noviembre 1, 2023

El lenguaje económico (XXXIII): lo social (I)

José Hernández Cabrera

Teniente Coronel del Ejército (reserva). Ha participado en misiones de pacificación (Centroamérica, Bosnia y Herzegovina, y Kosovo). Ha realizado estudios en EE.UU. e Italia. En el ámbito civil es doctor en Economía por la URJC y miembro de los institutos Juan de Mariana y Mises.

Muy probablemente, de todos los términos analizados hasta la fecha, el más pervertido sea «social». Actualmente, todo concepto —ayuda, bono, cohesión, comedor, demanda, derecho, diálogo, doctrina (Iglesia católica), economía, escudo, estado, función, gasto, institución, justicia, política, paz, presupuesto, responsabilidad corporativa, salario, seguridad, utilidad, vivienda, etc.— acuñado «social» adquiere automáticamente un estatus político y ético incuestionable. Hoy criticaremos el adjetivo más confuso del último siglo (Hayek, 2015: 188):

Aun cuando sea tan equívoco el sustantivo «sociedad», mucho más lo es el adjetivo «social», que probablemente se ha convertido en la principal fuente de confusión de nuestro vocabulario moral y político. La extensión de tal proceso ha tenido lugar a lo largo de los últimos cien años, periodo durante el cual, a partir de la Alemania de Bismarck, su poderosa influencia ha alcanzado a todas las regiones del orbe.

Los grupos de interés

Según el diccionario de la R.A.E., «social» es aquello «perteneciente o relativo a la sociedad» o a una «compañía» (sociedad mercantil). Este adjetivo puede emplearse de forma meramente descriptiva, es decir, cuando su significado es neutro y no infiere una connotación moral; por ejemplo: capital social, ciencia social, club social, domicilio social, graduado social, realidad social, red social, trabajador social, etc. En el segundo caso, el adjetivo confiere al sustantivo que le precede un halo de bondad y justicia.

Numerosas demandas ilegítimas son calificadas «sociales» para que sean respaldadas por la opinión pública y, pari passu, por las autoridades políticas. De ahí su empleo extensivo para legitimar cualquier pretensión por parte de grupos organizados. Lo «social», con frecuencia, se asocia a personas con bajos ingresos o con necesidades básicas no cubiertas; por ejemplo: comedor social, guardería social, salario social, etc. Otras veces, el adjetivo se añade a sustantivos —ayuda, rescate, responsabilidad, valor— que connotan positividad de tal forma que el tándem resulta irresistible.

«Debería tacharse de antisocial»

¿Puede haber alguien en contra de la «cohesión social»? La Universidad de Málaga concede «Becas de Comedor de Cohesión Social» y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene un «Área de Gobierno de Cohesión Social e Igualdad». En definitiva, para que una idea, proyecto o medida tenga una acogida favorable, deberemos afirmar que es «social» y que su implantación mejorará la sociedad.

Por desgracia, detrás de lo «social», se esconden pretensiones espurias de minorías organizadas o “rent seekers”[1] que buscan apropiarse de fondos públicos o que se promulgue una legislación ad hoc que favorezca sus intereses. Decía Hayek (2015: 193): «Lo ‘social’ debería más bien tacharse de antisocial». Si la sociedad es el conjunto de «todos» los individuos, lo único genuinamente social es aquello que siendo bueno para algunos no perjudica a nadie. Robar a unos para entregárselo a otros —da igual quien lo haga— es antisocial porque destruye los principios de libertad y propiedad privada que caracterizan un orden justo.

Ayuda social

El fin no justifica los medios. Una ayuda solo es lícita en ausencia de violencia. La ayuda genuina se realiza voluntariamente y con medios propios: servicios, productos, fondos, etc. Solo las organizaciones —religiosas, filantrópicas, mutualidades, fundaciones— que utilizan fondos privados y los particulares que hacen donativos son benefactores sociales genuinos. Tanto el donante como el receptor han mejorado su situación (utilidad psicológica y material, respectivamente) y ningún tercero ha sido perjudicado. Solo aquí podemos afirmar que la «sociedad» ha mejorado.

Así mismo, toda actividad económica (que no implique robo o fraude) es social porque beneficia a quienes intercambian sin perjudicar a nadie. En cambio, las ayudas otorgadas por el gobierno son antisociales porque benefician a unos a expensas de otros. Por ejemplo, una beca privada es social y otra pública es antisocial. Lo que llamamos «dinero público» es en realidad «dinero confiscado al público».

El dinero público nunca es de «todos». Antes de ser confiscado, pertenecía a específicos individuos, después pasa a manos del Estado y finalmente termina en los bolsillos de los receptores de la «ayuda». «Estado social» es un oxímoron porque su actuación origina dos clases socialmente antagónicas: los consumidores y los proveedores netos de impuestos (Calhoun, 1953).

Demanda y utilidad sociales

Eminentes economistas afirman que el Estado asume «proyectos socialmente útiles, como la exploración espacial o la investigación científica» (Samuelson y Nordhaus, 2006: 34). La «utilidad social» es una falacia colectivista que sirve principalmente a los fines del intervencionismo. En primer lugar, la utilidad es un fenómeno psicológico y subjetivo que no admite manejos aritméticos. Hayek (2014: 277) critica que los servicios tengan valor para la sociedad:

Aunque los economistas emplean a veces alegremente el concepto de «valor para la sociedad», se trata de un concepto que no existe en absoluto, y la expresión implica el mismo tipo de antropomorfismo o personificación de la sociedad que hallamos en la expresión «justicia social». Los servicios sólo pueden tener valor para unas personas en particular (o una organización), y todo servicio específico tendrá valores muy distintos para los diversos miembros de la misma sociedad.

¿Y cómo saber lo que demanda cada miembro de la sociedad? El mercado nos lo dice, a través del sistema de precios (no interferidos), que indica al empresario la cantidad y calidad de bienes que debe producir. La fidedigna «demanda» social es la expresada libremente por los individuos en un mercado libre. Según Mises (2011: 233): «La relación de intercambio es la relación social por excelencia». Si los consumidores, en su caso, no están dispuestos a financiar la exploración espacial porque tienen otras prioridades, el gobierno debería abstenerse de alterar violentamente sus preferencias. En un artículo anterior ya tratamos la falacia de la «inversión» pública.