consumo locales. Sobre todo, desean evitar la importación, sin reparar que, abolida ésta, la exportación también cesa. ¿Y qué sucedería si lleváramos el «km. 0» al sector servicios? El turismo, tal y como lo conocemos, desaparecería. Podríamos ver el mundo a pie o a lomos de semovientes, como hizo Camilo J. Cela (1948) en su Viaje a la Alcarria. Ejemplo de este nefasto Nacional Ecologismo es la moratoria turística: Según sus promotores, hay «demasiados» hoteles, habitantes o coches; como si la cantidad óptima les hubiera sido misteriosamente revelada. Y para sustentar sus tesis usan metáforas biológicas: Los hoteles «devoran» el territorio. Toda ensoñación autárquica acaba forzosamente en un régimen autoritario. Franco buscó la autarquía mediante el aislamiento comercial y Hitler mediante el Lebensraum: la apropiación de materias primas mediante la conquista militar de otros países.
Soberanía de consumidores y productores
Otra acepción de «soberanía» es la referida a la autonomía personal. Así, se dice que un consumidor es soberano cuando es libre de adquirir bienes o abstenerse de hacerlo. La «soberanía del consumidor» en modo alguno significa que el empresario deba plegarse a sus deseos porque «nadie es soberano respecto de los actos o intercambio de cualquier otro» (Rothbard, 2013: 130). Recientemente, se ha acusado injustamente a los bancos de «maltratar a las personas mayores». Analicemos la polémica. Los bancos abaratan costes cuando los clientes realizan, por sí mismos, operaciones rutinarias (pagos, retiradas de efectivo); por su parte, las personas mayores, sea por incapacidad, seguridad o comodidad; solicitan una atención personal. ¿Acaso es maltrato cobrar por algo que los clientes no pueden o no quieren hacer? Cobrar comisiones por determinados servicios personales es legítimo, además observable en otros negocios —despachos profesionales, seguros, gasolineras, restauración, servicios low cost y que operan por Internet, etc.— Todos ellos reducen costes y precios cuando trasladan ciertas tareas a sus clientes. Incluso los ayuntamientos ofrecen descuentos en los tributos para desincentivar los pagos en ventanilla.
El sindicalismo cae en el mismo error al pensar que gremios y corporaciones pueden ordenar la producción de forma soberana, tal y como decía el matrimonio británico Webb: «El derecho de autodeterminación para cada profesión» (Mises, 2011: 965). En el mercado, todas las decisiones relativas a una industria —tipo de bien, cantidades, calidades, salarios, duración de la jornada, turnos, etc.— vienen condicionadas por las preferencias de los consumidores y no es posible desatenderlas sin sufrir la sanción del mercado.
Democracia
Con frecuencia, se emplea (incorrectamente) el verbo «democratizar» en lugar de «popularizar»; por ejemplo, democratizar la ópera o el caviar significa hacerlos accesibles al gran público. ¿Es esto posible? En un mercado no interferido, las innovaciones tecnológicas pueden aumentar la oferta de ciertos bienes; por ejemplo, la ópera puede disfrutarse sin límite a través de TV o Internet; y la cría del esturión en viveros aumenta la producción de caviar. Los sucedáneos, por otro lado, palían la inevitable escasez de ciertos bienes, como la bisutería respecto de las piedras preciosas.
Lamentablemente, en ocasiones, la «democratización» de un bien es ideológica —igualitarismo— y su abaratamiento se produce mediante la confiscación y los subsidios. Paradójicamente, si el gobierno subsidia la ópera, el caviar o cualquier artículo de lujo, las clases bajas y medias financian fiscalmente el consumo de las élites, pues la mayoría de consumidores sigue prefiriendo ir al fútbol y comer pizza. El gobierno no puede aumentar la oferta de un bien sin reducir concomitantemente la del resto de bienes, que son más deseados por los consumidores. Esta transferencia coactiva del capital beneficia a unos pocos a expensas del resto de la sociedad. Si el gobierno desea popularizar el consumo de bienes exclusivos lo mejor que puede hacer es eliminar el impuesto de lujo.
También se oye decir que el mercado es una «democracia de consumidores», pero los consumidores no votan para decidir lo que luego deben consumir todos forzosamente. El mercado, en todo caso, es una acracia: una anarquía de productores y consumidores donde cada cuál produce y consume lo que cree mejor para alcanzar sus fines.
Serie ‘El lenguaje económico’
(VII) La falacia de la inversión pública
Bibliografía
Bodino, J. (1997) [1576]. Los Seis Libros de la República. Madrid: Tecnos.
Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.
Rallo, J. R. (2017): «Cómo Rajoy pretende someter al independentismo». Recuperado de https://blogs.elconfidencial.com/economia/laissez-faire/2017-10-23/
Rothbard, M. (2013). El Hombre, la Economía y el Estado (vol. II). Madrid: Unión Editorial.
1 Comentario
Muy interesante y clarificador.