El «escudo social» es la legislación que ayuda económicamente a determinadas personas en dificultades coyunturales o en situación de pobreza. Siendo el fin loable, estamos ante un conjunto de medidas inmorales y lesivas del Derecho; por ejemplo, la suspensión de desahucios y lanzamientos o la prohibición de cortes por impago de ciertos suministros (agua, energía).
El «escudo social» es el mundo al revés: presenta al deudor como ser agredido por alguna fuerza misteriosa (inflación, guerra en Ucrania, avaricia) y al acreedor como su responsable económico. El gobierno «ayuda» al primero a expensas del segundo al más puro estilo marxista: «De cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades». Se trata de un «escudo» perverso que erosiona los pilares del orden social y crea incentivos para incumplir los contratos.
Función social de la propiedad
El derecho de propiedad está limitado por su función social (CE, art. 33). ¿Y qué se entiende por función social? Depende. Cuando se apela a la «utilidad pública» significa que el interés de muchos individuos prevalece sobre el interés de uno solo. Por ejemplo, es legal y se admite generalmente como justo, derribar la casa de una persona para construir un puente y facilitar así que otras –digamos 1.000 personas— lleguen a su destino un minuto antes. Según esta aritmética utilitarista, la suma de 1.000 pequeñas utilidades justifica una gran desutilidad.
Otras veces, la función social se interpreta de forma cualitativa. Por ejemplo, la intervención del mercado inmobiliario, con frecuencia, vulnera los derechos del arrendador en favor del «débil e indefenso» arrendatario. Y las leyes de género violan los derechos de propiedad de los empresarios estableciendo cuotas y otras servidumbres en favor de las mujeres. La autoridad política, en cada momento, determina discrecionalmente si algo tiene o no, y en qué medida, una función social, quedando el individuo convertido en un animal de sacrificio ante un moderno dios denominado «mayoría» o «sociedad».
Presupuesto social
Algunos gobiernos se jactan de haber aprobado un presupuesto «muy social». Significa esto que aumentan las partidas denominadas sociales: pensiones no contributivas, vivienda pública, becas, guarderías, dependencia, sanidad, etc.; y disminuyen otras: obras públicas, investigación, defensa, seguridad, justicia, etc. Llamar social a un determinado gasto público resulta confuso. Si lo social es lo relativo a la sociedad, la mejora del sistema judicial, por ejemplo, sería un gasto muy social porque afecta a la sociedad en su conjunto. En el fondo, un mayor presupuesto social significa más dinero para ayudas directas cuyo fin es la captura de votos.
Desde una óptica económica, el presupuesto más social es el más exiguo de todos porque sería fruto de la menor confiscación. El (mal) llamado presupuesto social es antisocial porque destruye el orden espontáneo basado en la libertad y el respeto a la propiedad. Como dice el profesor Huerta de Soto (2004: 192): «el Estado social se ha convertido en el verdadero y más peligroso ‘opio del pueblo’ de nuestro siglo».
Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
La RSC considera que las empresas tienen una serie de deberes morales respecto a sus accionistas, trabajadores, consumidores, medio ambiente, etc. Actuar moralmente es una cuestión de la máxima importancia; sin embargo, solo unas pocas normas morales —no matarás, no robarás, no mentirás— gozan de validez universal, el resto está sujeto a controversia. Por ejemplo, alguien podría tachar de inmorales a los productores y comercializadores de ciertos productos —armas, alcohol, tabaco— o ciertos servicios —casas de apuestas, prostíbulos— porque tienen un impacto social negativo. El empresario, por lo general, satisface los deseos de los consumidores sin inmiscuirse en cuestiones morales, filosóficas o ideológicas.
Otras veces, la RSC considera que las empresas, por el hecho de haber obtenido beneficios, están en «deuda» con la «sociedad» y que deben, de alguna forma, saldarla creando fundaciones filantrópicas. Esta deuda es falsa, pero muchos empresarios han interiorizado ese espurio «pecado original» llamado lucro. Las empresas no tienen obligación moral de sufragar, por ejemplo, comidas de empresa o cestas de Navidad, aunque existen sentencias judiciales que han considerado estas últimas como parte del paquete retributivo y, por tanto, un derecho de los empleados.[1]
Paradójicamente, es la obtención de beneficios el mejor indicador de que la empresa ya ha servido puntualmente a la sociedad, ofreciendo a sus clientes bienes mejores y más baratos. Las empresas no deben nada a nadie y mucho menos a ese Moloch llamado sociedad. Lo exigible ya está recogido en el código civil sin que sea preciso crear obligaciones espurias. Por supuesto, cualquier consideración subjetiva acerca de prácticas corporativas inadecuadas se sanciona automáticamente con la abstención del consumidor o incluso con el boicot.[2]
Seguridad Social (SS)
El profesor Bastos (2016) afirma que las cotizaciones a la SS constituye un impuesto al trabajo y no son, en modo alguno, un sistema de previsión social: «Los ingresos recaudados por el sistema de SS no se guardan en ninguna parte, de la misma manera que ocurre con cualquier otro impuesto, se ingresan como una partida más en los presupuestos generales del Estado y son gastados de forma indistinta de las demás partidas». La «Hucha» de las pensiones es otra mala metáfora porque no existe ahorro.
El profesor Huerta de Soto (2010: 45-63), por su parte, realiza una exhaustiva crítica a la SS. Técnicamente, el sistema financiero de reparto disminuye el ahorro global de cada país. Las cotizaciones que aportan las empresas al sistema son pagadas, en última instancia, por los propios trabajadores. Actuarialmente, el envejecimiento de la población impone una creciente carga fiscal a la población activa. No puede haber «solidaridad intergeneracional» cuando el sistema (de reparto) es coactivo y lo que provoca, en realidad, es un conflicto intergeneracional. Por último, la SS pretende a la vez ejercer funciones de «seguro» y de «asistencia social», que son incompatibles entre sí.
Desde el punto de vista ético, el sistema de reparto es perverso: el Estado tutela al individuo como si fuera un menor de edad, irresponsable e imprevisor. Según esta lógica, dice el profesor Benegas (h), el Estado debería poner un policía detrás de cada persona para asegurar que no se gaste la pensión el primer día de cobro. Cada individuo, en función de su preferencia temporal, debe ser libre para distribuir su ingreso entre gasto, ahorro e inversión y, en su caso, sufrir las consecuencias de su falta de previsión.
Bibliografía
Bastos, M. (2016). «Las pensiones españolas no son sostenibles y son un esquema
de Ponzi». www.juandemariana.org/ijmactualidad /analisisdiario/las-pensiones-espanoles-son-sostenibles-y-no-son-un-esquema -de-ponzi>
Benegas, A. (2014). «El rol de la desigualdad de ingresos y patrimonios». www.youtube.com/watch?v=ZZ-mfv9-Ohs&t=833s>.
Constitución española, 1978.
Huerta de Soto, J. (2004). Nuevos estudios de economía política. Madrid: Unión Editorial.
Huerta de Soto, J. (2010). Lecturas de economía política (III). Madrid: Unión Editorial.
[1] Tribunal Supremo. Sala de lo Social. Sentencia núm. 791/2019.
[2] Recordemos el fiasco de Gillette cuando lanzó, en 2019, un polémico anuncio condenando la «masculinidad tóxica». El intento de ganar clientes alineándose con el feminismo supuso para Gillette, solo en el segundo trimestre de 2019, pérdidas de 5.240 millones de dólares.
Serie ‘El lenguaje económico’
(XXVIII) Dad al César lo que es del César
(XXIII) Los fenómenos naturales
2 Comentarios
Excelente. Leer tus artículos es un ejercicio de reflexión.
Muy claro y fundamentado todo lo que dice.
Cuando los regímenes son realmente democráticos no hay nada que temer de la gestión de gobierno.
Cuando lo son de boquilla y lo que realmente buscan es su interés particular y no el bien común, sucede lo que estamos viendo en España en los últimos años.
Una auténtica desgracia!